La Mesa Nacional de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) para el período 2015/2018 que asumirá el próximo viernes, estará encabezada por Hugo Blasco, secretario General; Carlos Ordoñez, cosecretario General y Fredy Berdeja, secretario Adjunto. La conducción se completará con representantes de la mayoría de las filiales provinciales, lo que garantiza pluralidad y federalismo.
Los desafíos de esta nueva conducción para esta etapa histórica tienen que ver con la lucha que hace un tiempo está desarrollando la FJA por la implementación real de la negociación colectiva de trabajo, la porcentualidad salarial y la ley de enganche, y contra toda forma de precarización y violencia laboral.
Hugo Blasco, quien tiene la responsabilidad de encabezar la conducción, cuenta con un gran recorrido por las luchas de los judiciales. Fue secretario General de la departamental Necochea de la AJB y secretario General de la AJB provincia durante tres períodos. A su vez, fue parte de la conducción de la CTA Provincia de Buenos Aires y actualmente también se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma.
En su discurso explicó el mandatario Poggi que los beneficiarios pagarán cuotas iniciales de $2500, ajustables a los aumentos salariales. “Estas viviendas se diferencian del resto de las viviendas sociales, es un acuerdo particular que hicimos con los trabajadores de la justicia (SI.JU.PU.), pero es accesible a cada una de las familias y forma parte de la política habitacional”. Estas viviendas conformarán el primer Barrio Bioclimático del país y surgen del convenio celebrado entre el Gobierno provincial y el Sindicato Judiciales Puntanos. Las mismas constarán de las siguientes características en cuanto a equipamiento y ahorro energético:
Equipamiento:
1. Equipos termo-solares: para calentar agua para uso sanitario y calefaccionar la vivienda por losa radiante.
2. Aislación: correcta aislación térmica de las paredes, techos y aberturas con DVH.
3. Uso y tratamiento del agua: uso racional del agua incorporando dispositivos que reduzcan su consumo: inodoro doble descarga, reductor de caudal de agua para ducha y griferías.
4. Eficiencia energética: iluminación de vivienda y espacio público con tecnología LED y bajo consumo con placas fotovoltaicas.
5. Separación de residuos en origen: cada vivienda contará con equipamiento fijo para separar los desechos en húmedos y secos.
6. Orientación de la vivienda: ubicada para permitir un correcto asoleamiento y circulación interna de aire.
7. Forestación y cobertura vegetal: control de la radiación tanto en verano como en invierno.
9. Ventilación natural/cruzada: dotar a la construcción de medidas que permitan realizar la ventilación natural del espacio interior.
10. Criterios urbanísticos: disponer y diseñar las manzanas y las viviendas aprovechando las condiciones naturales del lugar, optimizando el trazado de la red de servicios y priorizando el diseño del espacio público.
Ahorro energético:
En comparación con una vivienda tipo, las bioclimáticas reducirán el consumo de: – Energía para calefaccionar: 65 % de consumo. – Electricidad para iluminación: 70 % anual.Consumo energético para calentar agua sanitaria: 25 % anual. – Reducción del consumo de agua sanitaria: 33 % anual.
Ayer, la conducción provincial de la AJB envió al Ministro de Trabajo un pedido de convocatoria para exigir el inmediato ingreso a la Legislatura provincial del proyecto de ley que vuelve a fijar en el 3% los años de antigüedad que por el período 1996-2005 se vienen pagando por debajo de ese valor.
El impulso de esa ley fue parte del compromiso asumido por el Ejecutivo provincial en el acuerdo paritario cerrado el 26 de marzo último, y a casi seis meses del cierre de la negociación el proyecto todavía no ha ingresado al Poder Legislativo para su tratamiento.
Asimismo, la AJB envió a Gabriel Mariotto, Vicegobernador de la provincia y Presidente del Senado, un pedido de entrevista para reclamar avances en el tratamiento del proyecto de ley de paritarias para los trabajadores judiciales, ingresado a la Legislatura el pasado 8 de julio y que todavía no fue debatido en ninguna comisión parlamentaria.
Ante la demora en el avance de las dos iniciativas, la Comisión Provincial de la AJB informó que analizará durante los próximos días los pasos a seguir, sin descartar la posibilidad de convocatoria a asambleas para el caso de que no haya respuestas satisfactorias a los reclamos.
Pablo Abramovich, actual Secretario Adjunto de la AJB, donde secunda a Hugo Blasco, encabeza la lista que se alzó con el triunfo en el sindicato judicial bonaerense.
Realizado el recuento de los votos emitidos en las dieciocho departamentales, la elección para Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) tuvo como claro ganador al “Frente de Trabajadores por la Unidad” (Lista 1), que recibió 4.636 votos, representando un 56,51% del total de sufragios válidos emitidos.
En segundo lugar, la Lista Azul y Blanca Nº 10 “Encuentro de la Militancia Judicial” obtuvo 2.706 votos (32,98% del total). Con esos valores, la lista 10 alcanzaría el porcentaje necesario para lograr la representación por minoría en la Comisión Provincial.
Por su parte, la Lista Gris Nº 5 “Carlos Fuentealba” obtuvo 340 votos (4,14% del total). Se registraron 522 votos en blanco, 52 anulados y 5 impugnados.
La elección tuvo una importante participación de los trabajadores judiciales, habiendo emitido su voto 8261 afiliadas y afiliados (más del 75% de los habilitados para sufragar).
Pese a que no se registraron impugnaciones por parte de ninguna de las listas participantes, los resultados que se publican tienen carácter provisorio, atento que la Junta Electoral Provincial aun no ha finalizado el escrutinio definitivo.
Con profundo dolor, la Federación Judicial Argentina (FJA) comunica que esta madrugada falleció Josefina ‘Pepa’ García de Noia, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.
Pepa era la mamá de María Lourdes Noia – detenida desaparecida vista en la ESMA-, y nunca descansó en su incesante búsqueda de justicia y verdad.
Saludamos a su familia y compañeras de lucha en este doloroso momento.
Sus restos serán velados en la Legislatura Porteña, a partir de las 15 hs. de hoy y hasta la noche. En tanto que mañana a las 10hs. partirán hacia su último descanso.
El 28 de Diciembre de 2012 el Juzgado Civil Nº1 de Zapala ordenó a Verónica Pelayes, trabajadora Judicial, el diligenciamiento de un mandamiento de intimación a despejar un camino de acceso al yacimiento El Portezuelo, lugar distante a 50km de la ciudad mencionada.
Dicha diligencia fue ordenada a pedido de la empresa petrolera Apache el último día del año laboral en el Poder Judicial fuera del horario de trabajo. Bajo amenazas de sumario, la Jueza de Cámara Dra. Liliana Deiub, y la secretaria del Organismo Dra. Alicia Fuentes, intimaron y conminaron a Verónica para que realizara dicha diligencia.
Como consta en la denuncia formulada por nuestra compañera, la medida se llevó adelante con sólo dos agentes policiales y el abogado de la empresa.
En esa ocasión fue agredida por integrantes de la comunidad Winkul Newen sufriendo hematomas, heridas en la región del pómulo y la mejilla izquierda, y la rotura de huesos nasales, ocasionándole desfiguración en el rostro por lo que tuvo que someterse a diversas operaciones y tratamientos, además de la atención psicológica y psiquiátrica que continúan en la actualidad.
Nuestro sindicato solicitó la apertura de una información sumaria para que el Poder Judicial sancionara a la funcionaria que coaccionó a Verónica para realizar una diligencia en condiciones de absoluta indefensión y vulnerabilidad.
El 13 de Febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia en una actitud corporativa y como mejor respuesta, archivó las actuaciones sin más trámite “premiando” a Verónica con un diploma y medalla de honor “por los servicios prestados”.
Dos años y medio después de este lamentable y repudiable hecho, vemos con preocupación cómo se ha tergiversado lo sucedido en Portezuelo y se intenta instalar en la opinión pública, incluso engañando la buena fe de personalidades nacionales e internacionales cuya trayectoria en defensa de los derechos de los más humildes, de los trabajadores y de los pueblos originarios ha sido intachable- que lo ocurrido fue en un escenario de represión policial, repelida por integrantes de una comunidad mapuche, y que nuestra compañera habría quedado (en el mejor de los casos) en medio de dicho enfrentamiento.
Lo cierto es que allí no hubo ni fuerzas represivas, ni topadoras, ni orden de desalojo, ni legítima defensa frente a una supuesta represión policial. Tanto así, que el TSJ reconoce que “…la fuerza de seguridad no cumplimentó de la manera encomendada sus cometidos, al no ejercer las facultades de que se halla investida, tendiente a resguardar a quien estaba cumpliendo una orden judicial; dejando sin protección alguna a Pelayes al punto que fue la única agredida …” (Acuerdo nº 5246 de decha 13/02/2015).
Verónica Pelayes se encontró sola con un grupo de personas y fue víctima de una brutal agresión que no solamente le desfiguró la cara y la alejó de su trabajo sino que además le destruyó definitivamente su vida.
El Sejun y la FJA son parte de las organizaciones en la provincia de Neuquén que ha acompañado a nuestros hermanos Mapuche en su reclamo por el derecho a ser reconocidos como Pueblo Originario, a que se le respete su cultura, su idioma, y su territorio. A que se respete el derecho a la Consulta Previa en relación al uso de los recursos naturales existentes en suelo de sus comunidades. Entendemos que su pelea, como la de los y las trabajadoras y la del pueblo más humilde de nuestra provincia es la misma, y que con la misma saña el poder político no solamente ha hecho uso de la represión policial sino también ha utilizado al poder judicial para judicializar y criminalizar a quienes peleamos por una sociedad más justa.
Por ello es que no podemos quedarnos callados viendo cómo frente a este hecho de injusta violencia contra una trabajadora, se utilizan banderas históricas deslegitimando así la verdadera pelea que desde hace tantos años lleva adelante el Pueblo Mapuche y avivando campañas xenófobas que son tan repudiables como la agresión sufrida por nuestra compañera.
El Dictamen, que no reviste carácter de vinculante, contó con los votos favorables de los Consejeros Juan Pablo Godoy Vélez (representante del Colegio de Abogados) y José Saéz Capel (representante de los Jueces), y con la disidencia de Agustina Olivero Majdalani (representante del Pro).
Debemos recordar que esta denuncia presentada de manera conjunta por la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Cdad. de Bs. As. con 12 denunciantes, que en algunos casos trabajan actualmente en la Defensoría Nro. 2 CAyT y en otros trabajaron allí hasta hace algunos meses, más 14 testigos que se han ido presentando a declarar en la sede del Consejo de la Magistratura, ponen de relieve la magnitud de los hechos denunciados y que se le endilgan al Defensor Sánchez Correa, como así también a los Secretarios Tomás Arceo y Paula Rodríguez, en cuyo caso, el proceso disciplinario de ambos funcionarios tramita por ante la Defensoría General.
“Acá tienen que ponerse de acuerdo para embarazarse”, “a vos ni se te ocurra quedar embarazada eh”, “por qué no se preocupan por la decoración de la oficina si eso es lo que hacen las mujeres”, “yo tengo que pensar que esto se hizo así o porque son unos hijos de puta o porque son unos pelotudos ¿cuál de las dos?”, “esto solo es obra de dos opas…”, “no voy a permitir que un pendejo y un boludo me tomen a mí de tarado, quien mierda se piensan que soy?”, “me tenés podrido, me haces un ruido que me molesta, un zumbido… andate de acá… andate”, “vos me debes todo a mí, yo te ascendí”, “el cargo ese donde vos estás, es mío, mío…”, “ese cargo es mío, me pertenece y yo ahí puedo nombrar a quien se me cante el orto”, “nunca más vas a volver a trabajar… te voy a quemar”.
Esas y otras frases son constantes en el trato que el Defensor Oficial Ramiro Sánchez Correa tiene con los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría Nro. 2 CAyT a su cargo. Desde que asumió, en el 2009, más de 20 trabajadores y funcionarios se fueron de esa dependencia por la violencia laboral. En la denuncia surge palmariamente que los hechos se ven agravados contra las mujeres.
En la denuncia se relata cómo a una trabajadora embarazada, mientras la insultaba con toda clase de improperios, llegó a lanzarle expedientes al piso y esta se vio obligada a levantarlos. A eso se suma la discriminación contra todas las mujeres embarazadas y las que ya eran madres. A las mujeres profesionales de la Defensoría, en consonancia con una estereotipación machista, les exige cumplir roles típicamente “femeninos”: servir café, encargarse de cuestiones de personal, de decoración y otros del estilo. Además, las trabajadoras deben soportar críticas sobre su aspecto personal y comentarios sobre su estado civil, todas acciones encuadradas dentro de lo que la Ley define como violencia laboral y simbólica contra las mujeres.
En la denuncia presentada también se detallan expresiones de Sánchez Correa respecto de aquellas personas que se acercan a la defensoría buscando hacer valer sus derechos. “Si el legajo era de varón solo con HIV, el Defensor expresaba: ‘…ese debe ser puto” o preguntar si la ‘…señora era una pobre mujer o una de esas que solo abre las piernas para tener hijos’. La frase más recurrente del Defensor al momento de revisar los amparos es ‘si, si…. Ya sé: vino de Jujuy, es empleada doméstica…. Gana 20 pesos la hora. ¿Pero cómo puede ser? Mi empleada doméstica me cobra 25, claro, claro, todas dicen los mismo…”.
Las acciones denunciadas por los trabajadores y trabajadoras son claramente contrarias no solo a la Ley de violencia laboral (Ley 1.225), que existe en el ámbito de la Ciudad, sino especialmente condenadas por la Ley de protección contra la violencia hacia las mujeres (Ley 26.485). Exigimos se apliquen estas Leyes en las acciones que se le siguen a Sánchez Correa, y por ende se remueva al mismo de su cargo a través de un Jury de Enjuiciamiento.
Desde AEJBA “creemos que es una oportunidad única que se presenta a este Poder Judicial de la Ciudad, en sus apenas más de 15 años de historia, de poner un freno a los violentos. Hay que terminar de una buena vez y por todas con el Maltrato Laboral y la Violencia de Género, por eso pretendemos que ningún velo corporativo protector ni ningún poder político se interponga frente a un acto de justicia que repare el daño laboral y psíquico que ha venido causando esta persona sobre los compañeros trabajadores de la Defensoría Nro. 2 CAyT”.
Este martes 11/08 se realizará el Plenario de Consejeros que ratificará, o no, el Dictamen que recomienda el Jury de Enjuiciamiento contra Sánchez Correa. De esta manera, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad tendrá la oportunidad de decidir si este tipo de actitudes se consideran simples faltas disciplinarias o si son, como entendemos, incompatibles con el ejercicio del cargo de magistrado, y, por tanto, merecedoras de una investigación que pueda derivar en su remoción mediante el Jury de Enjuiciamiento, ya que un trato denigrante a los trabajadores, y en especial a las mujeres, es una conducta indigna de un defensor público, encargado paradójicamente de velar por el respeto de los derechos de los sectores más vulnerables de la Ciudad. Además de vulnerar de forma palmaria derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional, en particular el art. 14bis (condiciones equitativas y dignas de trabajo) como Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Argentina.
Así como la lucha de los trabajadores judiciales de todo el país logró la remoción por Violencia Laboral a través del Jury de Enjuiciamiento de las juezas Marta Raggio, en la provincia de Buenos Aires, y Graciela Rossi, en Neuquén, como así también de la fiscal Roxana Romero en Corrientes, “es nuestro anhelo que el resto de los Consejeros de la Ciudad de Buenos Aires estén a la altura de los desafíos que se presentan en este momento histórico ante la denuncia contra el Defensor Sánchez Correa, y que demuestren tener la misma valentía que mostraron los denunciantes para que podamos gritar todos bien fuerte: BASTA DE VIOLENCIA LABORAL!”.
Desde que Ramiro Sánchez Correa asumió, en el 2009, como Defensor Oficial, más de 20 empleados y funcionarios se fueron de esa dependencia por la violencia laboral. Los denunciantes señalan que los hechos se ven agravados contra las mujeres.
– Matías, contanos en qué consisten los maltratos.
– Cotidianamente, desde que asumió el Defensor Sánchez Correa se han generado climas laborales violentos. Constantemente el insulta al personal, se dirige a ellos de manera despectiva o humillante, denigrante, con muchos insultos y gritos. A las mujeres trabajadoras de la oficina las ubica en un rol cuasi-doméstico, como que sus tareas son preparar el café de todos o decorar el lugar. Ha llegado incluso a arrojarle expedientes al piso a una compañera embarazada, para que ella los tuviera que levantar. Esto le trajo a ella complicaciones en el embarazo.
Esta actitud la sostuvo durante estos 6 años. En la denuncia hay ex trabajadores y empleados actuales. Esto es así, ya más de 20 personas se han ido de la Defensoría y los 12 que comenzaron el año trabajando son los que firmaron la denuncia y los otros están como testigos, o sea que esto ha afectado ya a más de 30 personas.
– ¿Qué consecuencias tiene este maltrato en los trabajadores?
– Muchos de los compañeros y compañeras de ahí están con tratamiento psicológico, en algunos casos psiquiátricos, algunos cuantos están medicados. Por suerte, a raíz de tomar conocimiento de la denuncia, hemos logrado conseguir que haya un apoyo psicológico hacia ellos, por un lado por parte de la Defensoría General y además también de otros psicólogos y psicólogas que suelen trabajar en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que están haciendo un acompañamiento para que estos trabajadores puedan estar contenidos. Porque vos te imaginarás que al tener que ir a declarar y remover todas estas situaciones de gritos e insultos, despierta estos recuerdos y muchas veces terminan con ataques de pánico.
– Para contextualizar un poco, el trabajo de ahí es un trabajo de oficina sin más contratiempos ni presiones…
– Exacto, en líneas generales es así. Las Defensorías lo que hacen es asistir a la gente que está en juicio y no tiene el dinero para poder pagarse un abogado particular. Entonces se hace el seguimiento de esas causas, se patrocina a la gente de escasos recursos, de los sectores más vulnerables, así que en líneas generales podríamos decir que sí, si bien es un trabajo legal y jurídico.
– ¿Cuál es la función que debería cumplir Ramiro Sánchez Correa como Defensor Oficial?
– El está a cargo de la Defensoría, es quien toma las decisiones respecto a cuáles son las pautas o trabajos a seguir en la defensa de la gente de bajos recursos económicos. Tiene que dar las directivas claras y precisas de trabajo, tratar de generar un buen clima y ambiente laboral y distribuir la tareas de manera equitativa. En estas cuestiones es donde evidentemente estuvo fallando el Defensor, porque también sobrecargaba de trabajo a unos y a otros les quitaba completamente sus tareas, a fin de humillarlos, de hacerles un vacío dentro de la oficina.
Así que es indudable que su rol no lo está cumpliendo como la Constitución lo manda y para lo cual juró sobre ella.
– Imagino que deben haber tenido reuniones con Sánchez Correa, ¿Qué explicaciones les da sobre sus actitudes?
– Sí, hubo reuniones con él, hemos intentado resolver estas cuestiones por la vía del diálogo. También hemos mantenido reuniones en el ámbito de la Defensoría General, que en definitiva son sus superiores jerárquicos, pero él niega todo, dice que él no hace las cosas que estamos denunciando. Está en una posición de negador total de la situación. Ahora, nosotros tenemos grabaciones que nos han aportado los compañeros, que acreditan los insultos y gritos que él propinaba. Así que evidentemente tiene una personalidad particular.
– ¿Cómo fue elegido en su cargo?
– En principio por concurso público y abierto, donde se rinde exámenes, se realizan entrevistas personales y debería hacerse un psico-técnico. El tema es que muchas veces esos circuitos fallan, hay muchas veces también favores de por medio, padrinazgos políticos donde ciertas cosas por ahí son dejadas de lado o vistas más de reojo, para que ciertos candidatos puedan ir subiendo en el ranking hasta llegar a ser elegidos y ahí se propone una terna y son designados.
– Una vez hecha esta denuncia, ¿Qué expectativas tienen?
– Nosotros estamos pidiendo que se investigue a fondo esta situación, que se llegue al Jury de enjuiciamiento que es el procedimiento para poder remover a jueces, fiscales y defensores porque entendemos que están acreditadas las causales de mal desempeño, que es lo que prevé la Constitución para poder remover a magistrados. A parte, acá estamos pidiendo la aplicación de la Ley de Violencia Laboral, que es la Ley 1225 de la Ciudad de Buenos Aires, donde precisamente contempla que probada la violencia laboral, procede la remoción de los magistrados mediante el procedimiento de Jury, así que eso es lo que estamos solicitando. Estamos pidiendo su remoción.
Nos estamos encontrando con la protección de la corporación judicial, que han sacado incluso un comunicado protegiéndolo o amparándolo a él, sin condenar las prácticas violentas, sin condenar la violencia de género. Nosotros entendemos que el Consejo debiera soltarse de estas ataduras políticas, de estas ataduras corporativas y avanzar sobre la verdad y de una buena vez por todas dar un claro mensaje de que estas situaciones no pueden repetirse en el ámbito de la Ciudad.
Si encaran por el sumario administrativo, que solo tiene como una máxima pena el descuento de haberes del 30 por ciento durante 6 meses, pero que esta persona pueda seguir trabajando todo ese tiempo con la posibilidad de seguir maltratando a la gente, nos parece que eso es una tomada de pelo, y va a seguir afectando en la salud a todos estos compañeros.
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