Contará con el aporte de la psicóloga, escritora y periodista feminista Liliana Hendel, y de la Doctora en Filosofía, y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Maffía.
Apostamos a la construcción colectiva de saberes entre las diferentes compañeras, para lograr el desarrollo de herramientas que permitan seguir avanzando en la búsqueda de la paridad y equidad.
Luego de dos reuniones fallidas –abril y mayo- a las que lxs representantes del Ejecutivo provincial llegaron sin una propuesta salarial que permita revertir el deterioro salarial y ante la falta de una nueva convocatoria, las y los trabajadores judiciales decidieron darle continuidad al plan de acción implementado nuevas medidas.
Para esta semana la AJB convoca a un paro de 48 horas los días 12 y 13 de junio, en el marco del cual movilizará a la ciudad de La Plata junto a lxs trabajadores del estado –ATE- y lxs profesionales de la salud de la CICOP, en reclamo de una nueva convocatoria y salarios dignos para todxs lxs estatales.
Asimismo, dispuso una jornada provincial de protesta con acciones locales para el miércoles 19 de junio, como así también una nueva medida con la instalación de una carpa frente al Congreso Nacional el 26 del mismo mes, en unidad con el resto de los gremios estatales provinciales.
Al respecto, Pablo Abramovich, secretario General de la AJB, expresó que “El gobierno sigue sin convocar a negociar en paritaria el salario de las y los trabajadores judiciales, que en el contexto inflacionario que se vive en el país y en la provincia, ven deteriorarse cada día sus condiciones de vida. Ante esta realidad, decidimos en asambleas profundizar las medidas de acción para las próximas semanas”.
“Además, le reclamamos a la Suprema Corte la suspensión de los descuentos por días de paro mientras el gobierno provincial se niegue a negociar salarios con lxs representantes de lxs trabajadorxs judiciales, lo que representa una clara violación a las reglas de la negociación colectiva”, finalizó Abramovich.
La Comisión Directiva, encabezada por JOSÉ DURÁN, como SECRETARIO GENERAL, se compone de los siguientes miembros:
SECRETARIO ADJUNTO 1°: CAVALLERA, CELSO.
SECRETARIO ADJUNTO 2°: GODOY ADRE, MARÍA PAULA.
SECRETARIA GREMIAL: GARCÍA SEGOVIA, FERNANDA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA: CARDARELLI, LUCIANO.
SECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL: CHADA HAURIA, IVÁN.
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y ACTAS: AGUIRRE, SANDRA.
SECRETARIA DE PRENSA, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN: CELDRÁN, ANALÍA.
VOCAL TITULAR 1°: BOSCHI, MARISOL.
VOCAL TITULAR 2°: LORIO, LUCAS.
VOCAL TITULAR 3°: RODRÍGUEZ, MARCELA VALERIA.
VOCAL SUPLENTE 1°: LUNA, CARLA.
VOCAL SUPLENTE 2°: AGÚNDEZ, NADIA.
VOCAL SUPLENTE 3°: SILVEYRA, JOSEFINA.
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:
VOCAL TITULAR 1°: BRATHERIG, JONATHAN
VOCAL TITULAR 2°: NIEVA, JUAN CARLOS.
VOCAL TITULAR 3°: GANDOLLA, ALEJANDRO
VOCAL SUPLENTE 1°: PERESLINDO, EUGENIO.
VOCAL SUPLENTE 2°: MOLINA. PABLO.
VOCAL SUPLENTE 3°: CORIA, MELISA.
CONGRESALES:
CONGRESAL TITULAR: XIMENA LO SASSO.
CONGRESAL SUPLENTE: GUTIÉRREZ, EUGENIA.
Es altísima la preocupación porque esta es la expresión más cruel y acabada de la violencia, existiendo otra innumerable cantidad de violencias que no terminan en femicidio, pero hacen sufrir la vida de cada mujer.
Hoy el poder del Estado que sigue siendo el cuello de botella, es la Justicia, donde los femicidios quedan impunes. Por eso denunciamos al Poder Judicial por machista y patriarcal.
Exigimos
Una Justicia con Perspectiva de Género.
Presupuesto para políticas de género.
Basta de endeudamiento.
Educación sexual, para decidir, anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no morir.
Sin perspectiva de género, No hay Justicia.
Sin justicia, no hay Ni Una Menos.
Vivas y Libres Nos Queremos.
El día 15 de mayo del corriente año se realizó en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa una Asamblea en el marco del reclamo iniciado por los trabajadores judiciales a fin de obtener la apertura de Paritaria Sectoriales, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial 2.702.
En dicho marco, los trabajadores presentaron un petitorio al responsable de la Dirección General de Administración debido a que el Presidente del Superior Tribunal de Justicia no recibió al centenar de compañeros que se dieron cita en el hall de ingreso de dicho organismo.
El reclamo se centró en la necesidad de negociar mejores condiciones laborales, mayor asignación de presupuesto para el pago de bonificaciones, viáticos, recategorizaciones, bloqueo de títulos, etc.
En dicho acto y, por unanimidad, los empleados decidieron dirigirse a la Subsecretaría de Trabajo para exigir la apertura de paritarias, lugar en el que fueron recibidos por el Subsecretario Dr. Marcelo Pedehontaa.
Finalmente, el día 20 de mayo el Sitraj La Pampa recibió por parte de dicho organismo notificación de fecha y hora de apertura de paritarias sectoriales, establecida para el 22 de mayo a las 09:00 horas.
Sin embargo, la lucha continúo en virtud de que en el temario aprobado sólo incluye cuestiones referidas a seguridad e higiene y guardias de la OAVIT.
En este sentido, el día 21 de mayo se realizó una asamblea en la cual se aprobó la decisión de recurrir la resolución de apertura, solicitando la extensión del temario y la determinación de las cuestiones que a tratar en cada una de las paritarias (generales/sectoriales), requiriendo la apertura de paritarias generales a los fines de introducir las cuestiones presupuestarias en dicha mesa de negociación.
PETITORIO PRESENTADO
Los Trabajadores nucleados en la Intersindical repudiamos expresamente las manifestaciones vertidas por los miembros de la Dirección General de Administración del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa, quienes utilizaron los términos “subordinados” y “cultura negativa” para referirse a los empleados judiciales.
En este sentido, resulta necesario recordar que la palabra subordinado significa “que depende o está sometido a la orden o a la voluntad de otro”, y que, en el ámbito del Poder Judicial, cada uno de sus empleados ha cumplido con el procedimiento establecido por la Ley Orgánica Nº 2574 para acceder a sus puestos de trabajo.
En esta tesitura, si bien dependen de un inmediato superior, ello no significa que se encuentren subordinados a la voluntad de los funcionarios. Debe tenerse especialmente en cuenta que, la carga negativa que dichas expresiones remontan a períodos oscuros y de terror en la historia de nuestro país, que en modo alguno pueden aceptarse en tiempos actuales.
Por otra parte, ser “subordinado de” los coloca ante una eventual imposición (por muy irracional que esta sea) y no ante una relación de trabajo en la cual ambas partes contribuyan a una mayor calidad en la prestación del servicio de justicia.
Asimismo, por si resulta necesario aclararlo, cada uno de los empleados recurre a su inmediato superior a la hora de efectuar un reclamo o realizar una propuesta, y que sólo en caso de no encontrar respuestas procede a dar participación al sindicato, cuya función esencial, es representar a cada uno de los empleados que necesiten de su intervención. Desde esta perspectiva, el incremento de dichas intervenciones revela las falencias de los órganos encargados de resolver la problemática suscitada en el marco de la prestación de tareas, que como patronal, sólo se ha ocupado de burocratizar excesivamente los canales de comunicación.
Las condiciones en las cuales prestan tareas los empleados preocupa a cada una de las agrupaciones gremiales que deben velar por la obtención de más y mejores derechos para cada uno de los trabajadores. Asimismo, han sido los propios “superiores inmediatos” quienes han aconsejado a los empleados que anoticien al gremio para llegar más rápido a las soluciones, circunstancia que revela la inaccesibilidad a ciertas esferas de decisión del Poder Judicial.
Desde otra perspectiva, se observa como año a año el gremio debe luchar insistentemente por las recategorizaciones automáticas, que nunca son tenidas en cuenta en el presupuesto anual (tarea que incumbe también a la patronal), incumpliendo de esta manera el acuerdo paritario firmado en el año 2014.
No puede aceptarse que el Sindicato deba recurrir a diversas medidas de fuerza para obtener la apertura de paritarias sectoriales, siendo que la misma debería obtenerse sin mayores formalismos, en un ámbito de cordialidad y diálogo.
El gremio ha recurrido a las vías establecidas para obtener la resolución de sus problemáticas, cumpliendo cada uno de los mecanismos establecidos, sin conseguir respuestas a los mismos por parte de los organismos encargados de su cumplimiento. En este sentido, y a título de ejemplo, existe incumplimiento de lo acordado en paritaria del año 2018, que aún se encuentra sin resolver.
Desde este ángulo, se entiende que ésta es la “cultura negativa” que debe revertirse en el poder judicial: la falta de comunicación entre las partes; el incumplimiento de lo acordado en las diversas paritarias sectoriales, en la cual todos los involucrados realizaron su aporte; la ausencia de respuesta inmediatas a los reclamos de los empleados, la persecución, estigmatización y distinción arbitraria de los mismos, provocando enfrentamientos entre compañeros con la clara intención de debilitar el empoderamiento de cada uno de los trabajadores, etc.
Por estas razones, se exhortó a los miembros del Poder Judicial de La Pampa a rectificar las manifestaciones vertidas a través del correo institucional de la Dirección General de Administración.
Por último, desde la Intersindical requerimos al Superior Tribunal de Justicia y a la Subsecretaría de Trabajo de esta Provincia, que en el marco de sus respectivas competencias, decreten la apertura de paritarias sectoriales y dispongan la aprobación de la totalidad del temario propuesto por los trabajadores judiciales, ellos en el entendimiento de que éste el único mecanismo apropiado para canalizar sus reclamos como sector (especializado), y no a través de las paritarias generales, en las cuales sólo se acuerdan las pautas salariales aplicables a la totalidad de los trabajadores del Estado Provincial.
Buscás Federación Judicial Argentina en la red social. A partir de las 15 horas podrás seguir en la transmisión accediendo a cada panel.
El objetivo central del Seminario es el de hacer visible y sensibilizar sobre un derecho constitucional sistemáticamente negado a las trabajadoras y trabajadores judiciales que es el de disponer de un ámbito de Negociación colectiva nacional.
A raíz de la presentación de la FJA ante la Organización Internacional del Trabajo, ésta ha dictaminado en 2012 a favor del planteo de las y los trabajadores recomendando al Estado argentino tomar las medidas necesarias para satisfacer tal reclamo.
El pronunciamiento de la OIT se reiteró en otras oportunidades sin que las autoridades estatales hayan dado siquiera mínimas respuestas.
Por otra parte fueron presentados tres proyectos de ley en el Congreso nacional en los años 2009, 2016 y 2018. Los dos primeros perdieron estado parlamentario, incluso en el primer caso con media sanción de Diputados y el tercero no ha tenido ningún avance en las comisiones parlamentarias.
Por tal motivo la Federación Judicial Argentina decide organizar este Seminario convocando para su realización a trabajadoras y trabajadores judiciales, abogados laboralistas, académicos del derecho, magistrados, legisladores. Especial mención merece la participación de la OIT a través de una representante.
Este martes 28 de mayo se presentará, por octava vez consecutiva ante el Congreso de la Nación, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El reconocimiento del derecho al aborto en leyes e instituciones es la gran deuda de la democracia para con las mujeres y personas con capacidad de gestar en la Argentina.
Por eso, este martes 28 de mayo, en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y en su decimocuarto año desde su creación, la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, realizará acciones federales simultáneas que se darán en más de cien ciudades del país y que serán acompañadas por pañuelazos y concentraciones en diversas partes del mundo.
En ese sentido desde la Federación Judicial Argentina convocamos a participar de las diferentes acciones locales que se llevaran a cabo a lo largo del país, como a concentrar en las inmediaciones del Congreso Nacional y participar de las intervenciones activistas que se realizaran desde las 15 hs.
Porque mientras no se despenalice y legalice el aborto, se perpetuarán desde el Estado las desigualdades sociales. El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se enmarca en el respeto a la decisión responsable, en la justicia social y en la perspectiva de Derechos Humanos. Por todo esto exigimos que #Sea Ley!
Educación sexual para decidir.
Anticonceptivos para no abortar.
Aborto legal para no morir.
Más allá del oportunismo que algunos sectores puedan exhibir en la ocasión lo cierto es que toda expresión de lucha suma para hacer realidad los objetivos que tenemos como clase trabajadora en general y trabajadorxs judiciales en particular.
CABA, 17 de mayo de 2019.-
FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA
discri
Afectadas, ya que solo fueron excluidas empleadas judiciales que gozaron de licencia por maternidad en el ciclo pasado, durante la evaluación de desempeño realizada en 2018.
Compañeras que fueron evaluadas por sus superiores jerárquicos, que habían recibido buenas calificaciones, pero a la hora de promediar sus notas de la evaluación de desempeño, recibieron un 0 (cero) en la correspondiente a la evaluación de desempeño. Esto fue luego de que la oficina de recursos humanos cambiara las notas impuestas por los superiores jerárquicos a cero.
(la reglamentación exige el 80% de asistencia).
Hay una discriminación total a las mujeres, más en este contexto social donde se busca equidad. El lamentable mensaje que da la corte es, si querés ascender, no te quedes embarazada; afirmó el presidente de la Unión Judicial de San Juan Sebastián López.
Este caso de discriminación, sumado a desprolijidades como el corto periodo de tiempo para presentar reclamos y únicamente por vía digital, más la publicación de las listas de postulantes con información personal, generaron malestar en la comunidad judicial.
Esta situación impulsó un reclamo por parte de la Unión Judicial en protección de las trabajadoras, que trajo como consecuencia la decisión de dar marcha atrás a la exclusión de las trabajadoras.
La justificación que emitió la Corte ante el caso, fue atribuida a un error de sistema. Sin embargo, las trabajadoras afectadas afirmaron que desde un comienzo fueron informadas telefónicamente por la Of. de Recursos Humanos, de la exclusión bajo la consigna de no haber cumplido el 80% de asistencia.