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Un fallo a favor de la libertad de expresión y la libertad sindical

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Fue a raíz de declaraciones del dirigente gremial sobre el incumplimiento en el que incurren muchos magistrados en relación a sus funciones.

Dichas declaraciones fueron formuladas en 2010, en medio de un fuerte conflicto gremial en relamo de aumentos salariales, y en relación a la amenaza de descuentos salariales por los días de conflicto.

Habiendo obtenido fallo favorable en primera instancia, revocada dicha sentencia en segunda instancia, la Corte termina dando la razón a Ordoñez y al gremio judicial en cuanto no hay ningún daño ni injuria moral en perjuicio del magistrado denunciante.
La Corte entendió que los dichos de Ordoñez hacían una evaluación genérica del funcionamiento del sistema judicial y que en ningún momento aludían en forma personal a dicho juez.

Más allá de la feliz culminación del proceso contra el dirigente gremial provincial, también dirigente de la Federación Judicial Argentina, es de hacer notar el intento intimidatorio que dicha demanda tuvo por objeto.

Era evidente que las declaraciones nunca habían contenido imputaciones personales y que referían al estado de desquicio que existe en algunos ámbitos de la magistratura y la notoria desigualdad con que se mide y se exige cumplimiento de normas laborales, muchas veces por parte de esos mismos magistrados, cuando se trata de los trabajadores del sistema judicial.

Ese era el sentido de las declaraciones, mientras que el sentido de la demanda fue conculcar la libertad de expresión y, por caso, la libertad sindical.

La demanda no podía prosperar a pesar de que buena parte de la magistratura provincial así lo quería. La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación es contundente en la materia, como así también las resoluciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

A la Corte provincial de Mendoza no le quedó más remedio que revocar la sentencia de segunda instancia que condenaba a Ordoñez, so pena de provocar un escándalo jurídico que hubiera trascendido el marco provincial y nacional.

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