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La reforma necesaria


El debate por la necesaria reforma judicial se ha puesto nuevamente en la agenda política y mediática a partir de las palabras del Presidente de la Nación tanto en el acto de asunción como en el inicio de las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional. La Federación Judicial Argentina lleva décadas propugnando el tema y trabajando propuestas para esta esperada reforma que debe ser fruto de un proceso político con amplia participación donde el pueblo sea protagonista.
El sistema judicial no es algo que está al margen del resto de la sociedad. El modelo de justicia es inseparable del modelo de sociedad a la que pertenece. No es posible imaginar una reforma judicial al servicio de los intereses populares en una sociedad marcada por la división de clase, atravesada por la desigualdad social, de género, cultural, económica y política.
Es por ello que no podemos pensar una reforma judicial que entienda la eficiencia vinculada con nuevas tecnologías, el expediente digital, la inteligencia artificial, el trabajo a distancia, etc., sin mirar los marcos conceptuales que conllevan: qué modelo social se promueve, qué supuesto de derecho, de justicia social, soberanía política y económica están presentes en dichas transformaciones y cambios, a quienes perjudican y benefician. Ese vínculo indisoluble es el que debemos develar y debatir. El tema requiere plantearse simultáneamente las condiciones generales de funcionamiento de la sociedad, tanto en lo político como en lo social, económico y cultural.
El eje principal de cualquier reforma debe ser la democratización del sistema judicial, y como elementos esenciales de esa democratización proponemos, entre otros:
• Integrar los consejos de la magistratura con participación popular y de los trabajadores/as, los juicios por jurados, y todos aquellos mecanismos que implique garantizar la participación del pueblo en la elección y remoción de los magistrados/as.
• Asegurar el derecho a la negociación colectiva y las convenciones paritarias entre los trabajadores y trabajadoras judiciales y las patronales, como forma de equilibrar las relaciones laborales en el interior del sistema judicial.
• Garantizar el efectivo acceso a la Justicia por parte de todos los ciudadanos/as y habitantes del territorio de la Nación; en este sentido, la total gratuidad del procedimiento, la proximidad de los tribunales, el asesoramiento gratuito, son algunas de las garantías de una justicia popular.
• Impulsar una perspectiva de género en el interior del Poder Judicial, con inmediata aplicación de la Ley Micela, con participación de los distintos sindicatos judiciales.
Estas son algunas reflexiones y propuestas que planteamos desde la Federación Judicial Argentina a fin de avanzar en la construcción de un poder judicial comprometido con el pueblo argentino, aclarando que ninguna reforma puede ser unilateral. ni por decreto, sino que debe darse en el marco de un argumentado y fundado debate democrático, compartiendo y contraponiendo diagnósticos locales e internacionales, marcos interpretativos, líneas de políticas soberanas y promoviendo los más amplios consensos posibles.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de mayo de 2020.-

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