En línea con la depreciación del salario real y la esterilización de la negociación colectiva, con la complicidad de sectores de la burocracia sindical y el respaldo de la derecha más recalcitrante de las fuerzas políticas y los medios de comunicación, dicho Protocolo pretende frenar la resistencia popular, que legítimamente recurre al derecho de peticionar y expresarse libremente en el espacio público, tal como lo garantiza la Constitución Nacional.
La pretensión de desalojar de las calles y plazas las manifestaciones populares no solo vulnera la tradición jurídica democrática, sino también la tradición popular que forma parte de la mejor cultura política de nuestro país.
Partidos y movimientos políticos como el radicalismo y el peronismo tuvieron momentos fundantes en la movilización popular y la recuperación y la consolidación democrática, desde las Madres de Plaza de Mayo hasta las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001, se canalizó a través del espacio público, en un permanente ejercicio de aquel grito de “el pueblo quiere saber de qué se trata”, que dio origen a nuestra Patria un mes de mayo de 1810.
En todo caso, los grandes perjuicios a la democracia y al pueblo jamás partieron del ejercicio de la libertad de expresarse y manifestarse públicamente sino de la intención de reprimirlos. Así lo dice nuestra historia reciente y no tan reciente.
En consecuencia, exigimos la inmediata revocación del mencionado Protocolo represivo y, desde ya, hacemos políticamente responsable al gobierno nacional, y personalmente responsables a la Ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, y al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por el eventual uso de la violencia por parte de las policías u otros organismos como la Gendarmería Nacional.
HUGO BLASCO
Secretario General