Autor: FJA

Con esta declaración, la Gobernadora demuestra un desconocimiento radical de la representación sindical en el ámbito del Poder Judicial, ya que la Asociación Judicial Bonaerense es el único sindicato con personería gremial con facultad de representar en la negociación colectiva a empleados y todos aquellos funcionarios judiciales que no requieran acuerdo del Senado para su designación (actuales niveles 8 a 19.5 y un sector de agentes del nivel 20).

Esta representación, además de estar sostenida en la normativa vigente en materia sindical, ha sido reconocida invariablemente por el Estado provincial en cada negociación salarial, incluso en las reuniones paritarias realizadas con este Gobierno durante marzo y abril del corriente año.

Lo que realmente ocurre es que el Gobierno provincial pretende legitimar el cierre unilateral de la paritaria con un porcentaje que reduce sustancialmente los salarios de todo el Poder Judicial. Para ello ha decidido transitar el peligroso camino de la ilegalidad, al invocar negociaciones y consensos con sectores que no tienen representatividad para negociar colectivamente los salarios de empleados y funcionarios judiciales.

Desde la AJB exhortamos a la Gobernadora a reanudar las negociaciones con la representación legítima de los trabajadores judiciales, suspendidas unilateralmente por el Estado desde el 11 de abril.

De lo contrario, sera la única responsable de la profundización de un conflicto que ya lleva 11 semanas de desarrollo y que sólo puede resolverse con un acuerdo suscrito por el conjunto de los trabajadores judiciales a través de su legítima representación gremial.

Asimismo, sostenemos la necesidad de construir los mayores consensos posibles al interior del Poder Judicial para enfrentar una política salarial que pretende producir un retroceso en el camino de jerarquizar las condiciones laborales y salariales de quienes garantizamos día a día el funcionamiento de la justicia bonaerense.

El gobierno provincial debe repensar su estrategia, dejar de lado los métodos represivos y, reconocer la legitimidad de lo pedido por los trabajadores estatales, empezando por abrir una instancia de diálogo democrático y paritario, que hasta ahora viene negando.

En ese sentido, respaldamos plenamente el reclamo de derogar las leyes aprobadas en el mes de enero sobre modificaciones en el sistema jubilatorio y previsional ,así como las referidas a cargas impositivas para el conjunto de la población.

Si no se atiende a la razonabilidad de estos pedidos y se sigue negando el diálogo democrático, el gobierno provincial equivocará el camino.

Exigimos, pues, la inmediata libertad de los detenidos, el desprocesamiento de los compañeros y la iniciación de conversaciones bilaterales, entre trabajadores y autoridades provinciales, para resolver el conflicto.

Hugo Blasco
Secretario General FJA

Esta institución ha sido constitutiva del Estado de Derecho en la Argentina y de ella se han valido figuras tan representativas como el General Prats de Chile o el Senador Michelini de Uruguay, para no hacer la larga lista de dirigentes argentinos que gozaron del refugio político en otros países latinoamericanos desde Sarmiento y Alberdi hasta Perón y Santucho.

A pesar de ello, recién en el año 2006, luego de 10 años de lucha, se aprobó la ley de refugio, en un contexto propicio para los derechos humanos anticipada por la aprobación en el año 2004 de la ley de migraciones (Ley 25.871), la cual convirtió a la migración en un derecho humano.

Pero en el mismo año 2006, el Poder Ejecutivo expulsa del país a los Seis Campesinos Paraguayos que habían sido invitados a refugiarse en la Argentina por el Embajador ante el gobierno de Paraguay, para luego ser apresados y entregados a una justicia que nunca rompió amarras con el Stroessnerismo como se demostró en el Golpe de Estado perpetrado con su colaboración contra el presidente Lugo so pretexto de la Masacre de Curuguaty.

Contra la versión que propalan los medios comerciales de comunicación, la Argentina es un país más que selectivo al momento de otorgar el refugio: entre el año 2000 y 2010 solo se otorgó el beneficio al 27.40% de los que lo solicitaron.
No olvidamos que uno de los principios rectores de la doctrina norteamericana, doctrina Bush o Acta Patriótica, es exigir desconocer los derechos de los que ellos consideran terroristas comenzando por negar el derecho al refugio político a los así llamados “terroristas”.

Denunciamos que las resoluciones de la Corte Suprema en ese sentido son un modo de aplicación de la Ley Antiterrorista por lo que la lucha por la defensa del Instituto del Refugio Político debe ir acompañada de la exigencia de la inmediata derogación de todas las adecuaciones al Código Penal inspiradas por las diversas versiones de la Ley Antiterrorista aprobadas en los últimos años.

En un Perú donde el Poder Judicial sigue en guerra contra el “terrorismo” y la derecha más rabiosa y subordinada al Imperio acaba de ganar las elecciones, el destino de Rolando Echerry Pareja y Oswaldo Ceferino Quispe Casa no puede ser otro que el de largas condenas en juicios donde las garantías procesales brillarán por su ausencia y el derecho a defensa será una falsedad flagrante.

Al repudiar los ataques contra el instituto del refugio político y pronunciarnos por el derecho de todas y todos los compañeros de encontrar refugio en la Argentina, convocamos a todas las fuerzas comprometidas con el Estado de Derecho y la tradición solidaria argentina con el destino de la Patria Grande.

La AJB exige un aumento salarial del 45 al 50%, la sanción de la ley de paritarias para los trabajadores judiciales, la restitución del 3% de antigüedad recortada entre 1996 y 2005 y el bloqueo de título para los Peritos.

También reclama la transformación automática de los auxiliares 3º a 1º al año de antigüedad, la universalización del cargo de Jefe de despacho en todas las dependencias, la licencia por violencia de género y el pase a planta permanente de contratados, pasantes y tercerizados de limpieza.

De acuerdo a lo debatido en las asambleas realizadas durante la semana pasada, la AJB convocará un nuevo paro de 72 horas para martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de mayo. Este último día además se realizará una caravana judicial que recorrerá diferentes distritos de la provincia en reclamo de una mejora sustancial en la oferta salarial.

Por su parte, el pasado martes la Asociación Judicial Bonaerense realizó una presentación al Ministro de Trabajo exigiendo la “convocatoria formal de la cartera a su cargo para continuar el proceso de negociación colectiva salarial iniciado a fines de marzo (…), proceso que fuera suspendido por decisión del Poder Ejecutivo desde el pasado 11 de abril”