“En principio es bueno recordar que el juicio al que hacen referencia lleva en proceso 24 años y que en el 2008 cuando se sancionó en la Legislatura con conocimiento y aprobación del gobernador Capitanich el blanqueo del monto en negro, no era ni más ni menos que lo que estaba en litigio en el juicio al que hoy hacen referencia, tanto uno como otro Poder tenían pleno conocimiento del mismo y de alguna manera se reconocía que se habían violado nuestro derechos”, expresó Daniel Antón, Secretario General del gremio.
“Resulta que ahora salen a decir que ponemos en riesgo la situación financiera de la provincia y no sólo pretenden pagar con bonos sino que, además, pretenden vulnerar los derechos de los empleados judiciales que ingresaron antes del 2008, momento en que se blanqueó el monto en negro, cuando ya desde el 2008 podían prever una forma de pago de una deuda que tenían pleno conocimiento”, agregó Antón.
Además, aclaró que en junio del 2014 fue notificado el Ejecutivo de la primera liquidación. “Este gremio entiende que con la causa Muller que anula la acordada que generó el juicio; y al igual que el juicio anterior del 25% deben cobrar todos los empleados judiciales, ya que no es una cuestión de si iniciaron juicio o no, sino que fue vulnerado un derecho constitucional y sería de mayor gravedad si se les paga a uno sí y a otros no, cuando le corresponde a todos los que ingresaron antes del 2008”, indicó.
Por último, manifestó que entienden que si la provincia no se encuentra en condiciones de ofrecer ningún tipo de pago razonable, es el Gobierno Nacional quien debe responder. “Destacamos que prácticamente el 50% de los que hicieron juicio son fallecidos y los vivos son personas mayores con serios problemas de salud y les quieren pagar a diez años. Además, entendemos que la situación salarial del empleado judicial de Chaco se fue deteriorando en los últimos tiempos, lo que nos lleva a replantear la situación y elevar una petición de recomposición”, finalizó.
