El Secretario General Federico cortelletti denunció que “las recientes notas publicadas configuran una nueva “operación de prensa”, en línea con el proyecto Justicia 2020 que promueve el gobierno nacional, que tiene por objeto desmontar derechos de los trabajadores como por ejemplo la jornada laboral.” “Se miente deliberadamente para predisponer a la “opinión pública” en contra de los empleados judiciales y los trabajadores en general para justificar posibles reformas que destruyan derechos laborales, e impongan recortes presupuestarios y ajuste.” concluyó.
En el comunicado Agepj argumenta que en las referidas notas periodísticas “se habla de un aumento en la planta de personal sin discriminar que cantidad corresponde a empleados y cuál a funcionarios y magistrados lo que es relevante al menos por dos motivos: los diferentes niveles salariales y los distintos montos de aporte jubilatorio de funcionarios y empleados.
En primer lugar, erróneamente se afirma en el artículo periodístico que el promedio salarial de los empleados de la justicia provincial es 99.000 pesos. llega a esa conclusión por que contabilizan juntos los salarios de magistrados con los de empleados. La realidad es que el promedio salarial de los empleados es de $35.000 pesos. Aunque hay que resaltar que las tres primeras categorías en la que revistan el 57 % de los empleados judiciales cobran menos de $ 27.000. Siendo el salario de un ingresante de $18.399,13.- . Los magistrados y funcionarios tienen por ley la Equiparación a los salarios de la justicia federal, los empleados no tenemos dicha ley, cobramos la pauta de aumento anual de la Corte Suprema sin estar equiparados (un empleado de la justicia nacional en el mismo cargo que uno de la justicia provincial cobra más salario).
En segundo término se suma que del salario de los empleados judiciales se detrae un 18 % para aportes jubilatorios mientras que la suma final que sale del bolsillo de magistrados es del 12% (aportan 22 % pero se devuelven un 10%) . A ello hay que agregar que los empleados judiciales no le provocamos déficit a la caja de jubilaciones, todo lo contrario: le aportamos 481 millones de pesos anuales de superavit (Resultan de la operación de sumar los aportes de los empleados judiciales y restarle las jubilaciones de empleados judiciales).
A su vez el Secretario Adjunto Adrián Valán expreso que “o por mailicia o por ignorancia se muestra como un gasto para el Estado el aumento de la planta de personal y no se considera que se han incorporado nuevas competencias, fueros y procesos, tales como la mediación, violencia familiar, narcotráfico, funciones de Fiscal Público Electoral, y el juzgamiento de las contravenciones por el dictado del nuevo Código de Faltas. A esto hay que sumar que con la implementación del nuevo código civil y comercial se han asignado nuevas competencias y se han creado dos nuevos juzgados de Familia que aún son insuficientes para dar respuesta adecuada.”
El comunicado concluye señalando ejemplos estadísticos elocuentes “comparar que las causas que ingresaron en 2005 para el fuero de familia fueron 1091 y en 2016 fueron 16.656 casusa, que en el año 2000 (que es el año que la periodista toma para iniciar la comparación) no existía ley de violencia familiar, en cambio en 2017 ingresaron al poder Judicial, 41.821 causas por Violencia Familiar o que en 2005 las causas que ingresaron al fuero laboral fueron 17.415 y en 2016 las causas ingresadas llegan a la cifra de 32.419”
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