El espacio, que contiene más de 60 gremios de variadas ramas y sectores, fue el principal impulsor de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias aprobada por el Congreso Nacional el pasado 19 de septiembre, que evitaba que el régimen impositivo recaiga sobre un millón de trabajadores. En un comunicado publicado el 18 de diciembre la Mesa Sindical advierte que no permitirá que se retroceda en la modificación ante las declaraciones públicas de distintos dirigentes del gobierno de Milei.
El espacio de coordinación de gremios de los más variados sectores del sindicalismo y que integra la Federación Judicial Argentina (FJA), asegura en comunicado que volver para atrás con la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias implicaría profundizar una situación regresiva para el sueldo de lxs trabajadores en un marco donde la inflación y la devaluación ya mermó significativamente los ingresos.
“Nos uniremos, nos movilizaremos y lucharemos por consolidar la derogación del impuesto a las gananciasde la cuarta categoría y de restablecer la poda salarial a un millón y medio de trabajadores/as mediante un mecanismo de coerción instituciona”, así finaliza el documento emitido.
El comunicado completo:
Sí hay plata. No la tenemos los trabajadores/as.
El salario no fue, no es ni será ganancia.
El gobierno y una mayoría de gobernadores intentan poner sobre las espaldas de los trabajadores/as la resolución de una crisis que se profundizó estos últimos días. El primer intento conjunto es restablecer el injusto impuesto a las ganancias contradiciendo el propio voto a favor de su derogación que consumaron los actuales presidente y vicepresidenta en su condición de diputados en la sesión del 19/9/2023.
“Antes que subir los impuestos, me corto un brazo”, dijo el presidente en la campaña. Hoy, que ejerce la primera magistratura intenta desdecirse con la anuencia de algunos gobernadores.
La excusa es la falta de recursos y que el impuesto era coparticipable.
En primer lugar, los gobernadores saben perfectamente quienes son los actores económicos que tienen ganancias y rentas extraordinarias para equilibrar sus presupuestos en cada distrito.
En segundo lugar, la Constitución reformada en 1994 habilitó al sistema político a aprobar una nueva ley de coparticipación federal. Durante 30 años evadieron el tema y ahora pretenden cobrárselo a un millón y medio de trabajadores/as que luchamos democráticamente para defender nuestros salarios.
Además, desde el gobierno nacional nos quieren convencer de que una inflación del 250% anual es mejor que una de 160%, que los aumentos siderales y diarios de precios son un signo de salud económica, que el dólar a $800 pesos no trae consecuencias, que los despidos masivos o suspensiones son una solución, que la quita de derechos laborales es virtuosa (como en la época del menemismo en que terminamos con 20 millones de pobres), que emplear la violencia para enfrentar la protesta social es racional y que la estanflación es una secuela inevitable que las mayorías debemos aceptar con resignación.
Son premisas que no aceptaremos. Hay otros caminos porque hay plata. La siguen teniendo unos pocos.
La Mesa Sindical se constituyó para la eliminación del impuesto a las ganancias. Durante años argumentamos y demostramos la invalidez de dicho gravamen. Logramos el objetivo usando todas las herramientas que nos brinda la democracia. Construimos consensos con paciencia, solidez y firmeza.
No es legítimo que nos pretendan quitar esa conquista porque no tienen voluntad política de cobrar el impuesto a quienes tienen ganancias, rentas extraordinarias o beneficios de la especulación financiera.
No es legítimo que usen a los trabajadores como chivos expiatorios por su incapacidad para acordar un nuevo reparto de impuestos existentes entre las provincias y el estado nacional.
Los trabajadores/as no fugamos, no especulamos ni evadimos. Sufrimos las consecuencias de políticas erróneas que exacerban nuestras debilidades a pesar de la abundancia de recursos materiales y humanos. Es más: estos meses volcamos nuestra mejora salarial al mercado interno.
Desde la Mesa Sindical comunicamos nuestra oposición al intento antidemocrático de revertir la derogación de la cuarta categoría y de restablecer la poda salarial a un millón y medio de trabajadores/as mediante un mecanismo de coerción institucional.
Nos uniremos, nos movilizaremos y lucharemos por consolidar la derogación del impuesto a las ganancias que significa una rebaja salarial y lograr un aumento del salario mínimo, vital y móvil.
APSEE – APSAI – APSMBA – APJBO – APDFA – CEPETEL – Asoc. Judicial Bonaerense – Federación Judicial Argentina (FJA) – APJ GAS – SIPREBA – FAPJRA – APJ Televisión Pública – ABP Buzos – ASIJEMIN – Asociación Bancaria – APS Mercedes Benz – SEC (Rama Peajes) – UPJ Bco. Pcia. Bs. As. – CTERA – FTCIODyARA (Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de R.A) – FOETRA Bs. As. – UPJET – SECASFPI – SOEPU – FGB – AGTSyP – ASSRA – APDESBA – UJPe Petroquímicos de B. Blanca – APJ CABA – APLA – AEPJN – FETERA – Sind. Químico Papelero de Cap. Bermúdez – SOERM – FESPROSA – SITRAJU – SUTEPA – UTI – Sindicato Químico San Lorenzo – Sindicato Obreros Curtidores – SECEIC – AMS Casinos Pcia. Bs. As. – Luz y Fuerza La Pampa – Luz y Fuerza Zárate – Luz y Fuerza Mar del Plata – OTECH – APCNEAN – ATE CNEA – STIGAS CABA y GBA – La Plata – Mar del Plata – Neuquén-Rio Negro y Patagonia Sur – Asociación de Médicos Municipales CABA – Federación de Profesionales de la Salud del GCABA – Sindicato N.Or.T.E Rosario – AGAE – Asociación de Médicos de la Actividad Privada – ATE Hospital Nacional Laura Bonaparte – FAGDUT – APJM de Rafaela – ADUBA – ATILRA – UOGC – Festram – Sucmra – Sagam
Hoy 15 de diciembre se desarrolló la segunda reunión de gremios de distintos sectores, niveles y poderes del Estado y de las empresas públicas, pertenecientes a las diferentes centrales, profundizando las lecturas a partir del cambio de etapa ante la asunción del nuevo gobierno nacional y plan de ajuste. La unidad es el único camino para resistir el paquete económico presentado por Luis Caputo y los anuncios represivos lanzados por Patricia Bullrich.
Continuando con el camino que se inició el pasado 5 de diciembre, sindicatos y federaciones del trabajadorxs de las diversas áreas del Estado y empresas públicas se reunieron nuevamente en la sede central de la Federación Judicial Argentina (FJA) para compartir los diagnósticos de situación y análisis de las medidas económicas y represivas presentadas por el actual gobierno, con el objetivo de defender en conjunto los puestos de trabajo y los sectores estratégicos del Estado que Javier Milei con el patrocinio de Mauricio Macri buscan desmantelar, a la par de enfrentar el ajuste inflacionario y devaluatorio que pulveriza los salarios y el poder adquisitivo.
La reunión la inició Matías Fachal, secretario general de la organización anfitriona, y continuó con un informe elaborado por el economista Julio Gambina, director académico del Centro de Estudios y Formación de la FJA (CEFJA), centrado en las principales variables de ajuste económico que el gobierno entrante proyecta y que empalman con lo anunciado por el Ministro de Economía Luis Caputo. Lo propio se llevó a cabo por uno de los asesores jurídicos de la FJA, el abogado Ulises Gorini, respecto al Protocolo “antiprotesta” presentado en el día de ayer por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Luego se abrió el debate entre todxs lxs participantes.
De esta manera, representantes sindicales de judiciales, estatales, docentes universitarios, profesionales de la salud, bancarios, portuarios, trabajadores de la energía, de vialidad, entre otrxs, se preparan para abordar de conjunto los conflictos sectoriales que vendrán y pasar a construir mayores niveles de coordinación, organización y unidad entre lxs trabajadorxs de los diferentes estamentos del Estado, siendo muy auspicioso el espacio de debate y articulación que se viene gestando y en el cual ya se prevén próximas e importantes incorporaciones al mismo, habiéndose acordado emitir un comunicado en rechazo a las medidas gubernamentales y la convocatoria a una nueva reunión de este ámbito.
En la reunión de hoy se hicieron presentes la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA); Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asociación de Psicólogos del Gobierno de la CABA (APGCABA); Asociación Civil de Profesionales de Antropología, Comunicación, Sociología y Afines (APACSA); Sindicato de Trabajadorxs de Entidades Bancarias y Financieras (SITEBA); que se suman a los que ya venían participando con anterioridad: Federación Judicial Argentina (FJA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); Federación de Trabajadores de la Energía de la R.A. (FETERA); Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la R.A. (FESPROSA); Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADU-H); Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO); Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP); Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA); Asociación Judicial Bonaerense (AJB); Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR); Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEyFPJN); y de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL).
La Asociación Judicial de Catamarca (AJUCA) viene llevando a cabo distintas medidas de lucha exigiendo una recomposición salarial de acuerdo a la inflación, a la vez, se exige que el Ejecutivo no recorte el presupuesto provincial asignado al Poder Judicial. Denuncian un estado de emergencia de la mayoría de las oficinas judiciales de la provincia. Este último miércoles se movilizaron en el centro de la capital catamarqueña y la Federación Judicial Argentina (FJA) estuvo presente acompañando y solidarizándose a través del dirigente nacional Eduardo Alagastino.
La tensión entre el gobernador Jalil y la Corte de Justicia catamarqueña se profundizó en el último periodo a partir de un recorte anunciado por el Poder Ejecutivo de cara al presupuesto 2024. En el medio se encuentran lxs trabajadores judiciales de la provincia, quienes sienten día a día cómo su salario retrocede. Con el recorte, desde el gremio catamarqueño, denuncian la preocupación en torno al pago del salario de diciembre y del aguinaldo.
“Este proceso de recorte del presupuesto para el Poder Judicial viene desde el año 2013, aún así, desde el 2019 esta situación se agravó cada vez más. Para el 2024 el recorte alcanza el 30%, por lo que la situación es crítica, se pone realmente en peligro el funcionamiento total del Poder Judicial en la provincia”, afirmó Gustavo Carrizo, de la conducción de la AJUCA. “Está en riesgo el cobro del aguinaldo, y con la proyección actual, el Poder Judicial cuenta con fondos solamente para cubrir los sueldos hasta agosto durante el 2024”, finalizó.
La situación actual de las oficinas judiciales fue expuesta en un video difundido por redes sociales, donde se observa la forma precaria en la que lxs trabajadores del Poder Judicial de la provincia realizan sus tareas a diario, situación que se profundizará aún más en los meses venideros.
“Esta situación afecta no sólo nuestros salarios, sino que afecta a la división de los Poderes del Estado. Sin fondos, cada vez que el Poder Judicial necesite algo deberá recurrir a la predisposición del Ejecutivo para nuevas partidas. El objetivo es también la subordinación”, afirmó Cecilia Falcón, dirigente de lxs judiciales catamarqueñxs.
La FJA emitió este miércoles 13 de diciembre un comunicado firmado por su secretario general Matías Fachal, donde brinda apoyo a la lucha de lxs judiciales catamarqueños y que acompañará las distintas medidas asumidas por la AJUCA, la cual anunció que se profundizará el plan de lucha con marchas y el paro de actividades en todas las áreas de la Justicia.
A su vez, se hizo presente en la provincia Eduardo Alagastino, dirigente nacional de la FJA y secretario general de la Asociación Sindical de Empleados/as Judiciales de Santiago del Estero (ASEJ), junto a una delegación de esa organización: “Hemos acompañado la marcha de cientos de compañerxs a la Casa de Gobierno. He visto mucho compromiso y decisión en torno a que éste es el camino para defender a lxs trabajadores del Poder Judicial de la provincia. La verdad es que el Ejecutivo está exponiendo al conjunto de lxs trabajadores judiciales”.
Este miércoles 12 de diciembre en la sede de la Federación Judicial Argentina (FJA), con más de 100 participantes pertenecientes a distintas organizaciones sociales, sindicales, de DD.HH., juristas y de la abogacía, se lanzó la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, con el objetivo de encontrar respuestas colectivas frente al escenario que se viene que según el discurso de asunción de Javier Milei será de más ajuste y más represión.
El anuncio de las nuevas medidas económicas y el riesgo en torno a las medidas inconstitucionales que representan la violación a los derechos económicos sociales y culturales, y también civiles y políticos; se convocó esta reunión donde asistieron más de 60 organizaciones de distintos sectores. Matías Fachal, secretario general de la FJA y Claudia Rocca, de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), coordinaron la reunión y remarcaron que estamos ante un escenario donde crecerá la persecución a la protesta y a la violencia institucional.
La intención es poner en funcionamiento acciones contra la represión y el ajuste, y sostener una red amplia que pueda actuar de forma inmediata y de forma mancomunada ante un escenario donde se anuncia que se buscará callar y disciplinar las voces de quienes no acompañen el programa de ajuste que recaerá sobre las mayorías populares.
Luego de un intercambio de ideas, la reunión pasó a una dinámica de comisiones que se centraron en diferentes ejes de trabajo: represión social y persecución política; laboral, seguridad social y vaciamiento de estructuras públicas; decretos y leyes inconstitucionales; y redes de comunicación social, fueron los 4 ejes.
Entre las organizaciones participantes se encuentran: Federación Judicial Argentina (FJA); Asociación Americana de Juristas (AAJ); CTA Autónoma; Justicia Legítima; Asociación Latinoamericana de jueces del trabajo; Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL); Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); Corriente de abogados laboralistas «7 de Julio»; Abogados Laboralistas de Rosario; Jueces de la Doctrina Franciscana; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Sevicio Paz y Justicia (SERPAJ); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Instituto Espacio para la Memoria (IEM); LiberPueblo; Frente de Abogados AABA; Curas en opción por los pobres; Movimiento Ecuménico por los Derechos, Humanos (MEDH); Pastoral Social Evangélica (PSE); Nace un Derecho; Corriente de Abogados Porteños; Grupo de Litigio; Red de Medios Digitales; Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria; Federación Nacional Territorial (FENAT); Federación Trabajadores de la Energía (FETERA); Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE); Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADUH); CODESEDH; COLECTIVO QUILMES MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA; Secretaría DDHH Municipalidad de Avelllaneda; Red en Defensa de la Humanidad; Frente 22 de Agosto; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEED); Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH); Colectiva Andina; Espacio para la Memoria Virrey Ceballos; Colegio de Abogados de Moreno; UTED – Secretaría de DD.HH., Corriente de Abogados Porteños; Mesa Coordinadora Nacional Jubilades y Pensionades; MESM; Instituto EnFoco; Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; APEL; Grito del Sur; Camaña Nacional por la Reforma Judicial Feminista; Frente de Abogados Populares – Campora; ATTTAC Argentina; Corriente Nacional Martin Fierro; LLamamiento Judío Argentino, Proyecto Generar, Fundación de investigaciones sociales y Políticas (FISYP); Grupo de Investigación – Facultad Filosofía y Letras; IEF-CTAA Monitor de Respuestas Represivas a la Protesta Social; Equipo jurídico de la CTA Capital, entre otros.
Días atrás, la Agremiación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Mendoza realizó un acto donde la nueva comisión directiva, encabezada por el compañero Ricardo Babillón, asumió los cargos para el período entrante. Una comitiva de dirigentes de la Federación Judicial Argentina (FJA) se hizo presente en tan importante acontecimiento.
Hasta la sede gremial de los judiciales de Mendoza llegaron los compañeros Sebastián López y Luciano Cardarelli, secretarios generales de la Unión Judicial San Juan (UJSJ) y el Sindicato Judiciales Puntanos (SIJUPU), respectivamente, completando la delegación federativa con Daniel Torre, Facundo Coria y Sebastián Cerdán quienes llevaron el saludo de nuestra entidad.
El primer desafío que tendrá la nueva conducción pasa por lograr un aumento salarial acorde a la inflación. Al respecto, desde el gremio judicial de Mendoza aseguraron que: “El Ejecutivo, con intenciones de ajuste, discrimina sólo a los empleados judiciales dejándolos últimos a la hora de paritar. Es urgente mejorar el salario de los trabajadores. Existe una relación injusta entre el sueldo de los empleados y el sueldo de los magistrados, ya que la relación es de 1/19, es decir que un magistrado cobra el equivalente a 19 sueldos de trabajadores”.
Del mismo modo agregaron, que “ante la implementación del Plan de Modernización del Poder Judicial, se ha sobrecargado de tareas a los trabajadores, quienes con mayor responsabilidad siguen cobrando lo mismo”.
La asunción se da en un contexto donde parece cambiar la etapa política del país, por lo que la fortaleza y los marcos de unidad que puedan generar lxs trabajadores, serán fundamentales para que el periodo se atraviese sin grandes pérdidas para el sector mayoritario de la sociedad.
En este publicación digital, podrán encontrar los debates, dinámicas y conclusiones desarrollados durante el XIV Encuentro Nacional de Mujeres y personas LBTTNB Judicialxs de la Federación Judicial Argentina, en el Camping de Miramar, Pcia. de Buenos Aires.
Esta segunda edición de la Revista Judicialas responde a la necesidad de producir un material escrito que recoja la experiencia del encuentro y se constituya en una herramienta de trabajo para la construcción de la agenda de las judicialas en cada una de las filiales donde militamos, contribuyendo a la divulgación de nuestras problemáticas y nuestras luchas como trabajadoras del poder judicial y militantes sindicales. Esto requería que parte de los resultados de los talleres se presentara en un formato condensado que garantizara, a su vez, que las compañeras que no pudieron viajar presencialmente, pudieran acceder a los debates que fueron planteados.
Desde las Secretarías de Capacitación y de Géneros de la Federación Judicial Argentina (FJA), así como también desde su Centro de Estudios (CEFJA), nos interesa particularmente incentivar a las compañeras para que asuman el ejercicio de la redacción de sus ideas, inquietudes y perspectivas, como parte de la actividad política, para fomentar el intercambio creativo entre nosotras mismas a lo largo y ancho de nuestro país con el objetivo de seguir abonando colectivamente al crecimiento de nuestra FJA y a celebrar su historia, enriqueciendo su presente y su futuro.
Este año 2023, en el marco del aniversario de los 40 años de Democracia en la Argentina, los temas abordados estuvieron relacionados con el trabajo de memoria y de desafíos para defender los consensos democráticos y gestar nuevas conquistas. En este material presentamos las conclusiones tanto de diagnóstico como de propuestas surgidas de una jornada federal y feminista.
(Por Diego Lanese / Fotografía: Leandro Mac Garva / Para @DataGremialCom)El titular de la Federación Judicial Argentina (FJA), Matías Fachal, en una profunda entrevista del portal de noticias sindicales Data Gremial, alerta que la reforma del Estado que plantea el próximo gobierno “parece desguace”, y dijo que junto a otras organizaciones estatales van a resistir. El Poder Judicial, el rol del sindicalismo en esta etapa, las reivindicaciones históricas de los y las trabajadores/as judiciales, algunos de los temas abordados durante el reportaje.
Las paredes del histórico edificio de la Federación Judicial Argentina (FJA) parecen un mapa que recorre la trayectoria de esta entidad, nacida en la década de los ‘50 luego de un congreso realizado en la provincia de Catamarca. Las fotos y afiches muestran distintas acciones realizadas por la dirigencia y la militancia del gremio, que tiene presencia en todo el país, y que cultiva un importante espíritu federal. Prueba de esto son los escudos provinciales que adorna la sala de reuniones donde su secretario general Matías Fachal recibe a Data Gremial.
Además de expresar el federalismo, las oficinas marcan el trabajo regional, con banderas de los países vecinos y frases de Silvio Rodríguez. Custodiados con un viejo afiche de Osvaldo Pugliese tocando en la embajada de Cuba en Buenos Aires bajo la atenta mirada de una bandera del “Che” Guevara, Fachal habló de las expectativas que genera el cambio de gobierno, a nivel general y en la justicia. Explicó porqué el gobierno que finalizó este fin de semana no logró democratizar los tribunales, y pide unidad para enfrentar lo que viene.
– Comencemos por lo más inmediato: ¿Qué esperan de las primeras medidas del nuevo gobierno, que asume con una fuerte promesa de ajuste?
– Desde ya que estamos preocupados, porque en campaña, las promesas que se hicieron y las primeras definiciones luego de triunfar en el balotaje nos afectan, y ya las hemos vivido, porque siempre cuando se habló de reforma del Estado fue en realidad ‘desguace’ del Estado. Ya vivimos la privatización de YPF, Aerolíneas Argentinas y los trenes, por ejemplo. Además, en estos tiempos donde la forma de relacionarnos cambió, es más necesaria la presencia del Estado. Pensemos que hubiera sido durante la Pandemia teniendo un Estado mínimo, como el que plantea el presidente electo, qué hubiera sido de nosotros sin poder acceder a las vacunas, a las unidades de terapia intensiva. Es cierto que Javier Milei ganó por amplio margen, que representa el hastío con la clase política, hay una fuerte crisis de representación, y un fin de ciclo político en nuestro país, que además es global y regional, sino no se entiende que la gente vote contra sí mismo, porque lo eligen cansados del 150 por ciento de inflación, pero gana y dice que el año que viene vamos a tener 300 por ciento de inflación, y sin paritarias.
– Para no hablar de quienes ni siquiera tienen ese derecho.
– Mucha gente que votó a Milei no tiene trabajo formal, son empleos precarizados, flexibilizados, sin derechos. Esto influyó en cierto individualismo, sumado a las nuevas formas de informarse y al componente joven del voto libertario, en especial masculino. Son procesos complejos. Además, en campaña no se les habló a vastos sectores de la sociedad, como las provincias. O a esos jóvenes, que parece que ya no les interesan temas como la última dictadura militar, que sentó las bases de esta situación económica actual.
– Esa crisis de representación de la que hablas, ¿incluye al sindicalismo? Porque ese 50 por ciento de trabajo informal carece de representación gremial, ¿cómo se piensa recuperar terreno en ese sentido?
– Indudablemente los sindicatos estamos alcanzados por esa crisis de representación, debemos pensar que el trabajo formal alcanza el 40 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Si a eso le sumamos que las tasas de afiliación sindical son bajas, 15, 20 por ciento, le estamos hablando a una minoría. Somos parte de esa crisis, no somos responsable de todo lo que pasa, no hay 150 por ciento de inflación por los sindicatos, pero no le estamos llegando a esos sectores. Hay que tener un sentido de autocrítica, analizar lo que pasó. Que tengamos trabajadores formales por debajo de la línea de la pobreza es responsabilidad de los gremios, no sólo del gobierno o las patronales. Si ante las nuevas formas de trabajo no podemos interpelarlos hay una responsabilidad nuestra, el modelo argentino sindical considera trabajador a quien está ocupado, para quienes estamos en alguna de las dos CTA(N. de E.: el entrevistado integra el Comité Ejecutivo Nacional de la CTA-Autónoma) tenemos una definición distinta, una concepción amplia que incluye a quienes están en los movimientos sociales y a los jubilados. No es una posición mayoritaria esta, y eso lo debemos replantear todos. Que la UTEP quiera ingresar a la CGT es un avance, veremos cómo se resuelve.
– ¿El famoso “unicato sindical” termina siendo un obstáculo para ampliar la representación?
– Creo que en esta etapa van a venir por todos nuestros derechos, entonces esa discusión puede quedar como algo filosófico. Igualmente no es una discusión menor, que no se resolvió en Democracia, sino no tendríamos tres centrales obreras, por ejemplo. Que haya trabajadores que no se sientan contenidos en los espacios establecidos también es parte de la crisis de representatividad, y se buscan construir nuevos espacios. Cada vez que haya dirigentes que no se les permita presentarse dentro de los gremios en listas opositoras, o que estén los mismos dirigentes 40 años, claramente va en contra de la representación. Ahora, frente a lo que se viene necesitamos toda la unidad posible. Seguro hay algunos dirigentes o espacios que van a querer buscar el diálogo con el nuevo gobierno, mientras otros que irán viendo que es lo que suceda. Y los que salgamos a luchar. Está claro que la legitimación de los votos va a hacer que un sector de la sociedad va a ver mal las protestas, ahora cuando empiecen los despidos no hay otra forma de luchar que yendo a la calle. Esto no quiere decir que nos vamos a oponer a todo lo que plantee el nuevo gobierno, pero debemos defender las fuentes de trabajo y los derechos conquistados.
– Hay temor que la llegada de Bullrich a Seguridad sea la forma de garantizar las medidas de ajuste a través de la represión.
– A los que dicen “déjenlos gobernar antes de tomar medidas”, les decimos que si van a tomar las mismas medidas con los mismos intérpretes mal podemos esperar resultados distintos. Sabemos lo que fue Bullrich en su anterior gestión, con la doctrina Chocobar, la represión a jubilados o el caso Maldonado. No esperamos nada distinto, todo lo contrario, prevemos un recrudecimiento de la represión y la persecución política y judicial, como hicieron con la “Gestapo antisindical” en la provincia de Buenos Aires, o como se había a nivel nacional con la AFI. Además, hay una violencia social, Milei dijo cuando ganó “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, pero Macri más tarde le puso subtítulos a esa definición. Habló de los jóvenes que se organicen contra “los orcos”, que se supone somos los trabajadores, el movimiento de mujeres, los jubilados. Dichos así habilitan a lo que le sucedió a Juan Grabois, las pintadas en los lugares de trabajo, las amenazas. Esos dichos de Macri es un eufemismo para convocar a las Ligas patrióticas, tanto que hablan de la ‘Argentina del Centenario’, quieren volver a esos grupos de choque que atacaba a sindicalistas y trabajadores.
LA JUSTICIA QUE VIENE
– ¿Cómo analizan el nombramiento de Mariano Cuneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia?
–Milei dijo que hay que sacar la política del Poder Judicial, y dicho así podríamos estar de acuerdo, pero lo que quiere decir es sacar la representación de toda la sociedad en el sector. Por eso está poniendo alguien que tenga buen diálogo con lo más conservador y recalcitrante del Poder Judicial, que es el más conservador y elitista de los tres poderes. En el país se eligen los diputados, concejales, hasta los presidentes de los clubes de barrio, sin embargo en la Justicia sólo están representados los sectores oligárquicos, los sectores de máximo poder del país. Eso busca reforzar Milei con este nombramiento. La futura canciller Diana Mondino dijo que si no salen las leyes van a gobernar por decreto, bueno, necesitan que esos decretos sean ratificados por la justicia, por lo menos su constitucionalidad, o jueces que avalen los despidos del Estado y del sector privado, por ejemplo.
–El gobierno saliente anunció en 2019 una democratización de la justicia que nunca completó, ¿por qué se falló en este tema, y qué sería democratizar el Poder Judicial?
– Desde la Federación Judicial Argentina venimos planteando la Democratización del Poder Judicial desde los ‘90, es uno de los pilares de nuestra organización. Uno de los ejes es el tema del ingreso, cuando se habla de la “familia judicial” quiere decir que los familiares del poder están todos adentro, habla de la endogamia del Poder Judicial, eso hay que romperlo a través del ingreso democrático del personal, respeto a la carrera judicial, mejorando los procesos de selección y designación de magistrados, como se hizo en Santa Cruz, en Entre Ríos o Chubut, que desde mediados de los ‘90 vienen trabajando en esta mejora a propuesta de nuestra Federación. El expresidente Néstor Kirchner tomó nuestro modelo para el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz cuando era gobernador, y en el decreto de autolimitación presidencial para designar a los jueces de la Corte. Otro de los temas es lograr una instancia formal de discusión salarial, para conseguir la negociación colectiva en un pie de igualdad con nuestras patronales, como tienen todas las actividades. Sin embargo, eso está negado a los trabajadores judiciales por el carácter casi feudal de nuestras patronales, que es todo lo contrario a un sistema democrático. Planteamos que la equiparación salarial, el ingreso democrático, la democratización de las relaciones laborales, son cuestiones de la democratización de la justicia. Los jueces y juezas deciden sobre muchos aspectos de nuestra vida, sin embargo el resto de la sociedad no tiene ninguna forma de intervenir, eso muestra que no es un poder democrático. Hay países que se eligen por voto directo.
– ¿Sería una posibilidad concreta y posible a elección popular de jueces?
– Por lo menos blanquearía los posicionamientos políticos, porque se habla de independencia judicial y el otro día hubo tres fallos a favor de alguien que pese a no poder presentarse a las elecciones y que su partido salió tercero, está copando el gobierno electo. O la influencia que tiene la embajada de Estados Unidos en los jueces, que se puede ver por las fotos de quienes van todos los 4 de julio a festejar su independencia. Por eso es sumamente importante que la sociedad tome como propios los planteos de Democratización del Poder Judicial. Necesitamos un Poder Judicial de cara al pueblo, que se parezca a ese pueblo al que debe defender, sino tenemos un Poder Judicial al servicio del establishment.
TRABAJO EN TODO EL PAÍS
– ¿Cómo se articulan las distintas realidades que tienen los trabajadores judiciales, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre ellas?
– Nuestra Federación está integrada por 23 sindicales judiciales de todo el país, nos reunimos casi todos los meses, de forma presencial o remota. Cada provincia en esos encuentros informa sobre su situación, los planteos gremiales y las realidades que deben enfrentar cada día, y allí se socializan las posibles respuestas a los desafíos. Tenemos un Centro de Estudios y Formación que permite analizar y dar curso a la actividad sindical, se hacen informes y trabajos sobre las cuestiones vinculadas a la justicia. Somos una entidad muy preocupada por la capacitación política y sindical de nuestros dirigentes, ese es un déficit que tenemos los gremios en general. Por eso estamos constantemente lanzando capacitaciones y encuentros. Además, somos muy guardianes de las particularidades de cada provincia, de su idiosincrasia. En nuestra estructura tenemos sindicatos de las tres centrales obreras, y a lo largo de los más de 70 años de historia nunca nos quebramos, nos mantuvimos unidos, una forma de mantener nuestra mirada federal que tenemos en nuestra organización. Además, tenemos mucha actividad regional con organizaciones hermanas de Uruguay y Brasil, que nos permite tener una mirada más amplia en la lucha que debemos dar.
– Da la sensación de que en esta instancia que comienza con la asunción de Milei el movimiento obrero camina hacia la unidad, se mostró en el acto de la CGT con la UTEP, con las reuniones que tuvieron con gremios estatales. ¿Hasta qué punto puede llegar esa unidad?
– Esperemos que la unidad no tenga límites. En los ‘90 la regla fue la fragmentación, cómo la conducción de la CGT y los gremios se paraban frente a lo que se llamó “reforma del Estado” y fue básicamente el ajuste del Estado y la sociedad. En el 2015 también nos encontró dispersos, por distintas caracterizaciones de la etapa que se vivía, pero en la calle nos volvimos a unir. Y es más, creo que el movimiento sindical fue en esos días el ordenador de la dispersión política que había, que se ordenara el rol opositor ante el macrismo y ordenar las luchas del pueblo contra las reformas que intentaban imponer. Hoy nos encuentra mejor plantados, hemos aprendidos que debemos estar unidos en la acción, en la pelea y defensa de nuestros derechos, para enfrentar el ajuste, y derrotarlo. Simbólicamente fue muy importante la asunción de autoridades de la UTEP en la CGT, muestra cuál es el camino para el resto de los sindicatos. Nosotros hicimos lo mismo reuniéndonos aquí en nuestra sede con diversas organizaciones sindicales del Estado pertenecientes a las diferentes centrales, para avanzar en ese camino de unidad.
– Ese protagonismo que tuvieron los gremios en la lucha contra el macrismo, sienten que no fue debidamente “premiado” por la política, en el sentido que no tuvo el espacio para plantear sus opiniones y ser parte del armado del peronismo.
– Indudablemente es parte del “debe” de la política. Fuimos protagonistas de las luchas contra el macrismo, no sólo evitamos las drásticas medidas que planteaba sino además para la derrota electoral. Pero no logramos derrotarlo políticamente. Sino no podría haber vuelto a cooptar ministerios e imponer sus políticas ante el electorado que eligió a Milei. No se le dio el lugar que debió tener el movimiento obrero, y no hablo sólo de los lugares en las listas. Nuestras luchas no fueron representadas en todos los espacios políticos, incluso en quienes ganaron en 2019. Nos llamaron cuando se perdieron las PASO, y después se ganaron las generales, mirá si nos hubieran escuchado estos cuatro años. Servimos cuando había que frenar a Macri pero después nos mandaron al ostracismo. Los judiciales por ejemplo venimos planteando la necesidad de la negociación colectiva, salvo algunas excepciones no podemos discutir las condiciones laborales, algo que es un derecho constitucional. Y no lo logramos ni con los gobiernos más afines. Si lo tuviéramos habría más herramientas para frenar el ajuste que se viene.
Este miércoles 6 de diciembre, los sindicatos nucleados en la Federación Judicial Argentina (FJA) realizaron un minuto un minuto de aplausos en todas las oficinas judiciales del país, para exigir que se cumpla con el derecho constitucional a la Negociación Colectiva en el Poder Judicial y por el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector.
La acción se enmarca en el Plan Nacional de Lucha por la Negociación Colectiva en el Poder Judicial, el cual fue lanzado el pasado 13 de septiembre con una campaña de visibilización, a la cual continuó el 6 de octubre con un Abrazo Nacional a los Tribunales de Justicia. Esta vez la acción pasó por llamar la atención dentro del espacios de trabajo reuniéndose en las propias oficinas de trabajo o en los espacios comunes en los edificios judiciales, para aplaudir durante un minuto mientras se exponían diferentes carteles alusivos.
El objetivo de lxs judiciales es construir una instancia de discusión que siente a la CSJN y a los Tribunales Superiores provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para negociar paritariamente sobre las condiciones de trabajo y un piso salarial común que iguale la disparidad que hoy se siente de provincia a provincia.
A su vez la construcción de un Convenio Colectivo de Trabajo es fundamental para regular la actividad nacionalmente y establecer escalafones únicos, base de derechos en relación a licencias, reglamentaciones, pagos de títulos, entre otros.
Desde los gremios judiciales sostienen que el marco jurídico internacional se encuentra de su lado, a partir de los convenios internacionales suscriptos por Argentina y por lo resuelto por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Caso 2.881 de hace más de 10 años, los cuales incitan a que el Estado argentino garantice la Negociación Colectiva para los Poderes Judiciales.
“Es nuestra patronal y el estado argentino el que se encuentra en falta. Se trata de un derecho constitucional y tienen que garantizar que lxs trabajadores podamos sentarnos a negociar paritariamente, en un marco formal, nuestras condiciones de trabajo y en definitiva qué Poder Judicial queremos para nuestra sociedad. Por eso decimos, que aunque parezca un reclamo sectorial, es una discusión profunda sobre la Democratización del Poder Judicial. Trabajadorxs con condiciones dignas contribuye a construir una mejor justicia para todxs”, afirmó Matías Fachal, secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA).
Una decena de gremios de diferentes sectores y poderes del Estado y de las empresas públicas se reunieron este martes 5 de diciembre en la sede de la Federación Judicial Argentina (FJA) para discutir sobre el cambio de etapa política y sobre cómo prepararse para defender los derechos conquistados y las fuentes de trabajo a la par de resistir el ajuste anunciado por el gobierno entrante.
La reunión, que inició con el saludo de Matías Fachal, secretario general de la organización anfitriona, repasó los principales puntos de las medidas que se perfilan a partir del 10 de diciembre, la cual golpeará en un principio a aquellas áreas vinculadas a la actividad estatal. A su vez, se hizo hincapié sobre las implicancias de esas medidas para el conjunto de la sociedad en el corto plazo. Ante este escenario, la unidad de lxs trabajadores será fundamental para resistir ante las medidas de ajuste salvaje que pretenden Javier Milei y su padrino Mauricio Macri.
Judiciales, estatales, docentes universitarios, profesionales de la salud, bancarios, trabajadores de la energía, entre otrxs, compartieron la información que se tiene hasta el momento desde cada actividad y centraron el debate en cómo poder abordar los conflictos sectoriales que vendrán y pasar a construir mayores niveles de coordinación entre lxs trabajadorxs de los diferentes estamentos del Estado.
Luego, se realizó una historización sobre las medidas asumidas por gobiernos similares en el país para proyectar por donde pueden comenzar las políticas de recorte. Del mismo modo, se repasó la situación en la que se encuentra el sector de todos los gremios presentes. La intención es adelantarse a los movimientos que se realicen desde el ejecutivo entrante y al contenido de la ‘Ley Ómnibus’, de la cual aún se mantienen la mayoría de los puntos de forma reservada.
La conclusión del encuentro es auspicioso en cuanto a profundizar la coordinación y se espera que varios espacios más se sumen se vuelquen a las discusiones. Con la unidad como bandera y con la certeza de que lxs trabajadores tienen que ser un espacio de resguardo de derechos y de avances para el conjunto de la sociedad.
Además de la Federación Judicial Argentina (FJA), participaron las conducciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); Federación de Trabajadores de la Energía de la R.A. (FETERA); Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la R.A. (FESPROSA); Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios-Histórica (CONADU-H); Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO); Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP); Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA); Asociación Judicial Bonaerense (AJB); Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR); Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEyFPJN); y de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL).
Este viernes 1 de diciembre se desarrolló en un formato semipresencial la reunión de Mesa Directiva y de Consejo Superior de la Federación Judicial Argentina (FJA), encabezada por su secretario general, Matías Fachal, y la participación de dirigentes judiciales de dieciséis Filiales. El principal tema fue la situación del país, el nuevo escenario que supone el recambio gubernamental y el desafío de lxs trabajadorxs por resistir al ajuste que se anuncia para la nueva etapa, así como también ultimar detalles para el ‘Aplausazo Nacional’ del próximo 6 de diciembre.
Con la presencia de los sindicatos judiciales de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, de la Ciudad de Buenos Aires, y del Poder Judicial de la Nación, se le dio la bienvenida al flamante secretario general de la Agremiación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, Ricardo Babillón, quien informó sobre el conflicto salarial que están protagonizando en dicha provincia. Lo propio realizaron los compañeros de la Asociación Judicial de Catamarca (AJUCA) cuya lucha mereció el acompañamiento solidario de todos lxs presentes.
La reunión inició con el informe del secretario general de la FJA, Matías Fachal, quien repasó los temas a tratar a la vez que repuso la situación político institucional del país y de la vida federativa. El presidente electo, con el padrinazgo del expresidente Mauricio Macri, perfila un escenario regresivo para el conjunto de la clase trabajadora y en particular para quienes desarrollan tareas dentro del estado. El rol que juegue el pueblo en la defensa de sus intereses será fundamental para sostener derechos históricos, apelando a la mayor unidad posible en ese camino.
Luego, se terminaron de cerrar los preparativos para el Aplausazo que lxs judiciales realizarán en todas las oficinas del país este 6 de diciembre. Enmarcado en el Plan de Lucha Nacional por la Negociación Colectiva en el Poder Judicial, la acción es la continuación de diferentes medidas tomadas por lxs judiciales por lograr que se reconozca el derecho constitucional a contar con una Negociación Colectiva que sea el marco de un Convenio Colectivo de Trabajo, herramienta fundamental para que lxs judiciales sean protagonistas en la discusión del salario y condiciones de trabajo, así como el ingreso y la promoción en la carrera judicial.
Por último, se repasó el trabajo que se viene realizando desde el Equipo de Salud Laboral de la FJA, el cual busca actualizar el estado de situación de la salud y la violencia dentro del ámbito del Poder Judicial. El inicio del 2024 estará marcado por la tarea de recopilar datos e investigar la situación de lxs trabajadorxs dentro del Poder Judicial, a través de la construcción de una nueva Encuesta Nacional, para que lxs judiciales puedan darle cauce a sus experiencias y a la vez contar con datos fundados para construir políticas que mitiguen los marcos insalubres.
