Mediante un comunicado el SITRAJUR explica que este fallo se da en un marco, de un claro retroceso de derechos sociales y laborales actuando de manera complementaria a la criminalización de la protesta, que evidentemente son articulados en bloque con el objetivo de “legalizar” las prácticas policiales abusivas, que en lo cotidiano se realizan de facto.
Este Superior Tribunal de Justicia será el responsable político de detenciones ilegales de niños y niñas en situación de calle, que muchas veces son acompañadas por golpes, apremios, insultos y vejaciones.
Resulta lamentable que las máximas autoridades de la Administración de Justicia no estén a la altura de las circunstancias una vez más, y esto solo puede darse con jueces que responden a los intereses políticos y corporativos de turno.
Hoy mas que nunca volvemos a poner sobre la mesa, la necesidad imperiosa de democratizar la justicia con jueces de cara al pueblo.