La Federación Judicial Argentina (FJA) manifiesta su más plena solidaridad con los y las trabajadorxs judiciales de la provincia de Río Negro enroladxs en el SITRAJUR y repudia enérgicamente el intento de coartar el derecho a la libre expresión y a la libertad sindical de lxs mismos por parte del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
En efecto, el Superior Tribunal, en una nueva práctica antidemocrática, ha decidido incluir en el Reglamento Judicial (art. 30°, inc. 7) sanciones para quienes, en el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales, efectúen “manifestaciones por cualquier medio incluidas las redes sociales que comporten afectación a la imagen pública del Poder Judicial”.
De ese modo, ilegítimamente, fuera de todo marco constitucional, los integrantes del máximo tribunal de la provincia pretenden:
- Establecerse en intérpretes de lo que sería la imagen pública del Poder Judicial;
- Erigirse en tribunal sancionatorio contra los que en su arbitraria e inconstitucional atribución afecten esa imagen.
La desmesura de tal reglamentación, que no solo escapa a las leyes y a la constitución nacional y provincial, sino al más elemental sentido común, es reveladora del desconocimiento del Estado de derecho por parte de unos jueces y juezas que, por el contrario, debieran ser los máximos garantes del mismo.
La imagen pública del Poder Judicial está afectada más bien por la falta de democratización del mismo, la denegación en el acceso a la justicia, el atraso en los procesos judiciales por falta de personal y recursos presupuestarios, por las deficientes condiciones laborales, por la discrecionalidad de sus sentencias, por el apartamiento de las leyes y la Constitución Nacional, entre otras cuestiones, ninguna atribuible al accionar ni a las expresiones de los y las trabajadorxs.
Lo que debiera hacer el máximo tribunal es emprender de una vez por todas el camino de la Constitución y la Democracia, el respeto a los derechos de todos lxs ciudadanxs y de lxs trabajadorxs. Esa es la verdadera defensa no solo de la imagen sino de la esencia de lo que debiera ser la magistratura.
Llamamos pues al Superior Tribunal a revocar la referida norma, absolutamente ilegítima e inconstitucional, bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y judiciales, provinciales, nacionales e internacionales que correspondan por violación de la libertad de expresión y la libertad sindical.
Ciudad de Bs.As., 13 de diciembre de 2021.-
Matías I. Fachal – Secretario General