La asamblea tuvo la modalidad de una clase pública dictada por el Lic. Patricio Leone de la Red de Psicólogos y Psicólogas de Argentina y Alberto Agote de la
Comisión de Peritos de la Asociación Judicial Bonaerense.
Se desarrolló frente a Tribunales I sobre la calle Caseros y se trasmitió en directo a todo los tribunales del interior provincial que se plegaron a la medida de Fuerza.
La medida incluyó corte de calle y contó con la adhesión y participación de los Colegios Profesionales de Psicólogos, de Servicio Social, la Facultad de Trabajo Social de la U.N.C. y la legisladora Provincial Liliana Montero entre otros.
Los Equipos Técnicos del Poder Judicial, que están integrados por profesionales Psicólogos y Trabajadores Sociales, son los que intervienen – entre otros – en los casos de abuso sexual, violencia familiar, prisión domiciliaria, procesos de adopción, declaraciones de incapacidad, guardas judiciales y pre-adoptivas etc.
El reclamo gira en torno a la falta de respuesta del T.S.J. al viejo reclamo de
mayor reconocimiento hacia los profesionales que llevan adelante una tarea de gran responsabilidad y están en permanente contacto con el dolor y sufrimiento humano.
Se señala, entre otras cuestiones, que las profesionales en cuestión afrontan una gigantesca sobrecarga de trabajo, que hay déficit de personal, que deben soportar una permanente situación de violencia desde la propia institución que descarga sobre ellos la responsabilidad de marcos legales correctos –como la ley de violencia familiar- pero que no contemplan los recursos humanos y materiales para sostenerlos y que el porcentaje de contratados en los equipos técnicos es el más
alto de la planta.
EL SECRETARIO GENERAL FEDERICO CORTELLETTI expresó “Las y los profesionales de los equipos son compañeros que poseen una altísima capacitación para desarrollar su tarea, ingresan por concurso y con varios años de ejercicio y continúan permanentemente con su formación. Esto no es reconocido por el TSJ que los considera empleados de segunda, aún cuando responden con su firma por los dictámenes que elaboran.”
EL SECRETARIO ADJUNTO ADRIAN VALAN agregó “Es paradójico que profesionales que intervienen en casos de violencia deban padecer semejante nivel de violencia institucional desde la patronal. No se los reconoce y más aún: se los maltrata.
Todo esto ha sido planteado por las correspondientes vías de negociación pero la respuesta ha sido en el mejor de los casos el silencio, las mas de las veces la intimidación y los aprietes, por eso el martes estamos de asamblea provincial para exteriorizar este legítimo reclamo”