Autor: FJA

La AJB manifestó su enérgica oposición al proyecto del gobierno de María Eugenia Vidal de concretar la transferencia del PROFE –Programa Federal Incluir Salud- al IOMA, utilizando la estructura del Instituto y los aportes de afiliados y afiliadas para afrontar la responsabilidad del Estado provincial de asistencia sanitaria que debería garantizarse con recursos propios del fisco.

“En la reunión realizada entre el Consejo Consultivo Gremial del IOMA y Patricia Nisenbaum (SUTEBA) y Luis Pérez (UPCN), vocales gremiales del Directorio, se rechazó de plano el decreto y se denunció la intención de la Gobernadora de utilizar fondos que no le pertenecen al fisco, avasallando el artículo 40 de la Constitución provincial. La máxima norma provincial es muy clara: excluye del IOMA a todo beneficiario ajeno al del empleo público provincial”, expresó Oreste Poggi, Director de Servicios Sociales de la AJB.

El PROFE es un sistema nacional creado para garantizar el acceso a la salud a madres con siete o más hijos, personas con discapacidad, ex-combatientes de Malvinas y familiares de desaparecidos, entre otros. En primera instancia, la ejecución del programa fue delegada a través de un convenio al Ministerio de Salud provincial por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que conserva la administración del mismo.

“No es la primera vez que desde el gobierno provincial se intenta incluir al PROFE dentro del IOMA. En el año 2007 la misma medida que ahora se intenta aplicar generó infinidad de problemas organizativos y financieros y una ‘industria de los amparos’, que transformó a los jueces en cuasi administradores de los fondos de nuestra Obra Social, y trajo como consecuencia que el programa volviera a la jurisdicción del Ministerio de Salud provincial”, agregó Poggi.

Ante este proyecto, la AJB ha tomado la firme decisión de generar las acciones políticas y jurídicas necesarias, en unidad con otros sindicatos, para frenar las intenciones del gobierno provincial.

La gobernadora María Eugenia Vidal, en una decisión que refleja una vez más el autoritarismo con el que el Ejecutivo provincial negocia salarios y condiciones laborales con trabajadores y trabajadoras estatales, dispuso liquidar un pago a cuenta del 10% sobre los haberes de diciembre de 2016 hasta tanto se arribe a un acuerdo salarial. Ese pago a cuenta había sido rechazado formalmente por el gremio judicial semanas atrás.

Ante este escenario, sumado a la falta de una convocatoria para continuar la negociación salarial, la AJB dispuso una nueva medida de fuerza de 48 horas para el próximo miércoles 31 de mayo y jueves 1º de junio, movilizando este último día a la ciudad de La Plata. La continuidad del plan de lucha fue resuelta en las asambleas realizadas en los diecinueve departamentos judiciales durante la semana pasada.

“La decisión de mandar a liquidar un pago a cuenta que había sido rechazado en la negociación paritaria pone de manifiesto una vez más la falta de voluntad democrática del Ejecutivo a la hora de resolver el conflicto salarial abierto con los y las judiciales”, expresó Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.

“Asistimos a una nueva decisión autoritaria de Vidal que viola todas las reglas de la negociación colectiva, pilar fundamental de un Estado democrático. Una nueva decisión de facto que contrasta fuertemente con la falsa imagen de voluntad de diálogo que el Ejecutivo intenta instalar en los medios de comunicación, cada vez con más dificultad”, agregó Abramovich.

En cuanto al pago a cuenta, el pasado viernes el Ministerio de Economía informó que se liquidará en forma retroactiva al 1º de marzo, junto con el pago de haberes del mes de mayo. Asimismo, comunicó que no tienen fijada una nueva fecha para convocar a la AJB para intentar llegar a un acuerdo salarial consensuado.

Nuestra caja jubilatoria y obra social debe cumplir con la nueva legislación prevista en la Ley Nº27.346 y por tanto abstenerse de realizar retenciones en concepto de impuesto a las ganancias. Asimismo exigimos la restitución de lo que ha descontado correspondiente al año en curso.

Paula Sánchez explicó: “estamos intimando y exigiendo el cese inmediato de la retención en concepto de Impuesto a las Ganancias para nuestros jubilados judiciales, afiliados y no afiliados. Lo hacemos en función de que la última modificación, que ocurrió a finales del año pasado, incorpora a magistrados y funcionarios y empleados del Poder Judicial de la provincia y de Nación al pago del impuesto y exime a quienes no hayan tributado hasta el 2017”

Sánchez agregó que “esa misma norma establece, además, que aquellos jubilados que en su actividad no hubieran tributado Ganancias al momento de convertirse en pasivos deberían también estar eximidos del impuesto”. “En base a esto es que luego de una reunión con más de cien jubilados del Poder Judicial es que entendemos necesario iniciar esta presentación”.

Podés descargar aquí la presentación que realizamos: Presentación jubiladxs por Ganancias

Secretaría General del SEJuN

Luego del paro con actividades locales que se realizó ayer en todas las departamentales, una ruidosa caravana de trabajadores y trabajadoras judiciales partió a bordo de sus vehículos particulares y algunos micros desde el peaje de Dock Sud, ubicado en la autopista Buenos Aires – La Plata, hacia la ciudad capital de la provincia.

A lo largo de todo el recorrido, se fueron sumando los vehículos provenientes de las diferentes departamentales, confluyendo en la rotonda de ingreso a la ciudad, en la que esperaban los compañeros y las compañeras de La Plata.

Pese a la intensa lluvia, al pasar por la Corte los judiciales descendieron de sus vehículos y al son de los bombos y redoblantes hicieron oir sus reclamos.

La caravana culminó su recorrido en calle 7, frente al ingreso del Ministerio de Economía, donde Jorge Sotelo y Pablo Abramovich, Secretarios Adjunto y General de la AJB, respectivamente, se dirigieron a los trabajadores allí reunidos.

“Tenemos una decisión muy fuerte de que este conflicto no se cierre como quiere la gobernadora Vidal. Se va a cerrar cuando nosotros consideremos que la propuesta es suficiente”, expresó Abramovich.

“Desde febrero hasta hoy venimos sosteniendo el conflicto, seguiremos movilizando con todo lo que tenemos hasta que logremos una nueva paritaria y tengamos una propuesta digna, por eso la clave de este conflicto es sostenerlo como lo venimos haciendo, con alegría, con creatividad, con unidad y masividad”, agregó el Secretario General de la AJB.

La AJB reclama entre un 36,2 y 40% de incremento salarial, la restitución del 3% de antigüedad, ley de paritarias, la incorporación de la licencia por violencia de género para todas las trabajadoras del Poder Judicial, la universalización del cargo de Jefe de Despacho, el ascenso al cargo inmediato superior a los 25 años de antigüedad, bloqueo de título para los Peritos y la eliminación del cargo de Auxiliar Tercero.

En el encuentro se planteó la preocupación compartida por la injerencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en los asuntos internos de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza.

Los legisladores se comprometieron a instar al Ministro de esa cartera a cesar con sus actitudes intervencionistas, lesivas de la libertad sindical y del principio de división de poderes, como asimismo a realizar todos los actos útiles con el fin de impedir la ilegal intervención al sindicato mendocino.

Recordemos que en setiembre de 2016, el Ministerio anuló las elecciones para la designación de una nueva comisión directiva de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, realizadas en junio de ese mismo año.

Esa resolución ministerial, adoptada sin fundamento alguno y violando el derecho de defensa de los directivos de la Asociación Gremial, cuando ya había precluído la instancia para tomar decisiones relativas a las elecciones, apuntó a dejar acéfalo al gremio en cuestión, cuya nueva comisión directiva debía asumir el 1 de noviembre.

No obstante que se encuentra abierta la instancia jurisdiccional que debe resolver sobre el diferendo entre el Ministerio y la Asociación Gremial, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, adoptó una nueva resolución, esta vez para designar un “delegado normalizador” que debería llamar a un nuevo proceso electoral de renovación de autoridades.

Es decir que, a la violación del principio de libertad sindical consagrado en el Convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo, se suma la lesión al principio republicano de la división de poderes establecido por la Constitución Nacional.