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El espacio de unidad que promueve la Federación Judicial Argentina (FJA) junto a una decena de organizaciones sindicales estatales y de las Empresas Públicas, emitieron un comunicado donde rechazan el Mega DNU y la Ley Ómnibus impulsadas desde el gabinete de Javier Milei. Para defender los puestos de trabajo y los sectores estratégicos del Estado amenazados por el desguace del proyecto neoliberal, convocan una Jornada Nacional de Lucha en Defensa del Estado este 15 de enero y respaldan el paro y la movilización convocados por las centrales obreras para el día 24.

Este miércoles 3 de enero volvió a encontrar a lxs principales dirigentxs sindicales de  judiciales, estatales, docentes universitarios, profesionales de la salud, bancarixs, portuarios, trabajadorxs de la energía, de vialidad, entre otros, quienes definieron un plan de acción el cual expresaron en un comunicado enviado a la prensa:

CONSTRUIR MOVILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN CONTRA LA OFENSIVA DEL GOBIERNO DE MILEI

¡¡¡Vamos al Paro General del 24 de enero!!!
¡Jornada Nacional de Lucha en Defensa del Estado y el Empleo Público el 15 de enero!

El espacio de Organizaciones Sindicales del Estado y de las Empresas Públicas, en el que venimos confluyendo ante la ofensiva gubernamental privatizadora, que ataca la soberanía ante el intento de vender las empresas públicas y otras entregas de nuestros bienes comunes, que ataca el empleo público y los derechos sociales, y en el que se pretende destruir al Estado Nación y nuestra Patria, tras analizar las diversas agresiones expresadas en:

a) los anuncios del ministro de Economía, especialmente la devaluación del dólar con la consiguiente pulverización del salario real y los ingresos de la clase trabajadora, la liberación de los precios y un brutal plan de ajuste que se descarga sobre la mayoría empobrecida de nuestro pueblo;
b) el ‘Mega DNU’ N° 70 de desregulación económica, anunciado por Milei, que rige desde el 29/12 con excepción de su Título IV y empeora sustancialmente las condiciones de vida del pueblo trabajador;
c) el Decreto N° 84 que cesantea a más de 7.000 compañeros y compañeras del Estado y pone en vilo la estabilidad de más de 35.000 puestos de trabajo, y la incertidumbre que representa para los y las trabajadores y trabajadoras de los sectores, áreas y empresas públicas que se pretenden cerrar o privatizar.
d) la ‘Ley Ómnibus’ y el paquete de Leyes con los que pretende retrotraer la organización económica y política a más de un siglo atrás, cuando dominaba de manera antidemocrática el bloque oligárquico imperialista bajo estado de sitio, y en la que se entrega la soberanía de nuestro país en múltiples aspectos.
e) el protocolo ‘anti-protesta’ de la ministra de Seguridad, para afirmar que el ajuste y la regresiva reestructuración no pasa sin represión estatal. Rechazamos la iniciativa política del poder concentrado, directo beneficiado del accionar del gobierno Milei y de sus aliados, al tiempo que destacamos la inmediata movilización popular a todo nivel, muy especialmente del movimiento obrero a través de las centrales sindicales que definieron convocatorias para el pasado 27 de diciembre y las venideras del 15/1 en Defensa del Estado y del Empleo Público y un PARO GENERAL y MOVILIZACIÓN para el 24/1, que nos comprometemos a construir en todo el país.

Destacamos la oportuna presentación de múltiples amparos ante la justicia y las resoluciones que suspenden las reaccionarias medidas asumidas en contra de los derechos laborales asumidas en resoluciones judiciales en respuesta al amparo de la CGT y de las CTA’s. A su vez, repudiamos las cesantías operadas y profundizaremos las medidas de lucha para evitar la continuidad de los despidos en defensa de las trabajadoras y los trabajadores.

Seguimos construyendo unidad, lucha y organización. Nuestra próxima reunión el martes 9 de enero en Rincón 74, CABA.

Organizaciones convocantes: Federación Judicial Argentina (FJA), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA); Federación de Trabajadores de la Energía de la RA (FETERA); Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la RA (FESPROSA); Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADU-H); Federación de Profesionales del GCBA; Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO); Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP); Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA); Sindicato de Trabajadorxs de Entidades Bancarias y Financieras (SITEBA); Asociación de Psicólogos del GCBA (APGCABA); Asociación Civil de Profesionales de Antropología, Comunicación, Sociología y Afines (APACSA); Asociación Profesional de Dietistas Nutricionistas y Licenciados en Nutrición del GCBA (ANDYLMU); Asociación Judicial Bonaerense (AJB); Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR); Asociación de Empleados y Funcionarios del PJN (AEyFPJN).

El espacio multisectorial que integra la Federación Judicial Argentina (FJA) junto a setenta organizaciones sindicales, sociales, feministas, culturales y de DD.HH. como la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Asociación de Abogadxs Laboralistas (AAL), la Asamblea Permanente por los DD.HH. (APDH), la Liga Argentina por los DD.HH. (LADH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y referentes como Adolfo Pérez Esquivel, Nelly Minyersky, Eduardo Barcesat, el Padre ‘Paco’ Olveira, y Sabina Frederic entre otrxs, presentó un amparo contra el Decretazo del presidente Javier Milei, alegando fallas jurídicas graves y un ataque directo a la Constitución Nacional.

La Red se conformó a mediados de diciembre en la sede central de la Federación Judicial Argentina (FJA), con el objetivo de intervenir ante el devenir institucional y resguardar los derechos elementales de la ciudadanía para el período entrante. En menos de un mes de vida, el espacio tuvo que acelerar las acciones ante el avance sobre distintos sectores del nuevo Gabinete.

Es el caso del Decretazo de Milei que busca realizar una reforma constitucional pasando por encima de las Cámaras Legislativas y al Poder Judicial. Ante esta situación, la Red presentó el amparo que se suma a las dos Provincias, quinientos municipios, profesores de derecho constitucional, personalidades públicas, la CGT, la CTA-A y la CTA-T, colectivos y organizaciones sociales que ya han promovido acciones judiciales contra el DNU de Milei.

La FJA se presenta como una de las entidades firmantes, a través de su secretario general Matías Fachal, la cual va a acompañada por la de Claudia Rocca por la Asociación Argentina de Juristas (AAJ), Cynthia Benzion por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), entre otras organizaciones como el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y con el patrocinio de Eduardo Barcesat y otros abogados constitucionalistas, y tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3.

El texto fue acompañado por una gacetilla de prensa, la cual reza que “Milei no viene a gobernar ni a debatir, viene a dictar el país que las corporaciones quieren”, y la declaración de inconstitucionalidad de DNU en razón de “la violación del orden jurídico constitucional” y la vulneración de lo dispuesto por “los artículos 1, 4, 5, 9, 14, 14bis, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 41, 75 íntegro, y 100 en particular inciso 13 ss y ccs de la Constitución Nacional; ley 26.122, doctrina inequívoca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El espacio que reúne a organizaciones sindicales estatales y de las Empresas Públicas se dieron cita nuevamente en la sede central de la Federación Judicial Argentina (FJA), con el objetivo de profundizar una agenda común a la hora de defender los puestos de trabajo y los sectores estratégicos del Estado que resisten el desguace del proyecto de gobierno de Milei. A tal fin, respaldan el paro y movilización convocado por las centrales obreras del 24/01 y promueven una Jornada Nacional de Lucha en Defensa del Estado para el día 15 de enero.

Este miércoles 3 de enero volvió a encontrar a lxs principales dirigentxs sindicales de distintos sectores, niveles y poderes del Estado y de las Empresas Públicas, para debatir y articular políticas y acciones comunes en defensa de lxs trabajadorxs ante el programa del nuevo gobierno que a través del Decretazo y el proyecto de Ley “Ómnibus”, busca transformar la estructura socioeconómica del país en favor del capital concentrado y de las grandes empresas trasnacionales.

En tal sentido, representantes sindicales de judiciales, estatales, docentes universitarios, profesionales de la salud, bancarixs, portuarios, trabajadorxs de la energía, de vialidad, entre otros, analizaron las medidas asumidas por el nuevo Gabinete y la respuesta espontánea que dio una parte importante del pueblo, que se tradujo en diferentes cacerolazos en todos los rincones del país.

El inicio de año marcó el carácter profundamente inhumano del nuevo gobierno, dejando a cientos de familias en la calle a lo largo y ancho del país, y que devaluó un 118% el dólar y redujo un 50% de la capacidad de compra de los salarios en medio de las fiestas, lo que marcó un magro fin de año y un comienzo para este 2024 con excesivos aumentos en los combustibles y en el transporte. De ese modo, el conjunto de espacios buscará imprimirle un carácter fundamental al paro general y movilización del 24 de enero convocado por las tres centrales obreras.

A su vez, es transversal a todxs el acompañamiento a la convocatoria de ATE para el 15 de enero, acciones que se expresarán de distintas maneras en todo el país para exponer los despidos, cierres de sectores y el congelamiento salarial que impulsa Milei, para lo cual, desde este espacio intersindical, se promueve una Jornada Nacional de Lucha en Defensa del Estado en esa fecha a la cual sumarse.

Entre las organizaciones participantes del Espacio sindical se encuentran la Federación Judicial Argentina (FJA), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA); Federación de Trabajadores de la Energía de la R.A. (FETERA); Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la R.A. (FESPROSA); Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADU-H); Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO); Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP); Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA); Sindicato de Trabajadorxs de Entidades Bancarias y Financieras (SITEBA); Asociación de Psicólogos del Gobierno de la CABA (APGCABA); Asociación Civil de Profesionales de Antropología, Comunicación, Sociología y Afines (APACSA); Asociación Profesional de Dietistas Nutricionistas y Licenciados en Nutrición del GCBA (ANDYLMU); Asociación Judicial Bonaerense (AJB); Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR); Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEyFPJN).

La Federación Judicial Argentina (FJA) resolvió declarar una Jornada Nacional de Lucha y adherir a la movilización de este miércoles 27 de diciembre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a las 11hs., en la convocatoria que lanzaron las tres centrales sindicales y un conjunto masivo de organizaciones sociales para exigir que la Corte rechace por inconstitucional el ‘Decretazo’ del gobierno nacional. el punto de encuentro es en Talcahuano y Lavalle,

La FJA definió acompañar la movilización del conjunto de la clase trabajadora para rechazar  la regresión en materia de derechos que representa el DNU anunciado por el presidente Javier Milei, el profundo ajuste del plan económico del ministro Luis Caputo, como también el disciplinamiento que busca imponer el protocolo ‘antiprotesta’ de la ministra Bullrich. La intención del gobierno nacional es aplicar una reforma estructural que va en detrimento del conjunto de la sociedad y en favor de un pequeño grupo de empresas monopólicas transnacionales, acallando todas aquellas voces que buscarán impedir la pérdida de patrimonio nacional y de derechos históricos que aseguran un piso mínimo de dignidad para las mayorías.

A su vez, se está avasallando con el funcionamiento de la institucionalidad democrática, donde el ejecutivo toma atribuciones que saltean la discusión en el Congreso Nacional y pasa por arriba al Poder Judicial. Las reformas pretendidas no es seguro que pasen de ser discutidas en las instancias democráticas, tal es el caso de la reforma laboral que destruye en la práctica la Ley de Contrato de Trabajo.

“Vamos a enfrentar este ajuste económico, la reforma laboral que pretenden imponer, y el saqueo que en definitiva nos están haciendo a todos los argentinos y argentinas; porque las empresas públicas nacionales y los bienes naturales comunes pertenecen al conjunto de quienes habitamos este suelo, y no a un presidente de turno o a tal o cual fuerza política” sostuvo Matías Fachal, secretario general de la FJA.

La Federación Judicial Argentina (FJA) rechaza terminantemente el ‘Mega Decreto’ presidencial, no solo porque se trata de una decisión manifiestamente ilegal, en tanto se atribuye facultades que no son propias del Poder Ejecutivo, sino también, en cuanto a que su contenido, sumamente regresivo, pretende revertir conquistas históricas del pueblo y los trabajadores y trabajadoras argentinas, que hay constituido pilares básicos de nuestro modelo de sociedad.

El llamado Decreto de Necesidad y Urgencia emitido ayer por el Presidente Milei representa un avasallamiento flagrante al Estado de Derecho, la Constitución Nacional, la división de poderes y un ataque a derechos básicos de la ciudadanía, no solo en materia laboral, previsional y sindical, sino también alimenticia, de salud, de vivienda y educación, y además a lo que nos pertenece a todxs lxs argentinxs: los bienes comunes naturales y las empresas públicas nacionales. Es, en consecuencia, la agresión más grave a la institucionalidad democrática después de lo acaecido bajo la última dictadura cívico militar.

Lamentablemente no era algo fuera de las previsiones. El actual Presidente se había pronunciado en numerosas oportunidades durante la campaña electoral y desde su asunción en contra de la Constitución Nacional y la Democracia, y había adelantado gran parte de su menú ultra derechista y neoliberal. Pero frente a la iniciativa concreta, la reacción popular no se hizo esperar.

Los cacerolazos y marchas en todo el país fueron la primera respuesta espontánea del Pueblo que, además de rechazar las medidas, exigió, como corresponde, que las organizaciones representativas del movimiento obrero, las organizaciones sociales en general, los partidos políticos, los diputados y senadores, nacionales y provinciales, se pongan al frente de la resistencia.

Contra esta avanzada antidemocrática y antipopular del presidente Milei opondremos la voluntad popular y democrática de resistir el autoritarismo y esta Federación Judicial Argentina (FJA) se declara en estado de alerta y movilización permanente, para lo que se convoca en sesión para este viernes 22 de diciembre a su Mesa Directiva Nacional y al Consejo Superior para determinar las acciones a seguir. Los y las judiciales estaremos a la altura del desafío y en la primera línea de la resistencia.

El espacio que integra la Federación Judicial Argentina junto a decenas de referentes y organizaciones sociales, sindicales, de DDHH, juristas y de la abogacía, elaboró un documento que fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al conjunto de parlamentarios del Congreso Nacional, alertando sobre el agravamiento en torno al funcionamiento del Poder Ejecutivo sobre los otros Poderes y la necesidad de sostener la defensa de la Constitución.

El documento fue elevado por mesa de entrada este lunes 19 de diciembre, enviado tanto al Congreso Nacional como a la Corte Suprema. El mismo fue acompañado por una gacetilla de prensa que se difundió por distintos medios y que lleva la firma de personalidades destacadas, como el premio Nobel Adolfo Perez Esquivel y organizaciones como el CELS y CORREPI.

El documento:

Firman e integran la RED FEDERAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA:

Adolfo Pérez Esquivel; Nelly Minyerski; Eduardo Barcesat; Atilio Borón, Padre ‘Paco’ Olveira; María Laura Garrigós; Federación Judicial Argentina (FJA); Asociación Americana de Juristas (AAJ); CTA Autónoma; Justicia Legítima; Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL); Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Instituto Espacio para la Memoria (IEM); Liberpueblo; Asociación Latinoamericana de jueces del trabajo; Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL); Corriente de abogados laboralistas “7 de Julio”; Abogados Laboralistas de Rosario; Jueces de la Doctrina Franciscana; La Gremial de Abogados y Abogadas; Grupo de Curas en Opción por los Pobres; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); Pastoral Social Evangélica (PSE); Nace un Derecho; Frente de Abogados AABA; Corriente de Abogados Porteños; Grupo de Litigio; Red de Medios Digitales; Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria; Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE); Federación Nacional Territorial (FENAT); Federación Trabajadores de la Energía (FETERA); Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADUH); DD.HH. San Oscar Romero Isla Maciel; Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH); Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia; Secretaría DD.HH. Municipalidad de Avellaneda; Dirección DD.HH. Municipalidad de Moreno; Red en Defensa de la Humanidad; Frente 22 de Agosto; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH); Colectiva Andina; Espacio para la Memoria Virrey Ceballos; Abogados Peronistas de Moreno; UTED Secretaría de DD.HH.; Mesa Coordinadora Nacional de Jubilades y Pensionades; MESM; Instituto EnFoco de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencias; Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; El Grito del Sur; Campaña Nacional por la Reforma Judicial Feminista; Frente de Abogados Populares Cámpora; ATTAC Argentina; Corriente Nacional Martín Fierro; Llamamiento Argentino Judío; Proyecto Generar; Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP); Grupo de Investigación Facultad Filosofía y Letras; Asociación Educación y Solidaridad-Francia; IEF-CTAA Monitor de Respuestas Represivas a la Protesta Social; Equipo Jurídico de CTA-A Capital.

El espacio, que contiene más de 60 gremios de variadas ramas y sectores, fue el principal impulsor de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias aprobada por el Congreso Nacional el pasado 19 de septiembre, que evitaba que el régimen impositivo recaiga sobre un millón de trabajadores. En un comunicado publicado el 18 de diciembre la Mesa Sindical advierte que no permitirá que se retroceda en la modificación ante las declaraciones públicas de distintos dirigentes del gobierno de Milei.

El espacio de coordinación de gremios de los más variados sectores del sindicalismo y que integra la Federación Judicial Argentina (FJA), asegura en comunicado que volver para atrás con la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias implicaría profundizar una situación regresiva para el sueldo de lxs trabajadores en un marco donde la inflación y la devaluación ya mermó significativamente los ingresos.

“Nos uniremos, nos movilizaremos y lucharemos por consolidar la derogación del impuesto a las gananciasde la cuarta categoría y de restablecer la poda salarial a un millón y medio de trabajadores/as mediante un mecanismo de coerción instituciona”, así finaliza el documento emitido.

El comunicado completo:

Sí hay plata. No la tenemos los trabajadores/as.

El salario no fue, no es ni será ganancia.

El gobierno y una mayoría de gobernadores intentan poner sobre las espaldas de los trabajadores/as la resolución de una crisis que se profundizó estos últimos días. El primer intento conjunto es restablecer el injusto impuesto a las ganancias contradiciendo el propio voto a favor de su derogación que consumaron los actuales presidente y vicepresidenta en su condición de diputados en la sesión del 19/9/2023.

“Antes que subir los impuestos, me corto un brazo”, dijo el presidente en la campaña. Hoy, que ejerce la primera magistratura intenta desdecirse con la anuencia de algunos gobernadores.

La excusa es la falta de recursos y que el impuesto era coparticipable.

En primer lugar, los gobernadores saben perfectamente quienes son los actores económicos que tienen ganancias y rentas extraordinarias para equilibrar sus presupuestos en cada distrito.

En segundo lugar, la Constitución reformada en 1994 habilitó al sistema político a aprobar una nueva ley de coparticipación federal. Durante 30 años evadieron el tema y ahora pretenden cobrárselo a un millón y medio de trabajadores/as que luchamos democráticamente para defender nuestros salarios.

Además, desde el gobierno nacional nos quieren convencer de que una inflación del 250% anual es mejor que una de 160%, que los aumentos siderales y diarios de precios son un signo de salud económica, que el dólar a $800 pesos no trae consecuencias, que los despidos masivos o suspensiones son una solución, que la quita de derechos laborales es virtuosa (como en la época del menemismo en que terminamos con 20 millones de pobres), que emplear la violencia para enfrentar la protesta social es racional y que la estanflación es una secuela inevitable que las mayorías debemos aceptar con resignación.

Son premisas que no aceptaremos. Hay otros caminos porque hay plata. La siguen  teniendo unos pocos.

La Mesa Sindical se constituyó para la eliminación del impuesto a las ganancias. Durante años argumentamos y demostramos la invalidez de dicho gravamen. Logramos el objetivo usando todas las herramientas que nos brinda la democracia. Construimos consensos con paciencia, solidez y firmeza.

No es legítimo que nos pretendan quitar esa conquista porque no tienen voluntad política de cobrar el impuesto a quienes tienen ganancias, rentas extraordinarias o beneficios de la especulación financiera.

No es legítimo que usen a los trabajadores como chivos expiatorios por su incapacidad para acordar un nuevo reparto de impuestos existentes entre las provincias y el estado nacional.

Los trabajadores/as no fugamos, no especulamos ni evadimos. Sufrimos las consecuencias de políticas erróneas que exacerban nuestras debilidades a pesar de la abundancia de recursos materiales y humanos. Es más: estos meses volcamos nuestra mejora salarial al mercado interno.

Desde la Mesa Sindical comunicamos nuestra oposición al intento antidemocrático de revertir la derogación de la cuarta categoría y de restablecer la poda salarial a un millón y medio de trabajadores/as mediante un mecanismo de coerción institucional.

Nos uniremos, nos movilizaremos y lucharemos por consolidar la derogación del impuesto a las ganancias que significa una rebaja salarial y lograr un aumento del salario mínimo, vital y móvil.

APSEE – APSAI – APSMBA – APJBO – APDFA – CEPETEL – Asoc. Judicial Bonaerense – Federación Judicial Argentina (FJA) – APJ GAS – SIPREBA – FAPJRA – APJ Televisión Pública – ABP Buzos – ASIJEMIN – Asociación Bancaria – APS Mercedes Benz – SEC (Rama Peajes) – UPJ Bco. Pcia. Bs. As. – CTERA – FTCIODyARA (Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de R.A) – FOETRA Bs. As. – UPJET – SECASFPI – SOEPU – FGB – AGTSyP – ASSRA – APDESBA – UJPe Petroquímicos de B. Blanca – APJ CABA – APLA – AEPJN – FETERA – Sind. Químico Papelero de Cap. Bermúdez – SOERM – FESPROSA – SITRAJU – SUTEPA – UTI – Sindicato Químico San Lorenzo – Sindicato Obreros Curtidores – SECEIC – AMS Casinos Pcia. Bs. As. – Luz y Fuerza La Pampa – Luz y Fuerza Zárate – Luz y Fuerza Mar del Plata – OTECH – APCNEAN – ATE CNEA – STIGAS CABA y GBA – La Plata – Mar del Plata – Neuquén-Rio Negro y Patagonia Sur – Asociación de Médicos Municipales CABA – Federación de Profesionales de la Salud del GCABA –  Sindicato N.Or.T.E Rosario – AGAE – Asociación de Médicos de la Actividad Privada – ATE Hospital Nacional Laura Bonaparte – FAGDUT – APJM de Rafaela – ADUBA – ATILRA – UOGC – Festram – Sucmra – Sagam

Hoy 15 de diciembre se desarrolló la segunda reunión de gremios de distintos sectores, niveles y poderes del Estado y de las empresas públicas, pertenecientes a las diferentes centrales, profundizando las lecturas a partir del cambio de etapa ante la asunción del nuevo gobierno nacional y plan de ajuste. La unidad es el único camino para resistir el paquete económico presentado por Luis Caputo y los anuncios represivos lanzados por Patricia Bullrich.

Continuando con el camino que se inició el pasado 5 de diciembre, sindicatos y federaciones del trabajadorxs de las diversas áreas del Estado y empresas públicas se reunieron nuevamente en la sede central de la Federación Judicial Argentina (FJA) para compartir los diagnósticos de situación y análisis de las medidas económicas y represivas presentadas por el actual gobierno, con el objetivo de defender en conjunto los puestos de trabajo y los sectores estratégicos del Estado que Javier Milei con el patrocinio de Mauricio Macri buscan desmantelar, a la par de enfrentar el ajuste inflacionario y devaluatorio que pulveriza los salarios y el poder adquisitivo.

La reunión la inició Matías Fachal, secretario general de la organización anfitriona, y continuó con un informe elaborado por el economista Julio Gambina, director académico del Centro de Estudios y Formación de la FJA (CEFJA), centrado en las principales variables de ajuste económico que el gobierno entrante proyecta y que empalman con lo anunciado por el Ministro de Economía Luis Caputo. Lo propio se llevó a cabo por uno de los asesores jurídicos de la FJA, el abogado Ulises Gorini, respecto al Protocolo “antiprotesta” presentado en el día de ayer por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Luego se abrió el debate entre todxs lxs participantes.

De esta manera, representantes sindicales de judiciales, estatales, docentes universitarios, profesionales de la salud, bancarios, portuarios, trabajadores de la energía, de vialidad, entre otrxs, se preparan para abordar de conjunto los conflictos sectoriales que vendrán y pasar a construir mayores niveles de coordinación, organización y unidad entre lxs trabajadorxs de los diferentes estamentos del Estado, siendo muy auspicioso el espacio de debate y articulación que se viene gestando y en el cual ya se prevén próximas e importantes incorporaciones al mismo, habiéndose acordado emitir un comunicado en rechazo a las medidas gubernamentales y la convocatoria a una nueva reunión de este ámbito.

En la reunión de hoy se hicieron presentes la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA); Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asociación de Psicólogos del Gobierno de la CABA (APGCABA); Asociación Civil de Profesionales de Antropología, Comunicación, Sociología y Afines (APACSA); Sindicato de Trabajadorxs de Entidades Bancarias y Financieras (SITEBA); que se suman a los que ya venían participando con anterioridad: Federación Judicial Argentina (FJA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); Federación de Trabajadores de la Energía de la R.A. (FETERA); Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la R.A. (FESPROSA); Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADU-H); Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO); Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP); Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA); Asociación Judicial Bonaerense (AJB); Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR); Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEyFPJN); y de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL).

La Asociación Judicial de Catamarca (AJUCA) viene llevando a cabo distintas medidas de lucha exigiendo una recomposición salarial de acuerdo a la inflación, a la vez, se exige que el Ejecutivo no recorte el presupuesto provincial asignado al Poder Judicial. Denuncian un estado de emergencia de la mayoría de las oficinas judiciales de la provincia. Este último miércoles se movilizaron en el centro de la capital catamarqueña y la Federación Judicial Argentina (FJA) estuvo presente acompañando y solidarizándose a través del dirigente nacional Eduardo Alagastino.

La tensión entre el gobernador Jalil y la Corte de Justicia catamarqueña se profundizó en el último periodo a partir de un recorte anunciado por el Poder Ejecutivo de cara al presupuesto 2024. En el medio se encuentran lxs trabajadores judiciales de la provincia, quienes sienten día a día cómo su salario retrocede. Con el recorte, desde el gremio catamarqueño, denuncian la preocupación en torno al pago del salario de diciembre y del aguinaldo.

“Este proceso de recorte del presupuesto para el Poder Judicial viene desde el año 2013, aún así, desde el 2019 esta situación se agravó cada vez más. Para el 2024 el recorte alcanza el 30%, por lo que la situación es crítica, se pone realmente en peligro el funcionamiento total del Poder Judicial en la provincia”, afirmó Gustavo Carrizo, de la conducción de la AJUCA. “Está en riesgo el cobro del aguinaldo, y con la proyección actual, el Poder Judicial cuenta con fondos solamente para cubrir los sueldos hasta agosto durante el 2024”, finalizó.

La situación actual de las oficinas judiciales fue expuesta en un video difundido por redes sociales, donde se observa la forma precaria en la que lxs trabajadores del Poder Judicial de la provincia realizan sus tareas a diario, situación que se profundizará aún más en los meses venideros.

“Esta situación afecta no sólo nuestros salarios, sino que afecta a la división de los Poderes del Estado. Sin fondos, cada vez que el Poder Judicial necesite algo deberá recurrir a la predisposición del Ejecutivo para nuevas partidas. El objetivo es también la subordinación”, afirmó Cecilia Falcón, dirigente de lxs judiciales catamarqueñxs.

La FJA emitió este miércoles 13 de diciembre un comunicado firmado por su secretario general Matías Fachal, donde brinda apoyo a la lucha de lxs judiciales catamarqueños y que acompañará las distintas medidas asumidas por la AJUCA, la cual anunció que se profundizará el plan de lucha con marchas y el paro de actividades en todas las áreas de la Justicia.

A su vez, se hizo presente en la provincia Eduardo Alagastino, dirigente nacional de la FJA y secretario general de la Asociación Sindical de Empleados/as Judiciales de Santiago del Estero (ASEJ), junto a una delegación de esa organización: “Hemos acompañado la marcha de cientos de compañerxs a la Casa de Gobierno. He visto mucho compromiso y decisión en torno a que éste es el camino para defender a lxs trabajadores del Poder Judicial de la provincia. La verdad es que el Ejecutivo está exponiendo al conjunto de lxs trabajadores judiciales”.