En pocas palabras, la declaración de los miembros del Tribunal no es otra cosa que un reconocimiento expreso de la legitimidad del reclamo salarial que nuestro gremio viene sosteniendo desde comienzos de este año.
Sin embargo, entendemos que ese reconocimiento debe estar acompañado por hechos concretos que materialicen el compromiso asumido con la plena vigencia de los derechos laborales amenazados por la política salarial de un Poder Ejecutivo que vulnera sistemáticamente el derecho a la negociación colectiva.
En ese sentido, reclamamos que la Suprema Corte y la Procuración General modifiquen la decisión de descontar una parte significativa del salario a quienes deciden libremente realizar medidas de fuerza para hacer efectivo el derecho constitucional a una retribución justa. Y en la misma inteligencia, realizar el reintegro de los descuentos que fueron realizando sistemáticamente desde el año 2017 a la fecha.
Dando un paso más allá, requerimos que la Suprema Corte asuma su rol de empleador en tanto como órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado, y en consecuencia acceda al reclamo de la AJB de constituir un ámbito formal de negociación colectiva integral – con el diseño institucional que logre acordarse entre la representación estatal y de nuestra asociación sindical – en el que se aborde el conjunto de condiciones laborales, salariales y no salariales, de lxs trabajadorxs judiciales.
Finalmente, queremos remarcar que la resolución de la Suprema Corte se produce en el mismo día en que cientos de judiciales de toda la provincia realizaban un paro total de actividades y se movilizaban a la sede del máximo Tribunal, por lo cual hacemos un expreso reconocimiento al esfuerzo y sacrificio brindado por todxs aquellxs que confían día a día en que la lucha colectiva y en unidad es el camino para la conquista de más y mejores derechos.