En el marco de las discusiones que desarrollan los estatales de la provincia, el electo gobernador Alfredo Cornejo, amenazó a los distintos gremios quienes proponen una actualización salarial que equipare la inflación anual. Ricardo Babillón, el también electo secretario general de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza (AGEyFPJM), rechazó las declaraciones y advirtió medidas por parte del sindicato adherido a la Federación Judicial Argentina (FJA).
La discusión paritaria en la provincia de Mendoza se encuentra trabada, a partir del desacuerdo entre los gremios estatales y la gobernación de la provincia. Rodolfo Suarez, próximo a culminar su cargo de gobernador, ofreció un aumento del 14% para noviembre, 14% para diciembre y del 5,8% para enero, febrero y marzo. Desde los distintos sindicatos del Estado provincial, entre ellos el judicial, expresaron que dicho ofrecimiento es insuficiente si se compara con la inflación anual provincial que es del 150%.
Ante este escenario, decidieron convocar asambleas para discutir qué medidas tomar, tal es el caso de lxs judiciales mendocinos. Ricardo Babillón, quien en los próximos días asumirá como secretario general de la AGEyFPJM, expresó que: “El sueldo de un judicial se va a ver incrementado en el 80% anual, mientras que la inflación hoy está calculada por los más optimistas del INDEC en 150 o 160% anual, llegando en muchos casos al 200% anual”.
Alfredo Cornejo -quien fue elegido gobernador en las recientes elecciones-, salió a presionar en el marco de la discusión que llevan adelante los trabajadorxs de la administración pública de Mendoza. «En mi gestión lo entendieron por las buenas o por las malas» dijo, en una declaración que tuvo una fuerte repercusión en lxs profesionales de la salud y en lxs trabajadores judiciales.
Por eso es que desde las organizaciones sindicales emitieron distintos comunicados denunciando la situación en que se encuentra la negociación paritaria y en cuanto a las declaraciones de Cornejo, apelando a que ataca directamente al derecho constitucional que obliga al gobierno provincial a acordar el salario de lxs trabajadores. Al mismo tiempo, discuten medidas de fuerza: «Por primera vez avizoramos que no vamos a tener un fin de año en paz, no vemos un fin de año con los juzgados abiertos», afirmó Babillón.