No es menor que una importante funcionaria a escasos meses de la aplicación plena del nuevo código, salga con declaraciones que trajeron consecuencias inmediatas, tales como la suspensión por tiempo indefinido de la reunión de la comisión legislativa, de aplicación del nuevo cuerpo normativo que se iba a reunir este jueves en la Legislatura. El desconcierto reina hoy en las cabezas del Poder Judicial por la contradicción en su seno que se ha hecho pública, pero esto no es más que la consecuencia de lo que el SITRAJUR ya había advertido públicamente. Sin presupuesto y a espaldas de los trabajadores, no es posible aplicar ninguna reforma judicial.
Denunciamos oportunamente que con el nuevo código se pretende precarizar a los trabajadores judiciales eliminando la carrera judicial, llenando a este poder de trabajadores con salarios bajos, sin decirle a los trabajadores qué tareas van a realizar, llenando de incertidumbre y angustia a los judiciales que tendrían que afrontar ante la sociedad, la aplicación de un nuevo código que incide directamente en sus vidas.
El espíritu del nuevo código no es hacer justicia ni el descubrimiento de la verdad real, sino la finalización de los procesos por acuerdos de pena y/o aceptación de culpabilidad, lo que no necesariamente implica que quienes sean condenados en estos términos sean culpables.
Nunca se dio la publicidad suficiente ni se dio a conocer al pueblo de qué se trataba esta reforma y mucho menos se las herramientas necesarias para que evalúe si la misma los iba a beneficiar o no.
Desde el SITRAJUR decimos que no se puede aplicar una norma tan sensible a espaldas de los trabajadores. Jamás fuimos consultados sobre la implementación del código ni se tuvo en cuenta nuestra visión, cuando somos los que todos los días atendemos al público que acude a la justicia y realizamos la inmensa mayoría del trabajo tribunalicio. Es más, cuando le requerimos a nuestra patronal (el Superior Tribunal de justicia) una reunión para hablar estos temas, se nos respondió por nota en forma NEGATIVA, y se sube la apuesta cuando el STJ presenta un proyecto de ley Orgánica del Poder Judicial que se ocupa más de destruir la ley de paritarias y de precarizar las relaciones de trabajo, que de adecuar la estructura judicial.
Esta crisis no es casual sino producto de los propios actos del Poder Judicial que no tuvo en cuenta al pueblo, sigue sin tener en cuenta a los trabajadores y al pueblo.
La cuestión presupuestaria resulta crucial en esto, y es lo que más se ha relativizado desde la cabeza de este poder del estado.
Por eso decimos hoy con más fuerza, que sin paritarias, sin carrera judicial y sin justa distribución del ingreso, la aplicación de la reforma resulta imposible, y exhortamos a los poderes del estado y en especial al STJl a que convoque a este sindicato como actor imprescindible del poder judicial a discutir su implementación.