Desde la Federación Judicial Argentina (FJA) expresamos nuestro profundo rechazo a la propuesta realizada el 20 de marzo por el Poder Ejecutivo nacional para integrar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el jurista Manuel García Mansilla y el juez federal Ariel Lijo.
Esta postulación contradice la Constitución Nacional, que en su artículo 75 inc. 23 establece la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, así como el artículo 75 inc. 22, que otorga rango constitucional a aquellos pactos internacionales de derechos humanos que consagran el principio de no discriminación en razón de género.
Entre estos pactos incorporados a la Constitución, la Convención Contra Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece que los Estados parte deben garantizar la máxima participación de las mujeres en la vida política y pública como condición indispensable para el pleno desarrollo de los países.
En el mismo sentido, proponer dos varones para ocupar los cargos vacantes actual o por generarse contraría el Decreto 222/2003, que prevé la integración del máximo tribunal con respeto a la diversidad de género
Por otro lado, huelga remarcar que una Corte compuesta íntegramente por varones no expresa en absoluto la verdadera composición de nuestra sociedad, donde las mujeres sostienen, con su labor cotidiana, no sólo aspectos fundamentales de la vida en comunidad sino del propio Poder Judicial. Por eso, una Corte sin mujeres es una Corte profundamente antidemocrática.
No resulta necesario aclarar que sobran las candidatas mujeres con solvencia, perspectiva de género y de derechos humanos para ocupar dichos cargos, por lo que esta decisión del presidente Javier Milei sólo puede explicarse por su marcada misoginia y su reticencia al reconocimiento de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, de lo cual ha dado sobradas muestras. En este sentido, desde la FJA sostenemos firmemente que sin mujeres no hay democracia.
Por último, entendemos que los perfiles de los candidatos propuestos no representan una Corte independiente, popular, feminista y democrática, como correspondería al contexto, sino que refuerzan la carencia de perspectiva de género, la dependencia al Ejecutivo, los acuerdos de palacio y el sometimiento del derecho al poder real empresarial.
Por un lado, García Mansilla, representante de la ortodoxia eclesiástica y las asociaciones empresariales del petróleo, ha expresado públicamente su opinión contraria a la ampliación de derechos para las personas gestantes. Por el otro, el juez federal Lijo ha sido denunciado por hechos de corrupción que también involucran a su hermano abogado. En ambos casos, los candidatos expresan lo contrario a lo que esta FJA viene promoviendo desde su agenda democratizante.
Por todo ello, seguimos exigiendo una profunda Democratización del Poder Judicial, en clave popular, feminista y respetuosa de los Derechos Humanos.