El salario de los trabajadores y trabajadoras judiciales se vio gravemente deteriorado en los últimos años. Uno de los factores determinante de este menoscabo es el virulento proceso inflacionario que redujo aceleradamente el poder adquisitivo de nuestros ingresos. Mientras que otros sectores laborales formales consiguieron cierta recomposición gracias a la lucha y la negociación colectiva, los y las judiciales, a pesar de nuestra movilización y reclamos, no lo conseguimos en igual medida de forma homogénea en todo el país, fundamentalmente porque, en la mayoría de los casos, en los poderes judiciales de las provincias como en el de la Nación, nos es negado el derecho a las paritarias y dependemos casi exclusivamente de la voluntad (o la falta de ella) de las patronales.
Nos encontramos en medio de una campaña electoral en la que proliferan discursos anti-derechos, contrarios a las políticas redistributivas y propiciadores de ajustes bajo la amenaza de reprimir cualquier intento de defender nuestras conquistas. Es decir, promesas de un retorno al más feroz neoliberalismo que ya experimentamos bajo la última dictadura y el ‘menemato’ de los 90’s y que eclosionaron con la crisis del 2001, o, más recientemente, que vivimos durante el gobierno de Macri.
Así, hemos escuchado candidatxs a presidentx y a otros cargos ejecutivos y legislativos hablar contra derechos constitucionales básicos, conquistas históricas del movimiento obrero como el aguinaldo, las vacaciones pagas, la estabilidad del empleo público, las indemnizaciones por despido, la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y de un sistema jubilatorio solidario. Es decir: vienen por nosotros y nosotras, lxs trabajadores y trabajadoras. Esta es la gravedad de la coyuntura y lo que se decide en los próximos comicios.
Nos urge pues no solo rebatir esos eslóganes antidemocráticos y reaccionarios, sino también reclamar por la inmediata recomposición de nuestros salarios en el marco de negociaciones paritarias a lo largo y ancho del país, única garantía para recuperar lo perdido y resistir la ofensiva de las derechas. Luchamos por un salario mínimo y vital para todxs los y las judiciales del país, que garantice el principio de a igual tarea igual salario. Luchamos por condiciones de trabajo y empleo dignas, garantizadas por un convenio colectivo nacional, que sea la matriz de todos nuestros derechos.
En esa dirección, exigimos al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata convocatoria a la Comisión Tripartita de Diálogo Social para el Sistema Judicial Argentino, tal y como lo indicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2021, a raíz del proceso abierto por esta Federación Judicial Argentina (FJA) ya hace más de diez años.
Se trata ni más ni menos de cumplir con los convenios internacionales suscriptos por Argentina y lo resuelto por el Comité de Libertad Sindical de la OIT en el caso 2.881 del año 2012, que garantiza el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales, y también con lo dispuesto por la Comisión de Expertos de ese mismo organismo internacional en 2021 en el sentido de abrir una instancia de diálogo entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), los Tribunales Superiores de las provincias, e incluso el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; y los sindicatos representativos de lxs trabajadorxs judiciales junto a la FJA para avanzar hacia un Convenio Colectivo Nacional, que garantice el salario mínimo, un escalafón único para todo el sistema judicial, y condiciones de trabajo y empleo dignos para lxs trabajadorxs y trabajadoras de los Poderes Judiciales de todo el país.
Esta es la única forma democrática de definir estas cuestiones y también la mayor garantía para conservar nuestros derechos frente a la ofensiva neoliberal. Y no cejaremos en nuestro reclamo hasta conseguirlo, recurriendo, si fuera el caso de que el Estado argentino y los estados provinciales sigan retaceando esta convocatoria a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que obligue a las autoridades de turno a cumplir con la Constitución Nacional. Con la lucha lograremos resistir el avasallamiento de nuestro salario y derechos.