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EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Y COMO ¿FUNCIONA? EN CHUBUT

La resistimos, sentamos las bases de la Justicia que queríamos y de cómo debía ser implementada una reforma, que era necesaria sin duda, pero prevaleció, lo que suele prevalecer siempre, el poderío económico. Valga la autocrítica de que tal vez no supimos convencer a la sociedad de que era posible una justicia distinta, pero hicimos el intento, además no deja de ser una tarea titánica, más allá de establecer una posición, desde un gremio doblegar las pretensiones de los organismos de crédito que implementan ideologías neoliberales que luego se instauran y se sostienen con políticas de estado y operadores adeptos.

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Aún así, a siete años de instaurada la reforma en esta circunscripción vale la pena referenciar, para confirmar lo que ya había dicho hace tanto tiempo el Dr. Cortina, o la compañera Mooney, las cuestiones que han sucedido casi como una profecía.

Cuestiones sobre las que hicimos hincapié han ido sucediendo en mayor o menor medida sistemáticamente y en menos tiempo del esperado. Cuando conversábamos con los periodistas, luego de las manifestaciones resistiendo este nuevo sistema, solíamos decir, “esperemos unos años, ojalá nos equivoquemos y que esta reforma le sirva a la sociedad para estar más conforme con la justicia que se merece”. Muy lejos de eso, desde el mes de noviembre del año 2006, en que la máquina comenzó a funcionar en Chubut, la sociedad, parece ser, que no están conforme con la celeridad que se hacen las cosas, en mi humilde opinión y con solo la experiencia de 23 años trabajando en la justicia penal, se ha afectado la calidad de justicia, se dejan pasar cuestiones de fondo fundamentales para todo ser humano, como conciliar abusos sexuales, entre otros, las cárceles están abarrotadas de detenidos y las víctimas aumentan día a día.

Ya habíamos sostenido que esta reforma no iba a solucionar cuestiones de fondo, como la inseguridad, la desocupación, el hambre, la pobreza, etc., cuestiones que deben resolverse con políticas de estado, programas de prevención, fuentes de trabajo genuinas, etc. y no con una reforma de la estructura judicial y menos aún con objetivos tendientes a economizar recursos.

Algún periodista dijo que subestimábamos a la población, afirmando que al no estar informada y educada lo suficiente no iba a utilizar la herramienta, supuestamente garantista, que el nuevo código procesal les proveía: la querella privada, instituto aparentemente sobresaliente de la reforma. En siete años y más de 23.700 causas ingresadas al Ministerio Fiscal, 8 ingresaron por querellas privadas y 4 querellas públicas, ninguna de ciudadanos de escasos recursos económicos y las restantes del Defensor Jefe. Nos preguntamos, ¿estarán tan conformes con el “servicio” de justicia? ¿sabrá la población de que se trata?; la verdad es que tal cual lo dijimos, se estableció una justicia solo para los que pueden pagarla, se vende y se compra y la compra, por supuesto, el que puede.

La víctima que no tiene reconocimiento social, sea por cuestión económica, posición política, etc. no tiene la capacidad siquiera de iniciar querella privada, porque no tiene ni la información, ni la capacidad económica para costearla (una oficina gratuita de querellas privada). Dudoso es pensar que estén todos conformes con el archivo de la causa. Otras de las querellas fueron iniciadas por la defensa pública en representación de quienes han sido víctimas de las fuerzas policíacas. Es para pensar que ya casi no ingresan para investigar delitos contra la fuerza policial, cuando hace más de 20 años que las vejaciones eran unos de los delitos más denunciados. Y ahí culmina la utilización de la herramienta garantista del nuevo código, que a mi entender no cumplió con el objetivo loable, si es que lo tuvieron los autores de la reforma, de brindar garantía a quien no se sintió compensado por el bien jurídico dañado.

De más de 23.700 denuncias que ingresaron en el Ministerio Fiscal desde la puesta en marcha de ésta reforma, noviembre de 2006, en solo 2.770 se ha abierto la investigación, o sea que apenas supera el 10%, la mayoría se archivan por el vencimiento de los escasos seis meses que tiene el fiscal para culminar la investigación, en otras se homologan conciliaciones y se sobreseen, un poco menos del 12% se encuentran con condena desde el 1 de noviembre de 2006 a la fecha. Tema aparte merece el plazo de investigación que se le otorga a la Fiscalía con el escaso presupuesto que le otorgó el plan de reforma, para que no se pierda la calidad en las investigaciones, esto es, un buen plantel de peritos y auxiliares, materiales y demás que se requiera para brindar a la sociedad calidad de justicia.

Que no se entienda el éxito de la administración justicia en tanto existan muchas condenas; más castigo no resuelve los problemas de la sociedad, ni garantizan seguridad y trabajo, pero menos aún reformas de la Justicia con objetivos productivos y economicistas.

Pero ésta estadística pareciera ser que no es la relevante para los nuevos modelos, las personas que se encuentran detrás de las 23.000 denuncias menos aún, la gráfica que se publica, que se pondera y por la que terminamos siendo modelo a seguir, en base a la cual se dan conferencias hasta internacionales para seguir implementando este modelo, es la que dice que del 100% de las audiencias hay aproximadamente un 90% que se efectiviza, que las causas se clausuran en seis meses, que nada se resuelve por escrito, todo es oral, que las partes pueden asistir a las audiencias y “todos” pueden escuchar “todo”, las víctimas, la prensa, todos y más allá del resultado, la imagen es mucho mas prolija que cuando existían juzgados con 3.000 expedientes demorados, ahora los 3.000 están archivados en la fiscalía; poco importa si la víctima se sintió recompensada o no, si se le reparo a la sociedad por el bien jurídico que fue violentado, que las victimas no puedan costearse una querella privada, si le entendió o no le entendió al Juez, al fin y al cabo “estaba ahí”, “esta es la Justicia que el pueblo necesita”, transparente, poco importa el valor justicia como derecho humano, si la Oficina de Control y Gestión va a decir que la causa entró a las 7:30hs., se ingresó a las 7:45hs., se fijó audiencia para mínimo 7 días, se realizó la audiencia y en seis meses se terminó (sin importar ni la gente ni el resultado) y con los menores costos posibles!. Eso si que es sinónimo de celeridad y transparencia para este nuevo modelo.

No se hizo justicia, si se cumplieron los objetivos de menor tiempo, menor costo, transparencia, celeridad, etc. etc., entendidas desde objetivos económicos, claro; para resumir: PRODUCTIVIDAD, olvidemos la calidad. A veces pienso en que parte nos perdimos entre lo que corresponde “dar cada uno lo suyo” que profesaba Ulpiano, la Justicia como valor humano y lo que conviene y a quien.

Menos ayudó aún a los trabajadores, que han visto cambiadas sus condiciones trabajo, alteradas las condiciones de contratación sin consenso alguno como el horario de trabajo, los espacios físicos, precarizadas sus funciones, sin la capacitación adecuada, con pocos recursos económicos, desembocando en stress, problemas de salud, trabajando en lugares comunes, traduciéndose en la sobresaturación de algunos mientras otros son relegados al “ninguneo”, ya no existen los cargos, somos “unidades de…” , la macdonalización de esta nueva empresa, con las nuevas oficinas de producción, llamadas Agencias de Control de Gestión y se intenta romper con fundamentos de “ya no hay delegación” “solo hacen trabajo administrativo” cuando la delegación sigue existiendo en las fiscalías, en las asesorías, en la defensa y ahora no delegan lo jurisdiccional en la judicatura, mas si se delega toda la carga administrativa, absolutamente toda, a los trabajadores, mientras que los Directores y funcionarios no asumen la mas mínima responsabilidad al menos en la práctica diaria, con sistemas informáticos inconsultos, poco prácticos, engorrosos, que lejos de agilizar, obstaculizan la tarea produciendo esto un fuerte impacto en la tareas, en las funciones, en la salud del trabajador en general.

Se hace hincapié en la informatización, cuando en realidad no es necesario reformular la estructura judicial para informatizar y cuando a los hechos nos remitidos las máquinas siguen siendo lentas o no funcionan como debieran los sistemas, generando más recarga de tiempo, trabajo, stress, etc.

Creo que nos cabe, como trabajadores del Poder Judicial, antes de reformular nuevos cambios, la obligación de hacer una evaluación de los pro y los contra de éste sistema y reconocer en todo caso lo que sirve y lo que no. Entiendo que no sirvió a los nobles objetivos que el gremio ha pregonado, una mejor justicia para la sociedad, mejores condiciones de trabajo, seguridad, higiene, etc. Los trabajadores, en este sentido, llevamos todas las de perder, precarización de las tareas, de los espacios de trabajo, alteraciones físicas y psíquicas, sin capacitación, con el argumento de la no delegación se atacaron los sistemas porcentuales, cuando la mejor distribución de la riqueza y no del trabajo ha sido lo que ha sostenido nuestro sistema salarial, se afectó la carrera ya que quedaron los puestos estancos en los organismos, y los salarios siguen siendo permanentemente atacados en pos y por quienes más tienen en dinero y en cargos y cuando decimos mejor justicia, hablamos de calidad no de economización de los recursos.

No se descartan como positivo la oralidad y la publicidad de los actos, pero poco sirven a la democratización de la justicia y al acceso de los ciudadanos, cuando el sistema hacia dentro sigue siendo verticalista y autoritario y hacia fuera, la víctima más allá de escuchar al Juez y asistirle el derecho que le da el nuevo código, no puede costearse en lo penal una querella privada autónoma y sin duda, como punta de iceberg, debe prevalecer el valor JUSTICIA como derecho humano; ya que cuando se concilian abusos sexuales al menos quienes tenemos un poco de conciencia y sensibilidad nos cuestionamos la calidad de la justicia, tampoco vino a resolver la inseguridad, el hambre o la pobreza.

En tal caso podremos preguntarnos cuales eran los objetivos que los eruditos de esta reforma tuvieron en cuenta, me pregunto si en las mesas de trabajo solo estaban depositando sus ideas, sus principios y valores o tomaron como modelo los lineamientos que los organismos de crédito han impuesto a Latinoamérica para la justicia en pos de la seguridad económica de sus empresas y acaso delinearon esta nueva embestida sin saber que son estos quienes manejan los hilos y ellos, creyéndose protagonistas de la historia, son meras marionetas de un sistema, que a la larga o a la corta, va a derrumbarse, por su propio peso (así no funciona o habrá que pulirlo).

Debe servir esta experiencia, no menos traumática para la Justicia y para los trabajadores para abrir el debate antes de nuevos avances, determinar primero si son necesarios o no, si son necesarios, debemos estar alertas de cuales son los objetivos, los operadores, los creadores.

No se puede avanzar aún más con criterios productivos y economicistas cuando aún hay tantas carencias sin resolver, para adentro y para afuera; y abrir el debate significa a todos los operadores de éste sistema, a los trabajadores, a la gente, que somos parte y destinatarios. El acceso a la justicia no tiene que ver con que se atienda mejor a la gente, pueda ir a todas las audiencias, los ascensores funcionen bien, el juez le brinde explicaciones y se le haga llenar una encuesta; transparencia no solo se trata de “ver a través” de muchos vidrios, (nuevas oficinas) ver a los empleados, ver al Juez, ver al imputado, al defensor si el acceso está restringido porque las víctimas no pueden costear una querella privada o los fiscales no tienen los recursos suficientes para la investigación.

Si la reforma tiene que ser parte de un cambio debe volver a concebirse de otra manera, con otros objetivos, con otros operadores, reformas que reflejen cuanto se trabaja, cuanto se gasta, como optimizamos los recursos económicos, los “recursos” humanos, brinde seguridad jurídica a los grandes grupos económicos, la estadística de audiencias es impecable más allá del resultado; no creo que sea la respuesta que la sociedad necesita, menos aún los trabajadores.

Creo que los años de trabajo en la Justicia y de militancia me autorizan para hacer este humilde análisis, pero desde mi opinión, como ciudadana, como trabajadora judicial y en el atrevimiento del compromiso social que intento asumir para con el pueblo en general, me siento en la obligación (más allá de que parece imposible a veces detener este tsunami que comenzó por los 90 y arrasó con toda una generación, desde la cultura, la educación, la salud, la Justicia y Justicia con mayúscula porque en mi afán de ser una idealista todavía imagino para la gente una JUSTICIA de ojos vendados y balanza equilibrada, para dentro y para afuera de Tribunales;) de ser crítica y establecer una posición, llamar a la reflexión y al debate, que entre todos hagamos una evaluación y un análisis para un nuevo proyecto que tienda a la inclusión de todos y a la democratización.

Ya lo dijo el Dr. Cortina en su momento y sigue siendo necesario: “La justicia que necesitamos debe ser la obra de todos y no la imposición de los presuntos ilustrados y de los poderosos. …Debe oponérsele una alternativa.”

Si nuestra alternativa o al menos nuestros objetivos y las condiciones en que sentamos debía elaborarse una reforma fueron infructuosos, generemos desde la FJA y los gremios de base los cambios con propuestas concretas.

Cecilia Bagnato. Esquel, marzo de 2013. (SITRAJUCH).

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