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Río Negro: Unánime aprobación del proyecto de paritarias para empleados judiciales

La legisladora Tania Lastra fue la vocera en Cámara de la iniciativa que reflotó tras su caducidad, y que con modificaciones consensuadas en Comisiones con el gremio, obtuvo el aval parlamentario que se expresó, por primera vez en el Parlamento rionegrino, mediante voto nominal electrónico.

Luego de una explicación pormenorizada del articulado de la norma en tratamiento, Lastra expresó un encendido discurso de reconocimiento a la lucha de los trabajadores del sector, repasó la tarea parlamentaria en comisiones, destacó el apoyo de todos los legisladores que participaron en las discusiones, e hizo referencia a los encuentros mantenidos con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia que permitieron consensuar lo que los empleados judiciales ya habían avalado.

Seguidamente agradeció la presencia del titular del gremio, Pablo Barreno y de los empleados del Poder Judicial, y reconoció la historia de la lucha que, desde las anteriores conducciones, viene desarrollando SITRAJUR en reclamo de las paritarias y otras reivindicaciones.

Lastra afirmó que la aprobación de este proyecto “tiene una trascendencia histórica, fundamentalmente por ser el único sector de trabajadores argentinos a los que se les niegan estos derechos” y felicitó al sindicato por su perseverancia “pese a que en el 2011 ya había caducado, pero ello no significó que abandonaran la lucha”.

Indicó que “fue archivado por la mezquindad de quien nunca lo trató en comisiones en connivencia con las corporaciones que siempre se negaron a atender el reclamo de los judiciales”, pero “cuando creíamos que habíamos agotado todas las instancias para lograr este reconocimiento, vino este gobierno a revindicar esta conquista”.

La legisladora convocó “a no bajar los brazos y a emprender juntos una lucha que permita alcanzar la satisfacción plena de quienes son la columna vertebral del Poder Judicial” y a “defender este triunfo y divulgarlo en todos los ámbitos”, entre ellos “los magistrados, abogados, organismos de derechos humanos y demás gremios estatales”, para dejar en claro “quiénes están a favor y quiénes se oponen a una provincia y a un país verdaderamente democrático y equitativo, en donde impera la justicia social, la paz y la libertad”, así como “quiénes están a favor y quiénes en contra de los trabajadores”.

Seguidamente, con coincidentes argumentos a favor, y una advertencia de que “la lucha no ha terminado”, por eventuales presiones que puedan surgir hasta su tratamiento en segunda vuelta y la consecuente sanción de la ley, se expresaron sucesivamente los legisladores Héctor López (FpV), Ricardo Ledo (UporRN), Jorge Ocampos (ARI), Adrián Casadei (ACD), Alejandro Marinao (FpV), Silvia Horne (FpV), Bautista Mendioroz (ACD), Facundo López (FpV), Arabela Carreras (FpV) y Roxana Fernández (FpV).

Alcances de la norma

Su aplicación alcanzará a los empleados del Poder Judicial, entendiéndose por tales a todos sus agentes, independientemente de las categorías y escalafones en los que revistan, aunque especifica varias excepciones para funcionarios seleccionados por el Consejo de la Magistratura y otros comprendidos en diferentes normas.

La representación de los empleados judiciales será ejercida por la entidad sindical con personería gremial más representativa. El Poder Judicial estará representado por el Superior Tribunal de Justicia o por los magistrados o funcionarios que a tal efecto se designen.

La negociación colectiva comprenderá todas las condiciones de trabajo que integran la relación de empleo, considerando especialmente el regimen de ingreso y egreso, de remuneraciones, la carrera judicial, las condiciones y medio ambiente en el trabajo, las garantías del regimen disciplinario, capacitación laboral, licencias, y mecanismos de auto composición de conflicto, entre otras.

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