La Federación Judicial Argentina (FJA) adhiere y convoca, a través de su Secretaría de Género, al Paro internacional feminista y a las movilizaciones que se llevará a cabo el próximo martes 8 de marzo en todo el país.
Nos reconocemos como trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, el poder menos democrático, más corporativo, patriarcal y endogámico de los tres poderes del Estado, reticente a ajustarse a sus propósitos de impartir justicia, tan alejado de la realidad social que los ciudadanos y ciudadanas han naturalizado su inaccesibilidad tanto por su lentitud como por su lenguaje encriptado, elementos que impiden un mayor involucramiento de nuestro pueblo en los temas judiciales.
Planteamos la urgente necesidad de potenciar la participación de mujeres en los altos cargos de decisión, en que se generen capacitaciones en materia de DDHH y género y que las mismas sean consideradas en términos de idoneidad para los cargos de la magistratura, todo lo cual se encuentra íntimamente vinculado con las reivindicaciones históricas que tenemos las trabajadoras judiciales.
Exigimos la capacitación a la hora de abordar las denuncias de violencia de género, debiendo implementarse la Ley Micaela también en este Poder del Estado, en todos sus niveles, a lo largo y ancho del país, y que dichas formaciones estén orientadas a revisar prácticas y estereotipos instalados en nuestro quehacer cotidiano. Debemos terminar de una vez por todas con la revictimización de las personas en situación de violencia por razones de género.
Si bien el Poder Judicial está conformado en su mayoría por mujeres, los puestos de jerarquía –jueces y camaristas, fiscales, defensores, entre otros- están integrados en un 80 por ciento por varones. Por eso denunciamos que en el Poder Judicial también existe un techo de cristal y la feminización y desvalorización de algunas tareas y fueros. Es necesaria una urgente composición paritaria de todos los escalafones y la perspectiva de género en la consustanciación de los concursos.
Por otra parte, resulta imperioso erradicar la violencia y el acoso en las distintas dependencias que componen el Poder Judicial. No es posible que se pueda atender la violencia que se denuncia si, puertas adentro, se reproducen estas prácticas que socaban las libertades y la dignidad de trabajadores y trabajadoras judiciales. Por ello, es indispensable la implementación del Convenio 190 de la OIT en todos los poderes judiciales que este año ha entrado en vigencia.
Asimismo, necesitamos políticas públicas para generar una distribución más equitativa de las tareas de cuidado (licencias por nacimiento, subsidios por jardines materno-paternales, lactarios) para evitar que estas recaigan mayoritariamente sobre las espaldas de las trabajadoras, dificultando su desarrollo profesional.
Es urgente poner en discusión las dinámicas institucionales que perpetúan una administración de justicia patriarcal e impermeable a los cambios sociales y culturales de las últimas décadas.