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DOCUMENTO DE ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y SINDICAL DE LA FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA

En diciembre de 2015, con la instalación del gobierno de Mauricio Macri, se inició un proceso de ajuste y reformas estructurales de neto corte neoliberal.

La nueva orientación coincidió con un cambio de signo de los gobiernos de la región latinoamericana (Chile y Brasil, especialmente) y una renovada ofensiva por la hegemonía de las políticas de libremercado, y, en paralelo, una reformulación de la globalización propiciada desde los Estados Unidos de América por la administración de Donald Trump.

El modelo de Macri

En ese marco, el modelo económico neoliberal de Mauricio Macri se apoyó en un fuerte endeudamiento externo, y muy pronto encontró sus límites. Con una balanza comercial crecientemente deficitaria y una economía con carencia de divisas, una modificación de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, indujo la retracción del crédito internacional privado y el retiro de los capitales especulativos, puso en cuestión el esquema inicial del gobierno nacional.

Así, en apenas dos años de mandato, una nueva y feroz crisis se desató sobre los trabajadores y el pueblo argentino. Las políticas de ajuste y las reformas estructurales de sesgo neoliberal extremo implementadas por el gobierno nacional, con la complicidad de gobernadores de diverso signo político y una parte de la oposición que se pliega a la llamada “gobernabilidad”, han generado un profundo retroceso en el poder adquisitivo de los salarios, pérdida de derechos laborales y previsionales, mayor precariedad en los sistemas de salud y educación, agravamiento en las condiciones de vivienda, achicamiento del mercado interno, desmantelamiento del aparato productivo local y mayor pobreza y marginalidad en general.

La crisis cambiaria, que aún no termina, está sirviendo como pretexto más para agudizar el ajuste y la reversión estructural a fin de seguir garantizado un esquema distributivo injusto, a favor de las grandes corporaciones monopólicas y multinacionales.

La cotización del dólar se acerca a 30 pesos por cada unidad de la moneda estadounidense, lo que repercute en la suba de precios, afectando el consumo popular y el proceso de producción. Encima nadie sabe a cuánto llegará el dólar en el corto plazo. La devaluación era y es demandada por el sector beneficiado por el alza de la divisa, principalmente grandes exportadores, sectores asociados al turismo externo receptor y especuladores.

Inflación, recesión y desocupación

El precio del dólar se traslada en buena medida a los precios del conjunto de la economía y eso se refleja en la vida cotidiana de las familias de menores ingresos, trabajadoras y trabajadores. La inflación del mes de junio es la mayor del año, alcanzando según el Indec al 3,7, con una proyección anual superior al 30%.

Por la suba de precios y la baja relativa de los ingresos existen señales de caída de la actividad económica que se manifiestan en datos concretos, tal como señala el INDEC. En abril del 2018 hay una caída de la actividad económica del 0,9% respecto al mismo mes de 2017, con especial impacto en el sector primario, que hasta ahora explicaba las mejoras económicas durante el gobierno Macri. No solo el agro, ya que la “actividad de la industria manufacturera de mayo de 2018 presenta una baja de 1,2% respecto al mismo mes del año 2017” dice el INDEC, con especial impacto en el sector químico, textil y petrolero.

Todo se manifiesta en el crecimiento de la desocupación, del 9,1% hacia marzo 2018, especialmente en los principales centros urbanos y de concentración de trabajadoras y trabajadores, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Son preocupantes los datos del crecimiento de la irregularidad en el empleo, del orden del 35% y de los ocupados y sub-ocupados demandantes de empleo, lo que generaliza problemas laborales objetivos en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. El empleo privado formal presentó una reducción de 0,2% en mayo de 2018 con respecto a abril.

Hay quienes dicen que el acuerdo con el FMI traerá ajuste (dicho en futuro), y lo que ocurre (en el presente) es el ajuste más allá de políticas explícitas de recorte de gasto público o despidos de personal del Estado, caso emblemático de TELAM.
Con la suba del dólar suben los precios y cae el consumo popular, que gasta ingresos escasos en productos de la canasta básica, especialmente alimentos y servicios públicos privatizados y con tarifas en alza. Aun cuando señalan que se morigera la suba de tarifas, aumentan los combustibles y la ronda de ascenso de precios no tiene fin.

Resistencia y oposición

Solo el conflicto social sindical genera expectativa de recuperación de ingresos perdidos por negociaciones colectivas amañadas y con techo, que solo se mueve en tanto la protesta traspasa el interés corporativo y se asume por el conjunto de la sociedad.

El descontento social se manifiesta en conflicto, recientemente los paros del 14/6 y del 25/6, que avanzan en organización del descontento, o en las protestas de Chubut y variados territorios o de sectores que demandan por sus reivindicaciones. Esos son datos alentadores. Porque el único límite al ajuste es y será la resistencia de los ajustados; en primer lugar la de los trabajadores, a través de sus organizaciones representativas, sindicales y políticas.

Pero el gobierno nacional, como lo demuestra lo actuado hasta el momento, tiene preparada la respuesta para todo atisbo de ponerle límites a sus políticas regresivas: la represión. Y, para ello, utiliza herramientas tradicionales, como la criminalización de la protesta y las leyes “antiterroristas”, y prepara otras nuevas, como la reforma de la ley de Defensa, para que las Fuerzas Armadas intervengan directamente en los conflictos internos.

A despecho de algunos analistas superficiales que creyeron ver en el macrismo una derecha democrática, por el solo hecho de haber llegado al poder por la vía electoral, la esencia de las políticas de derecha, como fue siempre, históricamente en la Argentina, conlleva la necesidad de restringir y hasta anular la participación popular y la capacidad de decidir de las grandes mayorías, así como limitar hasta anular los derechos de las minorías, cuando se trata de desposeídos u otros sectores que afectan los intereses del privilegio.

De ese modo, la derecha macrista practica la represión y la incrementa, sino que constituye una amenaza contra las instituciones constitucionales y democráticas, como lo demostró desde un primer momento cuando intentó meter por la ventana a miembros de la Corte, que finalmente ingresaron con la complicidad de algunos sectores que dicen representar a la oposición, pero que lo único que hicieron fue ayudar a la llamada “gobernabilidad”.

El caso de Brasil, con el golpe pergeñado contra el gobierno de Dilma Russef no es una particularidad del país hermano, sino una demostración de cómo puede anularse la Constitución y la Democracia, simulando el ejercicio de la Constitución y la Democracia.

Crisis judicial

En ese sentido, los planes oficiales sobre el sistema judicial han cumplido y cumplen un papel fundamental en la defensa de los intereses del privilegio y, en paralelo, para el disciplinamiento y la represión de los ajustados.

Desde el primer momento de su instalación, el gobierno anunció un plan de reforma judicial, bautizado Justicia 20202, que partió del diagnóstico de siembre, acerca de la ineficacia, la lentitud y la falta de transparencia.

En ese marco el gobierno nacional había lanzado una serie de proyectos de ley que iban desde la modificación del sistema penal, pasando por cambios en el ministerio público, el consejo de la magistratura federal, el traslado de los tribunales laborales de la nación a la ciudad autónoma de Buenos Aires, entre otras cuestiones.

También se hizo pública la intención oficial de introducir modificaciones en el régimen laboral, referido tanto a la forma de organizar, asignar y distribuir las tareas al interior del sistema, cuanto al régimen de licencias y el horario de trabajo. Al respecto, se hizo clara la voluntad de avanzar en estos cambios fuera de cualquier marco paritario e incluso al margen de todo diálogo con los trabajadores del sector.

Tras el discurso reformista, sin embargo, lo que realmente predominó fueron los cambios en la composición de la magistratura y en los ministerios públicos para subordinarlos a los dictados oficiales. Muy pronto la pretendida transformación estructural reveló una intención mucho menos ambiciosa, limitada a la utilización de los tribunales en la lucha de poder por la hegemonía política y el disciplinamiento social de la protesta.

De este modo, más allá de algunos traspiés oficiales en la materia, la crisis del sistema judicial se ha acentuado. Pocas veces en la historia se vio la clara dependencia de los tribunales respecto de los mandatos del Poder Ejecutivo Nacional. Además de la utilización del sistema judicial para dirimir la disputas partidarias y de poder (los llamados procesos anticorrupción, la intervención del partido justicialista) , se mantuvo la tendencia a la decadencia del fuero laboral, la modificación regresiva de la jurisprudencia relativa a los derechos del trabajo, la obstrucción y la lentificación de los juicios por violaciones a los derechos humanos tanto del pasado reciente cuanto de los cometidos durante este mismo gobierno (como en el caso Maldonado y el asesinado de Nahuel), profundización de la brecha entre el sistema judicial y los sectores populares más empobrecidos, etc.

La respuesta de los trabajadores y el pueblo

Con un retraso en la constitución de alternativas sociales, sindicales y políticas, los trabajadores y el pueblo van encontrando poco a poco los caminos para enfrentar al macrismo. Ese camino, a la vez, no debería descuidar el enfrentamiento a las otras formaciones neoliberables, que se prepara para sustituir al actual gobierno en caso de que, finalmente, sea derrotado.

Desde un principio surgieron iniciativas, movilizaciones y paros para frenar el ajuste y las reformas estructurales. Hacer un raconto de todas sería demasiado extenso. Pero es indudable que a partir de diciembre de 2017 se produce un salto de calidad en la resistencia, cuando los trabajadores y el pueblo enfrentaron la reforma jubilatoria.

La Federación Judicial estuvo presente en ese hito, así como posteriormente lo estuvo sumándose a las medidas de fuerza lanzada por diversas centrales.
En ese sentido, la FJA ha impulsado una política de unidad de los que luchan contra el ajuste y las reformas neoliberales y ha insistido en la necesidad de gestar una más sólida y amplia unidad, que no solo sea resistencia sino alternativa popular de poder.

En el plano sindical seguimos reivindicando las banderas históricas que llevaron, bajo el menemismo, a la creación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en tanto encarnó un nuevo modelo sindical basado en la democracia interna, la defensa irrestricta de los intereses de clases, la independencia en relación al poder político, los intereses económicos del privilegio, los partidos políticos.

Una central que, además, contemplara e incorporara en su seno a todos los movimientos sociales, como los piqueteros, los sin tierra, los inquilinos, los feministas y tantos otros que, al igual que los sectores más tradicionales de los trabajadores, no solo resisten las política neoliberales, sino que apuntan a una sociedad verdaderamente soberana, basada en la justicia social, integrada regionalmente en la Patria Grande, enfrentada a la globalización imperial, antimilitarista y verdaderamente pacífica.

Un sistema judicial democrático y popular

El sistema judicial está vinculado directamente con el modelo de sociedad en el que se inscribe. En ese sentido, los trabajadores judiciales hemos luchado permanentemente por un tipo de sistema judicial democrático, participativo, popular.

Es imposible luchar por el cambio social si se desatiende esta cuestión. La idea rectora debe ser la de un modelo que conciba a la justicia como un derecho y no como un servicio, que sea garante de los derechos constitucionales y legales en general y no respaldo de los privilegios y del poder.

Por ello, hemos impulsado diversas medidas relativas a la forma de designación y remoción de los jueces, a la democratización de los consejos de la magistratura con participación popular y de los trabajadores judiciales, a la formación de los abogados y los magistrados, a los principios éticos y jurídicos que deben atenerse todos los integrantes del sistema judicial, a la protección de los fueros que deben garantizar los derechos de los trabajadores y el pueblo en general, a la consolidación y extensión de los fueros que deben proteger a las minorías, a la dinamización de las causas y la modernización de las tecnologías, a la democratización de las relaciones laborales en el interior del sistema judicial –empezando por asegurar la negociación colectiva y la consagración de convenios colectivos por jurisdicción y a nivel de todo el país-, en consonancia con los principios constitucionales y con la resolución 2881 del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

Objetivos, tareas y plan de lucha

En ese sentido, parece suficientemente claro que, a la par de lograr mejoras en las condiciones de trabajo y empleo, especialmente en la recuperación de nuestro salario, debemos avanzar en la conquista de la negociación colectiva y un convenio colectivo. Por esa razón concentraremos esfuerzos en la sanción de la ley de negociación colectiva presentado por la FJA ante el Congreso Nacional, a la par de procurar leyes provinciales en aquellos lugares donde todavía no existen.

Asimismo, pondremos nuestros esfuerzos en impulsar una verdadera reforma judicial, que esté en consonancia con un modelo de sociedad democrática, independiente, justa, libre, equitativa, pacífica y soberana, integrada regionalmente en el anhelado objetivo de la Patria Grande.

Para los trabajadores judiciales el desafío de la hora que trabajar por la unidad de los distintos sectores sociales afectados por el modelo vigente a través de la resistencia en Unidad de acción, a la par de avanzar en la construcción de una Central de Trabajadores inspirada en los principios fundacionales y el modelo de la CTA que contribuimos a construir a fines del siglo pasado y que, lamentamos, concluyó en una profunda crisis, precisamente, por el abandono de esos principios y ese modelo.

Por último, paralelamente a las alternativas gremiales, se debe ir generando una alternativa política que permita revertir este negativo proceso económico y social que contemple nuestros intereses de clase y no quedar relegados a la simple condición de acompañantes de propuestas políticas particularmente electoralistas que no nos representan.

Buenos Aires, agosto de 2018

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Fecha: 7 de agosto de 2018 a las 20:16

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