El Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, llamó a indagatoria al actual Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y otros cinco imputados, por el secuestro y tortura de militantes durante la última dictadura militar.
La denuncia penal fue realizada a fines del año 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), con el aporte de documentación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). De allí surge que Fernández Garello, quien era agente de esa repartición policial, participó del secuestro y tortura de militantes comunistas durante la última dictadura militar y en otras actividades de inteligencia ilegal.
Esa documentación del archivo de la DIPPBA demuestra la participación del actual Fiscal General de Mar del Plata en al menos diecisiete actos de inteligencia, en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.
Fernández Garello se encuentra involucrado en la causa por los apremios ilegales contra un militante comunista en 1982 y en la detención de tres militantes de esa organización el 23 de Julio de 1981. El entonces Oficial Subinspector participó del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores.
A raíz de esta denuncia, la Asociación Judicial Bonaerense junto a la Federación Judicial Argentina, la Comisión Provincial por la Memoria, el SERPAJ, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicitaron el juicio político del fiscal. Sin embargo, a pesar de que el jurado de enjuiciamiento fue conformado, todavía no fue convocado para tratar el tema.
El reciente llamado a indagatoria vuelve a poner el tema en el tapete y obliga a avanzar de manera urgente en el juicio político y en la destitución de Fernández Garello, puesto que el ejercicio de un cargo dentro del Poder Judicial de quien fuera agente de inteligencia durante la última dictadura cívico-militar, es incompatible con un estado democrático de derecho.