Carta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Dr. Pedro Llorente
A principios de año nos dirigimos a Usted, a través de una carta abierta de amplia difusión, para manifestarle nuestra fuerte preocupación sobre una serie de irregularidades graves que habrían ocurrido en el ámbito y bajo la responsabilidad de la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia.
Hoy, luego de varias solicitudes de entrevista que no nos fueron concedidas, nos vemos en la obligación de utilizar el mismo medio.
En ese entonces, entre otros temas, preguntábamos:
¿Han habido hijos de altos funcionarios judiciales que no habiendo rendido el correspondiente examen de ingreso accedieron a la planta de personal administrativo?
¿Estamos frente a casos de nepotismo, agravado por la violación del marco procedimental de ingreso, concurso y ascenso?
¿Se ha transformado la Junta Electoral en un medio abreviado y privilegiado de acceder al Poder Judicial, a pesar que el personal de dicho organismo debe cumplir los mismos requisitos de ingreso que cualquier trabajador del Poder Judicial, encontrándose dicho personal dentro del marco de representación de nuestra Asociación Gremial? ¿No debería ser la Honorable Junta Electoral uno de los espacios de mayor transparencia y justicia de esta democracia?
Ante la falta de personal en el Poder Judicial ¿se da prioridad exclusiva de acceso a los ciudadanos que han rendido y aprobado el examen de ingreso y esperan un puesto de trabajo?
Decíamos también, que de ser ciertos estos rumores, estaríamos ante graves irregularidades que exigen una explicación urgente en este momento en el cual el Poder Judicial tiene serias restricciones presupuestarias, en el que se habría negado por razones económicas la implementación del régimen horario único para los trabajadores judiciales, especialmente los que cumplen tareas en las Oficinas Fiscales, y en el que se retrasa el ingreso de personal a los sectores más sensibles que deben garantizar justicia a la población, como el fuero de familia y el laboral.
Muy a nuestro pesar, Usted no respondió a uno solo de todos nuestros interrogantes y es así que su silencio terminaría de cerrar el círculo de su personal responsabilidad en relación a los hechos denunciados.
A todo esto, con el transcurso del tiempo, se han ido sumando otros hechos que agravan aún más el panorama. Volvemos a preguntar:
1) ¿Es cierto que la Dra. Stella Maris Spezia, a cargo de la Dirección de la Mujer “Dra María Carmen Argibay” (ex Oficina de Asistencia Jurídica de Violencia contra la Mujer), denunciada paradójicamente por maltrato laboral, sigue en funciones como si nada hubiera ocurrido, y que esto sucede con la responsabilidad de la Sala Administrativa que Usted preside?
2) ¿Es cierto que se han registrado numerosos ascensos de personas, al margen de las normas y procedimientos correspondientes y en desconocimiento absoluto del ámbito paritario que debe regularlos, favoreciendo el amiguismo y el nepotismo, perjudicando a otros trabajadores, empleados y funcionarios con verdadero mérito para ascender de acuerdo a su legajo y las normativas vigentes?
3) ¿Es cierto que se ha cubierto la vacante generada por el fallecimiento del compañero Jorge Cumaudo, personal de mantenimiento, por un ingresante de 52 años con el cargo de chofer de la Junta Electoral? ¿Se justifica el ingreso de un chofer en la Junta Electoral cuando se sigue disminuyendo la cantidad de personal en áreas de apoyo sensibles? ¿Se sigue utilizando la Junta Electoral como la puerta trasera por donde ingresa personal acomodado?
4) ¿Es cierto que mientras trabajadores de las Oficinas Fiscales no pueden gozar de su licencia anual en época estival por falta de personal que cubra las funciones pertinentes, debido supuestamente a la falta de recursos para incorporar reemplazantes, en otros ámbitos se promueve hacia puestos mejor remunerados a personas cuyo único mérito es el de poseer lazos parentales con la máxima jerarquía del Poder Judicial?
Más allá de que hechos como los sospechados afectan el escalafón y losderechos de los trabajadores judiciales, tal como también lo hemos planteado en el ámbito paritario, la importancia y gravedad de estas cuestiones nos impulsan a ponerlas una vez más en conocimiento de la opinión pública y la ciudadanía de Mendoza.
Esperamos que del mismo modo se proceda por parte de las autoridades y de todos aquellos que estén en conocimiento o tengan pruebas de lo aquí expuesto. Ello será una importante contribución a una justicia transparente
y fundamentalmente democrática.
En estos momentos de grave crisis económica, de enormes restricciones presupuestarias, esos privilegios al margen de la ley, la legitimidad y la moralidad pública, resultan aún más exasperantes, injustos y ofensivos no solo para los trabajadores judiciales, sino para el conjunto de la ciudadanía.
Tiene Usted no solo la obligación de esclarecernos respecto de los interrogantes planteados por nuestra condición y representación gremial, sino como un acto de debida información y rendición de cuentas frente al pueblo de Mendoza. Asimismo, de verificarse la veracidad de nuestros dichos, esperamos que se rectifiquen las medidas ilegales adoptadas a los
efectos del debido respeto a la carrera judicial.
En espera de una urgente respuesta a esta carta, de cara a la opinión pública y la ciudadanía, lo saludamos atentamente.