El Gremio realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura de Córdoba solicitando se investigue si la información que es de público conocimiento, que vincularía al Fiscal Provincial Raúl Ramírez en un listado de personal que integró el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2) desde el año 1976 a 1984 es fehaciente.
Al Respecto Federico Cortelletti afirmó que “en una semana muy especial, donde muchos argentinos hemos asistido a la lectura de la sentencia en un juicio histórico, donde quedó reflejado lo que fue el terrorismo de estado en nuestra provincia resulta muy grave que un funcionario de la Justicia se encuentre sospechado de haber participado de aquella época oscura para la democracia”.
En ese sentido agregó que “en función de ello, dada la amplia difusión que ha tenido la noticia según la cual un magistrado provincial habría formado parte del D2 durante la dictadura, y estando absolutamente acreditado por sentencias judiciales que en dicha institución policial se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, hemos hecho esta presentación desde la AGEPJ y Federación Judicial Argentina para que se investigue si el mencionado fiscal ha presentado dichos datos entre sus antecedentes o los ha omitido, en cuyo último caso corresponde a nuestro entender su destitución”.