A partir de tan pomposo título se desgranan una serie de definiciones, caracterizaciones y propuestas que no pueden menos que generar una profunda preocupación al pueblo en general y a las y los trabajadores judiciales en particular.
El documento plantea implementar reformas “…orientadas hacia el cumplimiento de los valores constitucionales.” Sin embargo, lejos de avanzar hacia ese objetivo, en lo presupuestario se pliega al ajuste propiciado por el Gobierno Nacional, apunta a consolidar la política de mano dura y gatillo fácil a través de generalizar la flagrancia en materia penal, profundiza los mecanismos de privatización del sistema judicial por medio de extender la conciliación en el fuero laboral y la mediación en las cuestiones de género bajo la excusa de la celeridad.
Asimismo, el proyecto señala hipócritamente la importancia de las tecnologías para mejorar la calidad de la “justicia” sin expresar còmo darà este paso con los magros presupuestos destinados al sistema judicial. Tambièn insiste en la modificación de horarios de funcionamiento, ferias, plantas de personal, entre otras cuestiones, desconociendo conquistas laborales y derechos adquiridos de miles y miles de trabajadores, cuyas condiciones de trabajo solo se podrían modificar en el marco de la negociación colectiva, establecida en nuestra Constitución.
Reiteradamente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le reclamó al Estado nacional y, en especial, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que garantice la negociación colectiva para los trabajadores judiciales. Y el Estado Nacional, incluida la Corte encabezada por Lorenzetti, negaron ese derecho. ¿Qué autoridad jurídica o moral tiene ese Tribunal, entonces, para hablar de cambios y lineamientos que mejoren el sistema de justicia? ¿O se puede hacer mejora al margen de las leyes y la Constitución?
Desde ya, advertimos, que por decisión de nuestra Mesa federativa volveremos a denunciar a Lorenzetti y sus planes ante la OIT.
Evidentemente, los llamados “Lineamientos” son una expresión de la puja con el Poder Ejecutivo Nacional que impulsa sus propias reformas de la mano del ministro Garavano. Sin embargo, en nada nada sustancial se diferencian. Son solo expresión de una puja por ver quién lidera el ajuste neoliberal.
Desde la Federación Judicial Argentina expresamos nuestro alerta ante esta nueva avanzada reformista que lejos de plantearse un modelo judicial superador del actual intenta convertir definitivamente a los poderes judiciales nacional y provinciales en herramientas funcionales al poder económico y sus representantes.
CABA, 23 de febrero de 2018.-
FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA