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En horas de la tarde, tres personas entraron a robar en su casa. Adolfo se encontraba con su esposa y uno de sus nietos. Ninguno de los tres fue golpeado y se encuentran bien, pero fueron atados mientras se produjo el robo durante aproximadamente 45 minutos. Se llevaron dinero y diversos objetos de valor.

Estaban bien organizados; no eran principiantes. Los tres estaban bien vestidos, utilizaron guantes, hablaban correctamente, tenían el pelo corto y una contextura física cuidada.

Luego de la denuncia al 911, la policía llegó al domicilio para hacer los procedimientos correspondientes y el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, se comprometió a dedicar recursos a la investigación.

Es un hecho grave que debe investigarse y esclarecerse. Por esto, resulta imprescindible garantizar la seguridad y protección de los referentes del movimiento de derechos humanos, en este contexto marcado por la desaparición de Santiago Maldonado y otra serie de hechos que deben ser un alerta que el Gobierno esta obligado a escuchar.

Pablo Barreno, Secretario General de Sitrajur

En un comunicado de prensa, la Comisión Directiva recordó que Baquero tiene procesos penales pendientes ante las denuncias realizadas en su contra bajo la figura de abuso de poder, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por violación a la ley de ética pública, y el tratamiento del correspondiente juicio político en la sala acusadora de la Legislatura.

De la misma manera, agregaron desde el SITRAJUR, que “en la justicia algunos son más iguales que otros, existiendo jueces y funcionarios judiciales que recientemente fueron destituidos bajo los procesos vigentes”. En ese sentido, denunciaron la “desigualdad” ante la ley por el tratamiento diferenciado en este caso, “sobre todo si dicho proceso puede culminar en un evidente privilegio”.

Asimismo, señalaron que la “maniobra” le permitiría al Poder Ejecutivo provincial elegir al jefe/a del Ministerio Público “en un proceso de resguardo, ante la evidente fuga del poder político”.

En consecuencia, expresaron que “a los judiciales no les cabe ninguna duda, que la apertura de dicha vacante, traerá como consecuencia la disputa para la elección de su reemplazo a la medida del Poder Ejecutivo provincial”. “Desde el sindicato, como contrapartida, se reivindica la necesidad imperiosa de la democratizar la justicia tanto en el proceso de elección como de remoción de jueces con participación popular y de los trabajadores”.

Por último, concluyeron: “Más temprano que tarde se constituirá un punto de inflexión dentro del Poder Judicial cuando la Procuradora General deje su cargo, consolidando una contundente victoria de los trabajadores judiciales producto de la movilización permanente contra la precarización laboral, el nepotismo y el rotundo fracaso de la reforma del Código Procesal Penal”.

El pasado 26 de julio, la empresa de limpieza Distribon S.R.L. despidió sin causa a Teresa Avalos, de 56 años y con seis años de antigüedad, quien desempeñaba sus tareas en los Tribunales de San Martín.

Esta empresa se adjudicó en 2017 la licitación del servicio de limpieza del edificio central de Tribunales, reemplazando a la firma Manserga S.A.. En abril, Distribon S.R.L. forzó la renuncia de la totalidad de la planta de empleados y empleadas de la concesionaria anterior, bajo promesa de mantenerles el puesto de trabajo. Por medio de este artilugio empresarial, esos trabajadores y trabajadoras perdieron su derecho a la antigüedad.
Teresa se encontraba en esa situación, y su despido se consumó sin siquiera una indemnización, por encontrarse “legalmente” dentro de los tres meses del período de prueba.

Las empresas tercerizadas de limpieza, que pagan salarios de hambre a nuestros compañeros y compañeras $5.500 en promedio, se manejan con total impunidad, profundizando la ya vergonzosa precariedad laboral que vienen sufriendo sus trabajadores y trabajadoras. Maniobras fraudulentas como las de Distribon S.R.L.

se practican cotidianamente en los diecinueve departamentos judiciales de la provincia. Esto es posible porque la falta de control sobre esas empresas es parte de la política precarizadora del Estado provincial.

Fruto de la solidaridad de sus compañeros y compañeras judiciales, del activo involucramiento de la AJB, se logró la reincorporación de Teresa, que pasará a prestar funciones en otro edificio judicial. Es una gran noticia, que debe alegrarnos, pero al mismo tiempo debe hacernos tomar conciencia de la estafa que representa la flexibilización laboral y de la necesidad de una solución de fondo a este problema.

En ese camino, la AJB seguirá luchando incansablemente por el pase a la planta permanente del Poder Judicial de todos los trabajadores y las trabajadoras tercerizadas de limpieza.

En horas de la mañana del día jueves una delegación del sindicato salteño encabezada por el Secretario general, Oscar Lafuente, a la que se sumó el de la FJA, Hugo Blasco, fue recibida por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y uno de los vocales junto a funcionarias del STJ y del Ministerio Público.

En la oportunidad fueron planteados distintos temas entre los que se destacan el 82% móvil para las y los jubilados y el proyecto de Autarquía para el Poder Judicial.

El Plenario sesionó bajo la consigna ¡¡Aparición con vida de Santiago Maldonado, YA!!!

En relación al desarrollo del mismo se destaca como resolución más importante producto de un amplio debate la convocatoria a una Jornada nacional de protesta, en una fecha que se definirá en los próximos días, atento a las siguientes consignas: a) negociación colectiva nacional y provinciales; b) contra la precarización, flexibilización y tercerización laboral; c) defensa de los sistemas previsionales y de la seguridad social; d) por la Libertad sindical y e) contra la criminalización de la protesta social.

Finalizadas las deliberaciones las compañeras y compañeros participantes disfrutaron de un almuerzo en las instalaciones del sindicato en Campo Quijano.

A partir del consenso logrado tras varias horas de debate en la reunión de Comisión Directiva Provincial y plenario de Secretarios Generales llevada a cabo el día lunes, ayer los trabajadores y las trabajadoras judiciales decidieron en las asambleas realizadas en toda la provincia, suspender las medidas de acción directa durante dos semanas.

“Esta decisión reafirma la voluntad de diálogo que la AJB mantuvo a lo largo de estos seis meses de conflicto. A partir de esto, esperamos que el Ejecutivo proponga una negociación seria y responsable, donde podamos discutir un porcentaje de aumento similar al que acordó con otros sectores de trabajadores estatales”, sostuvo Pablo Abramovich, Secretario General de la AJB.

La resolución de la AJB exige para el sostenimiento de la suspensión de medidas que la Suprema Corte y la Procuración General dispongan la devolución de los descuentos por días de paro efectuados sobre los haberes del mes de agosto de miles de trabajadoras y trabajadores judiciales.

Asimismo, en las asambleas se dispuso que durante estas dos semanas se realizarán actividades a nivel local en los diecinueve departamentos judiciales asambleas, volanteadas, radios abiertas, tendientes a visibilizar la continuidad del conflicto salarial y a manifestar la responsabilidad que tiene el Ejecutivo de reabrir el diálogo y darle continuidad a la negociación.

Por último, también se debatió sobre la dirección que tomará el conflicto en caso de que fracase el proceso de negociación que debería abrirse a partir de la decisión tomada por la AJB.

En la puerta del Tribunal Superior de Justicia, Paula Sánchez, subsecretaria general del SEJuN expresó que “tanto el sistema de ingreso y la carrera judicial transparente, garantizan la democratización de las estructuras internas del Poder Judicial, sin embargo, con este nuevo mecanismo que se quiere implementar –que ya ha sido utilizado por otros poderes estatales- se profundiza la pérdida de independencia de la Justicia respecto del poder político”

Con concentraciones y asambleas en todas las circunscripciones judiciales, los y las trabajadoras resisten la implementación del acuerdo Nº 5636 que, según el sindicato, instituye el acomodo como mecanismo de ingreso a la Justicia.

En ese sentido definieron profundizar el reclamo realizando retención de tareas en los lugares de trabajo y convocando a asambleas por circunscripción para el próximo miércoles 13/9 a las 10 hs.

Finalmente Claudio Salazar, titular del sindicato expresó que “el ingreso a dedo implica en los hechos un retroceso en el proceso de democratización interna del Poder Judicial y va en sintonía con otras medidas tomadas por el TSJ que no hacen más que legitimar las políticas del gobierno de turno, priorizar intereses económicos y desconocer los derechos de los y las trabajadoras”

Mediante un comunicado explicaron que el proyecto “no es más que un mecanismo de atropello a las conquistas alcanzadas en en el ámbito natural de negociación; la paritaria”.

“Una vez más el Gobierno Provincial ataca a los trabajadores e intenta, contrariamente a su discurso, reducir los derechos de los trabajadores. Alarma el manoseo a la independencia de Poderes, a los convenios colectivos y a la autonomía de entes autárquicos”, indicaron.

“Rechazamos totalmente este proyecto, y exhortamos a los legisladores a leer la Constitución y a ponerse a trabajar seriamente para sacar a esta Provincia adelante”, finaliza el comunicado de la Comisión Directiva del Sindicato Judicial de Santa Cruz.