Autor: FJA

Tuvimos algunos avances y retrocesos, que es necesario comprender en el marco de un cambio profundo de tiempo político.

Los resultados electorales de octubre y noviembre de 2015 y la asunción del gobierno de Mauricio Macri en diciembre de ese mismo año, conjuntamente con el relevo de la mayoría de los gobiernos provinciales quienes independientemente del color político articulan con el Gobierno nacional junto a las mayorías legislativas nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definen una nueva etapa en nuestro país.

También los cambios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y algunos tribunales superiores de provincias marcan un giro importante y, en general, regresivo en la jurisprudencia.

Este giro en el orden nacional es parte de una regresión en la situación regional, caracterizada por la caída del gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, la profundización de la crisis política en Venezuela, entre las circunstancias más relevantes, y también el avance de derechistas y ultraderechistas en Europa y Estados Unidos, como ser el reciente triunfo de Donald Trump.

Si no tenemos en cuenta estas transformaciones en el plano nacional e internacional, no seremos capaces de comprender en su verdadera dimensión las dificultades que estamos encontrando en la lucha por la defensa del poder adquisitivo de los judiciales y las condiciones de trabajo y empleo en general, como tampoco la importancia de los mayores o menores logros que fuimos obteniendo durante el 2016.

Ajuste

Ya sea a partir de negociaciones paritarias, o de marcos de negociación salarial, como por disposiciones unilaterales de gobiernos y superiores tribunales, este año fue particularmente difícil y en no todos los casos logramos recomponer los niveles salariales deteriorados por el ajuste, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, la inflación y la devaluación de la moneda.

Se había denunciado durante la campaña electoral y se verificó en los hechos que las primeras medidas del gobierno nacional estarían dirigidas a generar un shock regresivo del ingreso, que tendría por víctimas preferenciales a los sectores trabajadores y medios. De este modo, según la política oficial, los aumentos de precios no podían ir seguidos de equivalentes aumentos salariales porque sería como neutralizar el propio ajuste. En efecto, desde la perspectiva del

oficialismo ¿para qué aumentar precios y tarifas si luego se recuperaba el salario y se anulaba el resultado de los aumentos?

En consecuencia, el ajuste económico requería poner un límite, cuando no neutralizar totalmente la negociación salarial. Y ese fue el muro con el que chocamos y que teníamos que derribar para recuperar un poco de lo que se estaba perdiendo.

El resultado de nuestra lucha durante este año fue desparejo, según se trate de la Nación, la Ciudad Autónoma y cada una de las provincias, pero en general hemos perdido poder adquisitivo en un porcentaje que oscila en torno al 10%.

Un capítulo especial del ajuste tuvo que ver la fuerte reducción del empleo público y privado, con despidos masivos tanto en las estructuras estatales como en las empresas privadas. Algo que no debemos perder de vista, porque, aunque no afectó a los judiciales, sí golpeó a importantes sectores de trabajadores, que pasaron a engrosar la lista de desocupados, que presiona sobre el nivel salarial tanto como amenaza de desempleo como en sentido económico.

Cambios estructurales regresivos

Por ahora reducido a más anuncios que realidades, el gobierno nacional avanza también en materia estructural, acompañado en la mayoría de los casos por gobiernos provinciales, sino pertenecientes a Cambiemos o afines ideológicamente. En esa dirección, el Gobierno Nacional avanza. Ya sea pronosticando el cambio de convenios colectivos, que deberían negociarse a la baja, como negando negociaciones paritarias. Ya sea advirtiendo sobre cambios precarizadores (ellos le dicen, flexibilizadores) en la legislación laboral. Ya sea impulsando una nueva reforma judicial (Justicia 2020, según el proyecto de la Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia,Fores, un lobby judicial de derecha).

Cabe acotar, en relación a esto último, que la Federación mantuvo sendas reuniones mantenidas con el Ministro de Justicia, Germán Garavano, en las que rechazamos con energía el planteo de reforma.Y así lo hicimos saber en una importante declaración al respecto.

Por otra parte, también el Congreso Nacional empezó a acompañar estos cambios regresivos. A pesar de la exigua representación de Cambiemos en el Parlamento, una hábil política de componendas, propiciadora de negociados y tránsfugas, le permitió al gobierno nacional avanzar en alguna legislación vinculada a la reforma judicial (ley de arrepentidos, entre otras), evitar cumplir con la promesa de eliminar el impuesto al trabajo (mal llamado, impuesto a las Ganancias), eliminar lo más positivo de la ley de servicios de comunicación audiovisual (que quedó prácticamente neutralizada), entre otras cuestiones.

Como era de esperar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se puso a tono con el cambio regresivo del gobierno nacional. Una de las primeras señales en ese sentido, fue la sentencia en el Caso Orellanos, que produjo un reinterpretación anticonstitucional del Derecho de Huelga.Dicho fallo limita la titularidad y el ejercicio del Derecho de Huelga a las organizaciones sindicales, excluyendo a los trabajadores organizados en comisiones internas, cuerpos de delegados, sindicatos en formación, etc. Incluso aquellos trabajadores que no cuenten con una organización en su trabajo o rama o sector, no podrían realizar un paro. Este cambio contradice la histórica interpretación del derecho de huelga en nuestro país y la historia misma del movimiento obrero, en el marco del cual, muchos sindicatos nacieron luego de una huelga.

A eso se le suma un reciente fallo que perjudicó directamente a nuestro gremio en Mendoza. En este caso, la Corte decidió excluir del derecho a la negociación colectiva para el sector de funcionarios a los compañeros de Mendoza, a partir de excluir la pluralidad de representación gremial en la paritaria, favoreciendo a un minúsculo gremio de funcionarios pro patronal en ese ámbito. Es decir, contradice la práctica y el derecho que en los últimos años significó reconocer participación en la negociación a todos los gremios, con personería o simplemente inscriptos, en línea con la libertad sindical, el reclamo de la Organización Internacional del Trabajo en ese mismo sentido, y fallos de la propia Corte que durante la etapa kirchnerista.

No podemos dejar de apuntar dos temas más. Uno es la cuestión de los juicios de lesa humanidad y la intención de ponerles límites económicos y políticos, cuya punta de lanza es la supuesta discusión sobre la cifra de desaparecidos, para desprestigiar a los organismos y luchadores por los derechos humanos. Otra es el giro en la política internacional y regional, que vuelve a privilegiar el nexo con Estados Unidos y las políticas de libre mercado y endeudamiento.

No pretendemos hacer un análisis global ni mucho menos pormenorizado del panorama nacional. Solo apuntamos algunos datos, que, a nuestro entender, permiten comprender el marco en el que nos tuvimos que desenvolver este año, las enormes dificultades que enfrentamos y que probablemente continuaremos enfrentando el año que viene.

Lo cierto es que la realidad económica y social pinta fulera.

Malas y buenas

Pero no todas fueron “malas”. Sin hacer de esta enunciación un orden de importancia, me parece necesario destacar que el gobierno tuvo significativas derrotas. No hay duda que vino con la intención de intensificar al máximo la criminalización de la protesta. Así lo pretendió cuando anunció un “Protocolo” represivo para las manifestaciones públicas. Hubo una importante campaña publicitaria en contra de huelgas, piquetes, cortes y tomas de lugares de trabajo. Pero el protocolo no caminó. El diario La Nación se la pasó dos meses despotricando por qué el gobierno después de haber decretado el protocolo, no lo aplicó. La respuesta estuvo en las calles. Sin embargo, avanzó con el encarcelamiento, procesamiento y persecución de muchos dirigentes sociales y gremiales, incluidos compañeros judiciales como los de Tierra del Fuego, el compañero Kuba, entre ellos.

A pesar de que este gobierno intenta seguir la línea de los anteriores, y quizá peor, negando la negociación colectiva a los judiciales, acabamos de dar un paso importantísimo en dirección a conquistar ese derecho. Luego de la resolución del caso 2881 en el Comité de Libertad Sindical de la OIT, luego de que la Comisión de Expertos por dos años consecutivos insistiera en ese mismo sentido, hace apenas unos días hemos logrado presentar en el Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley, avalado por un amplio espectro de fuerzas políticas, incluidas algunas pertenecientes a la coalición Cambiemos.

Gracias al enorme esfuerzo y al consecuente trabajo de decenas de compañeros de la Federación y sus filiales, primero elaboramos y luego le llevamos nuestro proyecto a un importante número de legisladores, que nos dieron su aval. Aquí supimos poner lo mejor de nosotros mismos: 1) la claridad de objetivos; 2) la correcta fundamentación de nuestro derecho; 3) una tarea intensa que abarcó el ámbito nacional e internacional, los grupos académicos, profesionales y sindicales; 4) una pluralidad política bien entendida, que

aprovecha la diversidad de nuestra organización sindical y lo mejor de cada uno de nosotros para privilegiar lo que nos une.

Unidad de los que luchan

En particular esta última virtud de Federación contrasta, tristemente, con la situación del movimiento obrero y sindical en general. La crisis de representación no sólo ha afectado a los sectores más rancios de la burocracia sindical, sino que también involucra a los sectores más honestos y combativos, que, sin embargo, a veces, revelan vicios que hace difícil distinguirlos de gordos y burócratas cuando aparecen el sectarismo o los intentos hegemónicos. Es duro decirlo, lo sé. Pero lo podemos decir porque hemos mostrado con el ejemplo de la unidad de la Federación que impulsando y practicando la Unidad de los que luchan se puede avanzar en los objetivos político-gremiales.

El tema da para mucho más, claro está. Pero por lo menos que quede apuntado para el debate. Y sobre todo para que nos pongamos a trabajar para la unidad y organización con la que debemos enfrentar estos tiempos.

Y ya que hablamos de la Federación repasemos un poco otras iniciativas concretadas este año. Los plenarios de nuestra organización fueron acompañando el ritmo de nuestras luchas y debates. Se realizaron siete Plenarios nacionales y el Congreso nacional. Es importante destacar el aumento paulatino tanto de la participación de filiales como del nivel político desplegado en los mismos sobre todo teniendo en cuenta la importancia del debate político franco y profundo en etapas difíciles como la que atravesamos en Argentina.

A través de la Capacitación también se logró la activa participación de cientos de compañeras y compañeros. Se mantuvieron fijos los Encuentros nacionales de Mujeres (13 al 15 de mayo) previo al Encuentro Nacional de Mujeres en octubre en Rosario y el de Jóvenes (18 al 20 de junio) ambos en el Parador de la Montaña.

Simultáneamente se organizaron distintas actividades en varias provincias donde la FJA y el CEFJA fueron convocados. Mendoza, Formosa, Buenos Aires, Santiago del Estero, Río Negro. En algunas de estas participaron representantes de provincias vecinas.

La presencia federativa fue una constante que se dio durante todo el año. Plenarios, acompañamiento de gestiones, conflictos, asambleas, marchas, homenajes, reuniones de trabajo con las filiales, fueron motivos más que suficientes para recorrer el País y estar y compartir con las y los compañeros.

Tierra del Fuego, Córdoba, Río Negro, Santiago del Estero, Neuquén, Chaco, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, La Pampa, San Juan, Mendoza, Formosa. Incluso se dio la participación de representantes de todo el País en una importante marcha convocada por la AJB en la ciudad de La Plata y luego en la multitudinaria movilización del 29 de abril de todas las Centrales en la CABA.

Otro capítulo importante fue la participación de la FJA en la OIT en el marco de la Asamblea Anual. En esta ocasión el Secretario General mantuvo una importante reunión con el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca y el vice ministro, Ezequiel Sabor sobre la reivindicación judicial sobre Negociación colectiva para el sector.

Asimismo en la oportunidad mantuvimos reuniones importantes como ser con la Sra. Corinne Vargha, Directora de la Oficina de Normas y otras y otros funcionarios de la OIT. También sostuvimos una reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca en Buenos Aires.

Nada de lo dicho es la única forma de pensar, ni cierra ningún debate. Ojalá, en cambio, sirva para generar un intercambio, que espero sinceramente,enriquezca nuestra visión sobre la realidad y lo que debemos hacer para cambiarla en favor de los trabajadores, sus familias, y en especial, los más de ochenta mil judiciales que representamos en todo el paìs.

Nadie puede pronosticar lo que ocurrirá el año próximo, pero estamos seguros que no será nada fácil. Creemos que, sin embargo, hoy Federación y sus gremios están más unidos y más fuertes. En línea con nuestra política de Unidad de los que Luchan, les envío un caluroso saludo a todas y todos las y los judiciales, y brindo por un año con más unidad y más lucha.

Un abrazo fraterno.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2016.-

Hugo Blasco

Secretario General

Los proyectos de ley que reforman el Código Penal (Expte. 7120-D-2016), la ley de Ejecución Penal (Expte. 4829-D-2016) y el régimen de libertades durante el proceso —o excarcelaciones— (Expte. 7420-D-2016) son, a todas luces, inconstitucionales, profundamente antidemocráticos y traerán graves consecuencias sociales y el colapso al sistema penitenciario federal.

Estos proyectos se suman a la ley de flagrancia aprobada hace poco tiempo y constituyen la consagración de normas que no sólo contrarían los pactos internacionales de derechos humanos suscriptos por Argentina, sino que modifican radicalmente el sistema penal, aniquilando principios constitucionales reconocidos por nuestro país desde su independencia.

Estas iniciativas terminan con el principio constitucional de inocencia. Se restringe la excarcelación a casos excepcionalísimos, constituyéndose la prisión preventiva en la regla. Desde ahora, las personas serán culpables hasta que demuestren su inocencia. Toda persona detenida por ser sospechosa de haber infringido la ley, permanecerá privada de su libertad hasta que la justicia determine si es culpable o inocente, es decir, estará condenada de antemano hasta que se pruebe lo contrario.

También se termina con el principio constitucional de que no se puede condenar dos veces a una persona por el mismo delito (principio non bis in ídem). Alguien que cometió un delito anterior portando armas, será nuevamente castigado al imputársele un nuevo hecho, por las circunstancias del anterior.

Se pasa del derecho penal del acto (es culpable el que comete un delito) al derecho penal de autor: es culpable la persona por su condición de peligroso o enemigo, aun antes de cometer un delito. La política criminal basada en el derecho penal del enemigo, se fundamenta en la concepción de una sociedad de riesgo, donde el ciudadano es peligroso per se y sin prueba en contrario, esto es el derecho penal de autor.

Estas ideas tuvieron su máxima expresión en el régimen de la Alemania Nazi. Allí el enemigo del régimen, a quien se condenaba solo por considerárselo peligroso, era considerado el parásito del pueblo. Fueron estas ideas —y los actos que las sustentaron— las que progresivamente llevaron al nazismo a implementar el sistema de exterminio de todo aquél que se considerara indeseable. También estas ideas abonaron regímenes dictatoriales como el franquismo español o el fascismo italiano.

En la Argentina de hoy, el sistema penal captura a los pobres, que son quienes pueblan las cárceles hacinados y en condiciones infrahumanas. Estos proyectos, constituyen normativamente a los “delincuentes” —en realidad pobres en conflicto con la ley penal, por haber cometido delitos o ser acusados de tal cosa sin demasiadas oportunidades de defenderse por su condición social y el restrictivo acceso a la justicia— en los enemigos del pueblo o como lo justifica el proyecto el “peligroso para la comunidad o para la seguridad de la comunidad”. Esa calificación de peligroso será otorgada arbitrariamente por los jueces que, por diferentes circunstancias, le aplicarán esa calificación a una persona.

Otro aspecto grave a señalar es que se modifica la ley de ejecución penal: al abandonarse el principio de resocialización o reinserción de quienes cometieron delitos, se consolida normativamente la pena como castigo. Prácticamente todos deberán cumplir la condena en su totalidad.

La reforma suprime para los detenidos el régimen de progresividad, no importa si hacen las cosas bien o las hacen mal, no importa si se esfuerzan y trabajan o estudian. Todos deben cumplir totalmente su condena. Se deroga de hecho la libertad condicional y las restantes figuras morigeratorias establecidas por las leyes.

Se parte del principio de que nadie se resocializará; quien cometió un delito, será siempre un delincuente peligroso. Para ellos se vulnera la garantía de defensa en juicio. Los condenados no podrán presentar peritos para acreditar sus dichos o planteos.

Asimismo el Servicio Penitenciario asumirá las funciones del juez y decidirá el otorgamiento o no de la liberta condicional. Su opinión vale más que la de los magistrados que se verán obligados a acatar los informes de las juntas criminológicas. Además de su funcionamiento arbitrario, estas instancias han demostrado ser fácilmente permeables a la corrupción, elaborando informes que son “comprados” o cambiados por quienes tienen recursos.

Se crea también un Registro de Huellas Genéticas, que consagra una gravísima violación al derecho a la integridad de la persona y a su intimidad. Esto implica también una clara estigmatización de la persona que cometió un delito y abona la idea de la peligrosidad.

Como corolario, todas estas modificaciones provocarán un colapso extremo del sistema penal en pocos meses, por la gran cantidad de personas que se detienen, la baja en los egresos y las restricciones a las excarcelaciones y morigeraciones de la ley de ejecución.

Estas leyes han sido presentadas como forma de resolver el problema de la inseguridad. Como hemos venido insistiendo desde hace años, nuevamente la Comisión Provincial por la Memoria advierte que estas leyes no resolverán la violencia ni la inseguridad sino que la profundizarán y agravarán. Nunca la restricción de derechos y garantías resuelve problemas, nunca la degradación de la democracia trajo bienestar al pueblo, sino todo lo contrario.

Nuestra historia y la memoria del autoritarismo padecido por décadas donde se restringían las libertades y se endurecía la mano represiva del Estado —también mediante leyes aprobadas por el Congreso— debe ser la guía de nuestras acciones en el presente.

Por eso reclamamos a los senadores de la República que no convaliden con su voto estas propuestas y permitan el debate en las comisiones para que participe la sociedad y sus organizaciones. Estos proyectos son altamente regresivos para la sociedad, la libertad y la democracia. No hay que confundirse, la mano firme de un gobierno para resolver los problemas de la sociedad no pasa por profundizar la represión y el castigo sino por ofrecer oportunidades y políticas que promuevan más derechos. Nunca la restricción de las libertades ha traído mayor bienestar, sino que ha sido el camino hacia las peores catástrofes de la historia.

Destacamos la lucha y la madurez colectiva de los judiciales, para quebrar la inercia estatal y torciendo el brazo patronal acordando un incremento salarial en el segundo semestre del año.

Sumándose a dicho acuerdo se acordaron en paritaria:

Guardería: con un incremento anual del 84,66% acordando el monto en $2770.00 más el pago de la matricula anual por niño.

Bonificaciones Mandamientos: con un incremento anual acordado para los notificadores del 125 % (de $ 400 a $900), para los oficiales de justicia del 116% (de $600 a $1.300), y para el jefe de oficina del 50% (de $1.000 a $1.500).

Indumentaria Verano Choferes por un monto de $ 8000.

Indumentaria Mantenimiento.

Se destacan que mediante dicho acuerdo salarial, el sueldo testigo del escribiente alcanza la suma de $ 17.310 de bolsillo, sin antigüedad,permanencia, ni título. De esta manera, El impacto porcentual para la categoría testigo escribiente c/ guardería alcanza el 47,91% y el impacto porcentual para la categoría testigo escribiente c/ bonificación mandamientos alcanza el 41,78%.

Los judiciales reivindicamos la mesa paritaria salarial, como herramienta de lucha acordando una nueva reunión para el día 3 de enero 2017, con el claro objetivo de seguir trabajando para recuperar el poder adquisitivo perdido, y abordar los temas: fecha de cobro, devolución de los descuentos efectuados en 2016, refrigerio, horas
extras, etc.

La Mesa de Unidad Sindical, integrada por judiciales, docentes y estatales, marchará a la Casa de Gobierno por distintas demandas.