El martes 25 de octubre en la sede de APSEE (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía) se realizó una conferencia de prensa con la participación de más de 30 sindicatos de diferentes actividades y de todas las centrales obreras. Se estableció una mesa permanente para elaborar estrategias en común y se elaboró una carta dirigida al Ministerio de Economía para que revea la situación.
Representantes de lxs trabajadores del sector energético, telecomunicaciones, ferroviarios, aeronáuticos, bancarios, periodismo, entre otros, desarrollaron una conferencia de prensa donde se denunció la situación de los salarios a partir del mal llamado Impuesto a las Ganancias. participó una delegación integrada por los compañeros Jorge Sotelo, Sec. de Finanzas y Daniel Pérez Guillén, Sec. de Estadísticas de la FJA, quienes venían participando de la mesa intersindical, junto a otrxs compañerxs de Nación, CABA y PBA. María Inés Giménez, Secretaria Adjunta de la Asociación Judicial Bonaerense, relató la situación de lxs Judiciales de todo el país, especialmente de los y las jubiladas, que luego de pagar el impuesto en período de actividad, vuelven a hacerlo con los haberes jubilatorios.
Lxs judiciales llevaron adelante un plan de lucha a partir del texto de presupuesto para el 2023 que se votó esta madrugada en el Congreso. Allí se prevía la extensión del impuesto a las ganancias a todos los estratos del Poder Judicial, pero finalmente ese artículo fue rechazado.
Guadalupe Santana, Secretaria de Capacitación de la FJA, leyó el documento firmado por las organizaciones convocantes y se refirió al paro de 24 horas decretado en el marco de ese plan de lucha en todo el país: “Este impuesto implicaría una reducción de nuestros salarios en un 30 o 35%, que en este contexto de inflación galopante es altamente regresivo. Les trabajadores no tenemos ganancias, las generamos con nuestro trabajo, y porcentualmente pagamos más que el sector empleador”.
“El impuesto se aplica sobre el sueldo bruto a partir de los $330.000, sin embargo con este impuesto, sumado a los descuentos jubilatorios y de la Obra social, entre otros, de bolsillo un empleadx judicial terminaría cobrando la mitad de esa cifra”, agregó Guadalupe.
La reforma que proponía incluir al Poder Judicial dentro del impuesto no distinguía entre lxs empleadxs judiciales y los magistrados, quienes perciben una retribución cercana al $1.000.000 mensuales de piso.
“Este conjunto de sindicatos tomó la determinación de ingresar en sesión permanente, sumar a los gremios que se sientan convocados por esta situación injusta, tomar contacto con legisladores y funcionarios para discutir soluciones eficaces y discutir un camino de acciones comunes.”, cierra el comunicado leído durante la conferencia.