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Los trabajadores del Poder Judicial de la provincia están llevando a cabo asambleas permanentes en las diferentes localidades, con vistas a la asamblea provincial que se hará este viernes 3 de marzo.

El malestar por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de suspender el sistema salarial acordado en la paritaria es generalizado, por lo que los referentes sindicales reaccionaron y decidieron convocar a las asambleas. “Hasta ahora no habíamos tenido mayores inconvenientes en cuanto a la instrumentación de nuestro sistema salarial, que es una resolución interna que hace TSJ para activar los mecanismos administrativos de comunicación con el Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas.

“De ninguna manera podía el TSJ modificar el sistema, pero determinaron suspenderlo por cuestiones presupuestarias. Esto significa que, para este año, no se otorgaría ningún tipo de aumento salarial a los empleados judiciales”, subrayó Gómez.

La decisión adoptada por el Tribunal fue resuelta por tres votos a dos; justamente, quienes votaron en contra consideraron que estaban dadas las condiciones para instrumentar y aplicar el sistema salarial, mientras que los otros vocales pensaron que se necesita la garantía del Ejecutivo para cumplir con la remisión de las partidas financieras.

“Lo que correspondía era que se instrumentara el sistema salarial y posteriormente, que se le exigiera al gobierno provincial dichas partidas. Se hizo todo al revés: se dio por hecho que el Ejecutivo no va a mandar la plata, por lo que no se puede aplicar el sistema. Es una situación muy grave desde lo institucional, el poder Judicial está resignando sus facultades constitucionales de erigirse en un poder independiente, manejar su propio presupuesto y acordar con los trabajadores en la paritaria.

Por otro lado, hay una flagrante violación de la ley, tanto de la paritaria como de la que establece el sistema de negociación colectiva; eso indica que hay méritos suficientes para pedir juicio político a quienes votaron en contra”, explicó el dirigente.

Ayer hubo una manifestación frente al TSJ entre las 10 y las 13 horas, que incluyó la presentación de una nota a su presidenta en la que se hizo saber el rechazo a la resolución firmada el viernes pasado.

Hoy, los trabajadores vuelven a movilizarse, en las vísperas de la asamblea provincial del viernes, en donde se tomará la decisión de disponer de un plan de lucha con objetivos a corto y mediano plazo.

El secretario general Federico Cortelletti, expresó que “ La cobertura de cargos con “la discrecionalidad del dedo” lesiona no sólo el principio constitucional de la idoneidad en el acceso al empleo público y el derecho a la carrera judicial, sino también las propias definiciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de perseguir una administración de Justicia que esté sometida al escrutinio de la ciudadanía y que fortalezca un vínculo sano entre sociedad y Estado, entre autoridades y ciudadanos.”

El secretario gremial, Adrián Valán afirmó que “ El Tribunal Superior se jacta públicamente de que en el Poder Judicial de Córdoba está garantizado el acceso transparente e igualitario a la carrera de funcionario y magistrado sin embargo nuevamente queda en evidencia que esto sólo se trata de un doble discurso. Incluso lo deja plasmado en una acordada como la que acaban de dictar”.

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Fue para tratar de asumir una postura común ante las modificaciones de la ley que regula la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de las y los trabajadores.

Asimismo conversaron sobre las gestiones a realizar en la Cámara de Diputados de la Nación a fin de impulsar el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de paritaria nacional.

En una numerosa asamblea realizada en la puerta del Juzgado Civil Nº 27 de La Plata, se recordó a Luis Farías, trabajador de la mesa de entrada, acusado de falsificar la firma de un documento y perseguido tanto por el magistrado como por los funcionarios de esa dependencia.

Agustín García, secretario Gremial de la AJB, expresó que “la muerte de Luis nos tiene que servir de ejemplo, a Luis se lo llevó puesto el Estado, se lo llevó puesto la política del Poder Judicial. Exigimos el respeto de los derechos que tenemos como trabajadores”.

Y agregó que “este es un homenaje y un repudio a la violencia laboral que vienen ejerciendo los magistrados y funcionarios de la ciudad de La Plata. En estos días tuve nueve entrevistas con trabajadores de diferentes dependencias de la departamental La Plata que están atravesando por la misma situación que Luis. De una vez por todas tenemos que visibilizar, expresar y denunciar a los magistrados violentos que hoy nos acosan continuamente en el trabajo”.

Por su parte, Pablo Abramovich, secretario General de la AJB, que también participó de la asamblea, manifestó que “este es el peor escenario posible para un trabajador, tener que hacer una asamblea en un lugar de trabajo para despedir a un compañero que se fue anticipadamente y no por una casualidad sino por algo que pasa todos los días en la gran mayoría de las oficinas del Poder Judicial, por violencia laboral”.

“Hoy el Estado de la provincia de Buenos Aires y el Poder Judicial funcionan a partir del apriete sistemático a los compañeros y compañeras para que trabajen más de lo que trabajan y cuando hay un conflicto en una oficina el primer acusado es el hilo más fino de la cadena”, destacó Abramovich.

Y agregó que “tenemos que ser capaces de construir en cada oficina una gran solidaridad entre nosotros, porque si no lo hacemos es muy probable que sigamos teniendo compañeros que sistemáticamente se enferman. Tenemos que entender que el enemigo no está en el compañero del escritorio de al lado sino que está en el poder, está en estos magistrados que para garantizar que el Poder Judicial funcione, aprietan a los compañeros”.

Para finalizar, el secretario general de la AJB, señaló que “desde el gremio estamos trabajando en una denuncia por violencia laboral para que se investiguen las responsabilidades de las funcionarias y del juez en el desenlace de esta situación con el compañero Luis”.

Por último, Santiago Fontela, secretario General de la departamental La Plata, aseguró que “el gremio viene planteando sistemáticamente hace años, la necesidad de la Ley de Paritarias, que nos daría un convenio colectivo mediante el cual estas cuestiones como el maltrato y la persecución laboral estarían saldadas”

Ayer el congreso provincial de la AJB decidió por unanimidad, convocar al paro de mujeres para denunciar la violencia machista, realizar acciones de visibilización y participar de la jornada de lucha nacional y movilización organizada por las tres centrales de trabajadoras en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“En lo que va del año 47 mujeres fueron asesinadas, por lo que desde la AJB reclamamos que se declare la emergencia nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, señaló Celia Lorente, secretaria de Género de la AJB.

El 8 de marzo, “Día de la Mujer Trabajadora” en conmemoración de las trabajadoras textiles asesinadas por luchar por sus derechos en la fábrica Cotton, las judiciales reclaman específicamente que se incorpore a la Acordada la Licencia laboral por violencia de género, exigen capacitación obligatoria para una adecuada atención de los casos de violencia de género, el acceso a todo tipo de cargo y jerarquía, y la modificación del régimen de licencias familiares.

En este sentido informaron desde la entidad gremial que también solicitaron formalmente al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia que “no se trate en la legislatura el pliego relativo al nombramiento de la magistrada, que al día de hoy se desempeña como interina, sin tener concurso aprobado a tal fin”

El Secretario General Federico Cortelletti explicó que la solicitud de desvinculación del tratamiento del pliego relativo al nombramiento de la magistrada se fundamenta en que “ponemos fuertemente en duda su compromiso con los valores que las reglas de la constitución establecen para la selección y designación de cargos de esta envergadura, y el consecuente impacto sobre la legitimidad democrática de estos nombramientos”.

Asimismo “la elección de nuevos magistrados debiera reflejar los actuales estándares constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que como ampliamente se atestigua no se verifica en el caso” concluyó.

Por su parte la Secretaria del Interior de AGEPJ Guadalupe Vázquez expresó que “las reiteradas situaciones de violencia para con los empleados judiciales en las que se ha visto involucrada la Magistrada , el desapego a los deberes que debe ejercer atento su función, la falta de compromiso con los valores institucionales tales como la legalidad y el respeto y la persecución sindical ejercida sobre afiliados a nuestra organización y a quienes desarrollan legítimamente acciones gremiales nos ha llevado a tomar estas acciones”.

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Ejemplo de ello su acción o inacción, según sea el caso, en los conflictos colectivos que se vienen sucediendo; en los proyectos impulsados de modificación de las normas laborales vigentes, entre ellas la reciente aprobación de una reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo; y en la intervención limitativa de los derechos de los trabajadores en las negociaciones colectivas y especialmente en las salariales.

En relación a esto último, en lo que va del año, se puso de manifiesto en las negociaciones de la actividad bancaria, lo que fuera denunciado por el sindicato de dicha actividad. Con motivo de dicha injerencia del Ministerio, tendiente a reducir el porcentaje de incremento salarial al que habían arribado las propias partes colectivas, y por la negativa a homologar el acuerdo, debió intervenir la Justicia del Trabajo, a la que se sometió la cuestión por parte de la Asociación Bancaria.

La sala de feria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, integrada en mayoría por los Jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, resolvió una medida cautelar en la que instaba al Ministerio de Trabajo a resolver el trámite de homologación y advertía sobre la vigencia de la Ley 14.250, de negociaciones colectivas, por la que resulta una obligación legal de la autoridad de aplicación proceder a la homologación, salvo que hubiese una violación del orden público o fundadas razones de afectación del interés general.

Con posterioridad a dicha resolución, confirmada por otra sala a la que se derivó el expediente luego de la feria, el Ministerio accedió a la homologación del acuerdo en los términos en que había sido convenido entre las partes. Con ello se puso en evidencia la desviada actuación del Ministerio de Trabajo, violando la autonomía colectiva e incumpliendo las obligaciones legales a su cargo.

No obstante ello, y habiendo concluido el conflicto por la voluntad de las partes colectivas, el Poder Ejecutivo Nacional estaría promoviendo el juicio político, a través de un pedido de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura Nacional, a los dos jueces que intervinieron en la medida cautelar peticionada por la Asociación Bancaria. Ello determina una gravísima injerencia, ahora en el Poder Judicial, motivada por la sola discrepancia en un fallo judicial.

La decisión del Poder Ejecutivo, en consecuencia, es una enorme violación al la división de poderes y un intento de negar las facultades de la jurisdicción en el control de los actos de gobierno y en la supremacía de las normas constitucionales y el cumplimiento de la legislación dictada en su consecuencia.

La reacción del Sr. Ministro de Trabajo, quien ante el previo incumplimiento en sus deberes como funcionario público, reacciona de manera abusiva, tratando de afectar la dignidad y el respeto de los jueces de la Nación, e intimidando con ello a la Justicia toda, no puede merece más que el rechazo unánime y la solidaridad activa con dicha Justicia del Trabajo y con los jueces Marino y Arias Gibert en particular.

Más allá de la absoluta condena a dichos actos y las denuncias que corresponda sostener contra el Sr. Ministro de Trabajo y el Poder Ejecutivo Nacional violatorias de la Constitución Nacional, lo cierto es que ello pone en evidencia, una vez más, el rol asumido por dicha cartera de Estado en perjuicio de los trabajadores y en favor de los sectores empresarios.