Lxs judiciales de la provincia cuyana rechazaron el ofrecimiento unilateral del gobierno de Alfredo Cornejo, quien entonces decidió dar por cerrada la discusión. Con asambleas diarias y una seguidilla de paros, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Mendoza, filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), avanza con un plan de lucha por salarios dignos y presupuesto suficiente para el sector.

En Mendoza, lxs trabajadores judiciales, vieron los últimos meses cómo su salario fue perdiendo capacidad de compra sin sentir ninguna actualización. La discusión no sólo arrancó en un insuficiente 10%, sino que por decisión del Poder Ejecutivo provincial, se incluyó una cláusula de “paz social” donde se ofrece un bono equivalente a un 11% sólo en caso de que no se registre ninguna medida de fuerza gremial sin importar su causa u origen.

Esta situación extorsiva y el paso de los días con la discusión paritaria cerrada, fue generando un malestar sostenido entre lxs judiciales que desembocó en un estado casi permanente de participación, con varias asambleas masivas y una seguidilla de paros con adhesión casi absoluta.

“Nos encontramos con asambleas prácticamente diarias, las cuales ratifican todo lo actuado por la Comisión Directiva, y las cuales son impulsoras de las grandes movilizaciones que venimos realizando. Declaramos el estado de huelga del gremio, lo que implica la construcción de varios paros en el mes”, comentó Ricardo Babillón, secretario general del sindicato judicial mendocino.

“El gobernador está jugando con el salario de lxs judiciales y no lo vamos a permitir. Pero también sabemos que el aumento no es la única meta para el gremio mendocino. Queremos discutir salario y condiciones de trabajo con nuestra patronal directa: la Suprema Corte de Justicia de Mendoza”, finalizó Babillón.

Hoy 14 de mayo, lxs judiciales enrolados en el Sindicato de Trabajdorxs de Río Negro (SITRAJUR), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), se concentran en las oficinas judiciales de Viedma para luego marchar hacia la Legislatura provincial, en contra del proyecto que impulsa el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y que busca dejar sin efecto gran parte de la Ley 5009 de Convenciones Colectivas en el Poder Judicial de la provincia.

Cientos de trabajadores participaron de las medidas convocadas por el SITRAJUR para defender una de las conquistas históricas más importante para el gremio. Es que el proyecto 576/2023 amenaza con excluir a un tercio de los trabajadores judiciales de los derechos otorgados por la ley 5.009 de convenio colectivo y de la representación sindical. Una vez que corrió la noticia del ingreso al recinto del proyecto, desde el gremio se activaron todos los mecanismos para impedir su avance.

En ese sentido, además de las medidas de lucha asumidas, desde el SITRAJUR se emitió una nota a los diferentes bloques legislativos, convocándolos a discutir con el gremio con el fin de marcar lo regresivo del proyecto para las condiciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia y la confrontación directa con los derechos asegurados en el artículo 14bis de la Constitución Nacional. Lo propio realizó la FJA condenando este atropello a través de un comunicado firmado por su conducción y haciéndose presente en la ciudad de Viedma a través del dirigente de la Mesa Directiva Nacional, Daniel Peréz Guillén, y de uno de los asesores jurídicos de la entidad federativa, el Dr. Ulises Gorini.

“El planteo del proyecto es absurdo, un sindicato que no puede discutir salarios ni condiciones de trabajo, qué sentido tiene. El 30% de nuestros afiliados quedarían fuera del convenio, por lo que el apoyo a las medidas asumidas se siente y desde el gremio vamos a hacer todo lo posible para el Proyecto no avance porque claramente buscan cercenar nuestros derechos”, afirmó Emiliano Sanhueza, secretario general del SITRAJUR.

El Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), comienza una nueva semana de lucha en reclamo por la actualización salarial, luego del cese de tareas de horas que desplegaron diariamente desde el lunes pasado. Del mismo modo, se impulsaron distintas movilizaciones a los edificios judiciales en las tres circunscripciones de la provincia.

El reclamo de lxs trabajadorxs del Poder Judicial de San Luis irá en escalada según lo mandatado por las asambleas realizadas por el gremio, y las cuales, fueron masivas. Es que al día de hoy, el 60% de lxs judiciales en San Luis se encuentra por debajo de la línea de pobreza y la situación se agrava por la negativa del gobierno provincial a generar instancias de discusión en torno a la situación presupuestaria del Poder Judicial de San Luis.

Ésta semana se mantiene el cese de actividades de dos horas por día y se buscará desplegar diferentes movilizaciones locales como las ocurridas en la ciudad de Concarán y Villa Mercedes. Del mismo modo, el paro por sector comenzará en el Ministerio Público Fiscal de la provincia que contará solamente con una guardia mínima. La intención es ir sumando sectores y confluir en un paro total la semana entrante de no obtener respuestas.

La Federación Judicial Argentina (FJA) expresa su total rechazo al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Río Negro presentado por el Superior Tribunal de Justicia provincial que pretende avanzar sobre el derecho a la Negociación Colectiva y la representación sindical. A su vez, nos solidarizamos con las trabajadoras y trabajadores judiciales que se verían afectados por el mismo en caso de aprobarse. Ese proyecto pretende avasallar derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras tras años de lucha y avanza en una materia legislativa reservada sólo al Congreso de la Nación, ya que la misma es de índole federal. Además, afecta el principio de libertad sindical y el derecho de negociación colectiva de centenares de judiciales ríonegrinos/as. La circunstancia de atribuirse competencia legislativa en una materia de carácter federal constituye a la vez una irregularidad de tal gravedad que podría ser incluso denunciada ante otras instancias. Finalmente, exhortamos a que la Legislatura provincial reflexione sobre esta situación y no convierta en ley semejante atropello jurídico por lo que acompañamos la lucha para evitarlo que viene llevando adelante el Sindicato de Trabajadores/as Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) junto a sus representados/as.

Lxs judiciales sanjuaninos, convocadxs por la Unión Judicial de San Juan, filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), se encuentran desarrollando un plan de lucha por mejoras salariales. El miércoles 8 de mayo se movilizaron a la puerta de los Tribunales y el viernes 10 realizaron un ‘Ruidazo’, que fue masivo.

Luego de distintas presentaciones formales y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la Corte de Justicia de San Juan, lxs judiciales sanjuaninos decidieron profundizar las medidas adoptadas en el marco del plan de lucha que despliegan.

El conflicto estalló luego de que circulara la creación de un ítem que le da un plus de forma secreta sólo a los Administradores del Poder Judicial, quienes ya perciben los haberes más altos, dejando de lado todas las demandas que lxs trabajadores mantienen con la Corte de Justicia provincial. Como primera respuesta se declaró el Estado de Alerta y Movilización y se diagramó un esquema de medidas que irán desarrollándose de forma escalonada.

“Lo que ha hecho la Corte de Justicia de San Juan nos pone en la obligación de tomar medidas, porque se trata de una violación flagrante a las instancias de diálogo que manteniamos y también, en el actual contexto socioeconómico, afecta al conjunto de la sociedad” afirmó Sebastián López, secretario general de la Union Judicial de San Juan.

Entre las principales demandas del gremio se encuentra conseguir un sueldo mínimo de bolsillo que sobrepase la Canasta Básica, que se recupere el 25% acordado durante el 2023 que nunca se efectivizó, un fondo compensador para la jubilación del 82% móvil, entre otras.

La Federación Judicial Argentina (FJA) condena el ataque lesboodiante sucedido en el barrio de Barracas en la Ciudad de Buenos Aires, en el que un hombre arrojó una bomba casera en la habitación en la que vivían cuatro mujeres lesbianas. A raíz del ataque, tres de ellas -Pamela Cobos, Mercedes Figueroa y Andrea Amarante- fallecieron, mientras que Sofía Castro Riglos continúa internada con heridas de consideración. El Estado y el discurso de odio imperante en la sociedad son cómplices de este triple asesinato.

Las cuatro mujeres se encontraban en situación de vulnerabilidad estructural, dado que por su condición de género, sufrían ataques de odio y discriminación de manera sistemática. Responsabilizamos al Estado, no solo por la habilitación de los discursos de odio contra las personas lesbianas, travestis y trans, sino también por no brindar ninguna respuesta a la cantidad de denuncias que ellas habían realizado a raíz de los ataques que sufrían en su cotidianidad.

La violencia institucional ejercida desde los diferentes organismos estatales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, a los cuales todas ellas recurrieron en reiteradas oportunidades, solicitando asistencia por su situación habitacional, su condición de salud y por la falta de políticas públicas concretas llevaron a .la muerte de tres mujeres y la grave situación en que se encuentra la cuarta. Exigimos que se investigue no solo al atacante, sino también a todos los organismos estatales que atendieron los últimos años, las innumerables consultas/denuncias que realizaron y las respuestas (o ausencia de ellas).

Estamos ante la avanzada de la derecha fascista en la región, ante los discursos de odio apoyados desde los más altos niveles del Estado y ante una sociedad que da la espalda y mira para otro lado cuando se vulneran los derechos de las diversidades que viven en la Ciudad de Buenos Aires y en cualquier parte del país. Exigimos justicia para Pamela, Mercedes, Andrea y Sofía, el Estado es responsable.

Este lunes 13 de mayo se realizará una jornada nacional de recolección de firmas para avanzar con la campaña para anular el Decreto N° 70/23. La misma está organizada por un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, políticas, religiosas y culturales que conformaron una mesa de trabajo para construir distintas iniciativas contra el DNU. La Federación Judicial Argentina (FJA) es parte de esta iniciativa.

La actividad en la Ciudad de Buenos Aires se realizará en el Obelisco, de 14 a 17hs, con mesas, gazebos, pancartas y radio abierta, no sólo para continuar sumando firmas sino también para concientizar a la ciudadanía sobre los perjuicios que acarrea la vigencia del decreto en la vida cotidiana de la mayoría de la población. Esta misma actividad se realizará en las plazas de las principales ciudades del país.

Lxs judiciales nos venimos expresando en contra de este lesivo Decreto a través de los paros y movilizaciones en las cuales hemos adherido y convocado desde su dictado, como también a través de la presentaciones formales en estrados nacionales e internacionales y nuestra activa participación en la Red Federal por la Defensa de los DD.HH. y la Democracia y del Frente de Gremios Estatales y de las Empresas Públicas.

El DNU es la razón principal de que los alquileres, medicamentos, transporte, prepagas, luz, gas y agua sean impagables; avanza sobre la caída de los salarios, sobre los miles de despidos en el sector público y privado y en una reforma laboral que viola los derechos de los trabajadores y las trabajadoras; también avala la delegación de facultades a un gobierno que además es autoritario y represivo. Estamos en presencia de un DNU que intenta prácticamente reformar la Constitución por decreto.

A más de cuatro meses de su vigencia y tras el rechazo en la Cámara de Senadores de la Nación, y ante la falta de definición en la Cámara de Diputados, convocamos al conjunto de la comunidad a expresar con su firma el respaldo para terminar con un DNU que demuele las condiciones de vida e hipotecan el futuro de la sociedad argentina.

💪 Se acerca una nueva edición de los encuentros nacionales, y esta vez es más importante que nunca unir fuerzas 💪
Del 28 al 30 de junio, nos encontraremos en Buenos Aires para debatir y trazar estrategias frente a los desafíos de nuestra coyuntura
🌎 Enfrentamos una contraofensiva neoliberal y fascista, pero juntas podemos resistir y avanzar hacia la justicia con perspectiva de género.
¡Es hora de fortalecer nuestra agenda militante y democratizar el poder judicial! 💚
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JusticiaConPerspectivaDeGénero #DemocratizaciónJudicial #SindicalismoFeminista

📌 La Federación Judicial Argentina (FJA), de conformidad a lo resuelto por el Consejo Superior y su Mesa Directiva, adhiere y convoca este jueves 9 de mayo al Paro General de 24 horas dispuesto por las tres centrales sindicales contra las políticas de ajuste y saqueo del gobierno nacional y en defensa del empleo y la soberanía.

❕No al Mega DNU 70 – No a las Ley de Bases

❕Basta de despidos, ajuste y saqueo

❕Defendamos nuestros derechos laborales y la soberanía nacional

❕Recomposición Salarial para ganarle a la Inflación

❕Negociación Colectiva para lxs Judiciales de todo el país

❕No al Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de lxs trabajadorxs

El Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU), entidad afiliada a la Federación Judicial Argentina (FJA), comunicó que en todas las dependencias de la provincia desarrollarán diferentes medidas de lucha, reclamando que se recomponga el salario judicial, atrasado frente a la inflación. El Plan de Lucha se escalona a lo largo de tres semanas y comenzó hoy lunes 6 de mayo con un “cese de actividades” durante el periodo de dos horas.

Ante la falta de respuestas y de canales de diálogo, lxs judiciales puntanos avanzan con un Plan de Lucha aprobado en las asambleas de las tres circunscripciones judiciales de la provincia. El Plan de Lucha que impulsa el SIJUPU continuará durante toda la semana con el cese de tareas por el periodo de dos horas, mientras que se plantea el paro sectorial y un paro total para las siguientes semanas, de no obtener respuestas.

Luciano Cardarelli, secretario general del Sijupu, afirmó que “San Luis, es el único lugar en el que lxs judiciales aún no recibieron ningún tipo de actualización salarial. Desde noviembre que vemos como nuestro sueldo retrocede mes a mes. Hemos presentado un proyecto al Poder Ejecutivo, donde planteamos el estado presupuestario del Poder Judicial y ofrecemos posibles soluciones para resolver la situación antes de abril. Sin embargo, comenzamos mayo sin una respuesta y sin canales de diálogo”.

El proyecto, que lleva también la firma de los Colegios de Magistrados/as y Funcionarios/as de San Luis, propone que el sueldo de lxs judiciales supere la Canasta Básica Alimentaria de la provincia.

“Nuestro planteo es claro: el 60% de lxs judiciales en nuestra provincia se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Es un reclamo sentido en todo el Poder Judicial, las asambleas fueron masivas en todas las circunscripciones y, del mismo modo, el cese de tareas por dos horas no sólo se expresó con un alto acatamiento, sino con cientos de judiciales en los pasillos de todas las dependencias”, finalizó Cardarelli.