Categoría: Noticias

Pablo Abramovich, actual Secretario Adjunto de la AJB, donde secunda a Hugo Blasco, encabeza la lista que se alzó con el triunfo en el sindicato judicial bonaerense.

Realizado el recuento de los votos emitidos en las dieciocho departamentales, la elección para Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) tuvo como claro ganador al “Frente de Trabajadores por la Unidad” (Lista 1), que recibió 4.636 votos, representando un 56,51% del total de sufragios válidos emitidos.

En segundo lugar, la Lista Azul y Blanca Nº 10 “Encuentro de la Militancia Judicial” obtuvo 2.706 votos (32,98% del total). Con esos valores, la lista 10 alcanzaría el porcentaje necesario para lograr la representación por minoría en la Comisión Provincial.

Por su parte, la Lista Gris Nº 5 “Carlos Fuentealba” obtuvo 340 votos (4,14% del total). Se registraron 522 votos en blanco, 52 anulados y 5 impugnados.

La elección tuvo una importante participación de los trabajadores judiciales, habiendo emitido su voto 8261 afiliadas y afiliados (más del 75% de los habilitados para sufragar).

Pese a que no se registraron impugnaciones por parte de ninguna de las listas participantes, los resultados que se publican tienen carácter provisorio, atento que la Junta Electoral Provincial aun no ha finalizado el escrutinio definitivo.

Con profundo dolor, la Federación Judicial Argentina (FJA) comunica que esta madrugada falleció Josefina ‘Pepa’ García de Noia, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

Pepa era la mamá de María Lourdes Noia – detenida desaparecida vista en la ESMA-, y nunca descansó en su incesante búsqueda de justicia y verdad.

Saludamos a su familia y compañeras de lucha en este doloroso momento.

Sus restos serán velados en la Legislatura Porteña, a partir de las 15 hs. de hoy y hasta la noche. En tanto que mañana a las 10hs. partirán hacia su último descanso.

El 28 de Diciembre de 2012 el Juzgado Civil Nº1 de Zapala ordenó a Verónica Pelayes, trabajadora Judicial, el diligenciamiento de un mandamiento de intimación a despejar un camino de acceso al yacimiento El Portezuelo, lugar distante a 50km de la ciudad mencionada.

Dicha diligencia fue ordenada a pedido de la empresa petrolera Apache el último día del año laboral en el Poder Judicial fuera del horario de trabajo. Bajo amenazas de sumario, la Jueza de Cámara Dra. Liliana Deiub, y la secretaria del Organismo Dra. Alicia Fuentes, intimaron y conminaron a Verónica para que realizara dicha diligencia.

Como consta en la denuncia formulada por nuestra compañera, la medida se llevó adelante con sólo dos agentes policiales y el abogado de la empresa.

En esa ocasión fue agredida por integrantes de la comunidad Winkul Newen sufriendo hematomas, heridas en la región del pómulo y la mejilla izquierda, y la rotura de huesos nasales, ocasionándole desfiguración en el rostro por lo que tuvo que someterse a diversas operaciones y tratamientos, además de la atención psicológica y psiquiátrica que continúan en la actualidad.

Nuestro sindicato solicitó la apertura de una información sumaria para que el Poder Judicial sancionara a la funcionaria que coaccionó a Verónica para realizar una diligencia en condiciones de absoluta indefensión y vulnerabilidad.

El 13 de Febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia en una actitud corporativa y como mejor respuesta, archivó las actuaciones sin más trámite “premiando” a Verónica con un diploma y medalla de honor “por los servicios prestados”.

Dos años y medio después de este lamentable y repudiable hecho, vemos con preocupación cómo se ha tergiversado lo sucedido en Portezuelo y se intenta instalar en la opinión pública, incluso engañando la buena fe de personalidades nacionales e internacionales cuya trayectoria en defensa de los derechos de los más humildes, de los trabajadores y de los pueblos originarios ha sido intachable- que lo ocurrido fue en un escenario de represión policial, repelida por integrantes de una comunidad mapuche, y que nuestra compañera habría quedado (en el mejor de los casos) en medio de dicho enfrentamiento.

Lo cierto es que allí no hubo ni fuerzas represivas, ni topadoras, ni orden de desalojo, ni legítima defensa frente a una supuesta represión policial. Tanto así, que el TSJ reconoce que “…la fuerza de seguridad no cumplimentó de la manera encomendada sus cometidos, al no ejercer las facultades de que se halla investida, tendiente a resguardar a quien estaba cumpliendo una orden judicial; dejando sin protección alguna a Pelayes al punto que fue la única agredida …” (Acuerdo nº 5246 de decha 13/02/2015).

Verónica Pelayes se encontró sola con un grupo de personas y fue víctima de una brutal agresión que no solamente le desfiguró la cara y la alejó de su trabajo sino que además le destruyó definitivamente su vida.

El Sejun y la FJA son parte de las organizaciones en la provincia de Neuquén que ha acompañado a nuestros hermanos Mapuche en su reclamo por el derecho a ser reconocidos como Pueblo Originario, a que se le respete su cultura, su idioma, y su territorio. A que se respete el derecho a la Consulta Previa en relación al uso de los recursos naturales existentes en suelo de sus comunidades. Entendemos que su pelea, como la de los y las trabajadoras y la del pueblo más humilde de nuestra provincia es la misma, y que con la misma saña el poder político no solamente ha hecho uso de la represión policial sino también ha utilizado al poder judicial para judicializar y criminalizar a quienes peleamos por una sociedad más justa.

Por ello es que no podemos quedarnos callados viendo cómo frente a este hecho de injusta violencia contra una trabajadora, se utilizan banderas históricas deslegitimando así la verdadera pelea que desde hace tantos años lleva adelante el Pueblo Mapuche y avivando campañas xenófobas que son tan repudiables como la agresión sufrida por nuestra compañera.

SECRETARIADO GENERAL SEJUN: 19 de Junio de 2015.

“Acá tienen que ponerse de acuerdo para embarazarse”, “a vos ni se te ocurra quedar embarazada eh”, “por qué no se preocupan por la decoración de la oficina si eso es lo que hacen las mujeres”, “yo tengo que pensar que esto se hizo así o porque son unos hijos de puta o porque son unos pelotudos ¿cuál de las dos?”, “esto solo es obra de dos opas…”, “no voy a permitir que un pendejo y un boludo me tomen a mí de tarado, quien mierda se piensan que soy?”, “me tenés podrido, me haces un ruido que me molesta, un zumbido… andate de acá… andate”, “vos me debes todo a mí, yo te ascendí”, “el cargo ese donde vos estás, es mío, mío…”, “ese cargo es mío, me pertenece y yo ahí puedo nombrar a quien se me cante el orto”, “nunca más vas a volver a trabajar… te voy a quemar”.

Esas y otras frases son constantes en el trato que el Defensor Oficial Ramiro Sánchez Correa tiene con los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires a su cargo. Desde que asumió, en el 2009, más de 20 trabajadores y funcionarios se fueron de esa dependencia por la violencia laboral. Los denunciantes señalan que los hechos se ven agravados contra las mujeres. El caso reviste una entidad única y grave.

En la actualidad, se encuentra en trámite una denuncia por maltrato laboral y violencia de género realizada por un grupo de trabajadores que componen la mayoría de la planta con apoyo de otra decena de ex empleados y de las tres entidades gremiales judiciales (AEJBA, SITRAJU y UEJN), contra Sánchez Correa y sus secretarios Tomás Arceo y Paula Rodríguez. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires tiene hoy una posibilidad única para avanzar en hacer cesar la violencia contra los trabajadores y, en especial, contra las mujeres cuando se ejerce al interior del Poder Judicial.

La denuncia incluye el relato de cómo a una empleada embarazada, mientras la insultaba con toda clase de improperios, llegó a lanzarle expedientes al piso y esta se vio obligada a levantarlos. A eso se suma la discriminación contra todas las mujeres embarazadas y las que ya eran madres. A las mujeres profesionales de la Defensoría, en consonancia con una estereotipación machista, les exige cumplir roles típicamente “femeninos”: servir café, encargarse de cuestiones de personal, de decoración y otros del estilo. Además, las empleadas deben soportar críticas sobre su aspecto personal y comentarios sobre su estado civil, todas acciones encuadradas dentro de lo que la Ley define como violencia laboral y simbólica contra las mujeres.

En la denuncia presentada se detallan expresiones de Sánchez Correa respecto de aquellas personas que se acercan a la defensoría buscando hacer valer sus derechos. “Si el legajo era de varón solo con HIV, el Defensor expresaba: ‘…ese debe ser puto” o preguntar si la ‘…señora era una pobre mujer o una de esas que solo abre las piernas para tener hijos’. La frase más recurrente del Defensor al momento de revisar los amparos es ‘si, si…. Ya sé: vino de Jujuy, es empleada doméstica…. Gana 20 pesos la hora. ¿Pero cómo puede ser? Mi empleada doméstica me cobra 25, claro, claro, todas dicen los mismo…”.

Las acciones denunciadas por los trabajadores y trabajadoras son claramente contrarias no solo a la Ley de violencia laboral (Ley 1.225), que existe en el ámbito de la Ciudad, sino especialmente condenadas por la Ley de protección contra la violencia hacia las mujeres (Ley 26.485). Los denunciantes exigen que esa Ley se aplique en las acciones que se le siguen a Sánchez Correa, y por ende se remueva al mismo de su cargo a través de un Jury de Enjuiciamiento.

La semana que viene el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, cuya presidencia ejerece Juan Manuel Olmos, tiene la oportunidad de decidir si este tipo de actitudes se consideran simples faltas disciplinarias o si son incompatibles con el ejercicio del cargo de magistrado, y, por tanto, merecedoras de una investigación que pueda derivar en su remoción mediante el Jury de Enjuiciamiento, ya que un trato denigrante a los trabajadores, y en especial a las mujeres, es una conducta indigna de un defensor público, encargado paradójicamente de velar por el respeto de los derechos de los sectores más vulnerables de la Ciudad. Además de vulnerar de forma palmaria derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional, en particular el art. 14bis (condiciones equitativas y dignas de trabajo) como Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Argentina.

Los trabajadores y sus sindicatos claman para que se corra el halo protector de lo que denominan ‘la Corporación Judicial’, a la que tildan de cómplice de estas situaciones de maltrato laboral, y exhortan a “repensar qué tipo de justicia queremos, lo implica necesariamente revisar las prácticas al interior de las dependencias judiciales. Ya que de otro modo, servir a los ciudadanos y ciudadanas resulta una tarea de difícil construcción”. Antecedentes no les faltan en ese sentido, y citan las remociones que lograron los sindicatos judiciales mediante el Jury de Enjuiciamiento por violencia laboral de las juezas Marta Raggio, en Necochea, y Graciela Rossi, en Chos Malal, como así también de la fiscal Roxana Romero en Paso de los Libres.

Ver la Denuncia completa en línea en formato PDF:
http://1drv.ms/1L6FxD1

En el desarrollo de la reunión plenaria tuvieron tratamiento especial, los casos de violencia laboral y contra la mujer registrados en las provincias de Córdoba, Chubut, San Luis, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires.

Fue un triunfo categórico para la valentía de los trabajadores judiciales de Santa Cruz, la resolución del Superior Tribunal de Justicia que se expidió exceptuando del cumplimiento de la subrogancia como Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia con asiento en Río Turbio, a la Jueza Dra. Betina Bustos, por conductas violentas, persecutorias, acosantes y de hostigamiento en contra de trabajadores. Para la resolución de este conflicto fue relevante la presencia de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), que en todo momento apoyó el accionar y la denuncia presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales.

Total apoyo de los miembros de la Mesa Directiva , tuvo también la denuncia presentada por los compañeros de San Luis, provincia que tiene como protagonista de violencia laboral y de género al mismo Presidente del STJ Dr. Horacio Zavala Rodríguez, quien ante la inquietud de los trabajadores puntanos, por el cambio de régimen de “licencia por motivos de salud y maternidad”, manifestó que para el próximo concurso de ingreso al Poder Judicial, se incorporará una nueva cláusula en la que constará como “requisito obligatorio que las mujeres se realicen ligadura de trompas”. Respuesta desde todo punto de vista misógina, violenta y que se contradice con la conducta de aquellos que están llamados a impartir justicia y defender los derechos humanos.

Otra victoria contundente, contra la violencia, se registró Chubut. En esa provincia, ante la denuncia penal presentada por la Federación Judicial Argentina contra el médico forense Dr, Daniel Roo, por apología de la violencia, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut decidió cesantearlo de sus funciones en el Cuerpo Médico Forense en la ciudad de Esquel.

En el caso de Córdoba, la AGEPJ , presentó una denuncia ante el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carlos García Alocco, por las “situaciones altamente estresantes, violentas y discriminatorias que provienen del (mal) trato” (sic) del jefe de División Dr. Diego Cardo, en contra de los trabajadores del equipo técnico del fuero penal. La FJA estará atenta a los avances que se den al respecto y al pronunciamiento del TSJ.

En tanto que se informó que en la ciudad de Buenos Aires, la AEJBA, denunció por Violencia de Género y Maltrato Laboral al Defensor Oficial Ramiro Sanchez Correa y a sus Secretarios Tomás Arceo y Paula Rodríguez, por reiteradas situaciones que provocaron la ida de más de 20 trabajadores de esa dependencia. Lo inédito de la situación es que 12 trabajadores de la Defensoría se animaron a presentar la denuncia, junto a las 3 entidades sindicales del sector.

En otro orden de cosas, se confirmó la participación de las mujeres judiciales en el “30º Encuentro Nacional de Mujeres” a realizarse los días 10, 11 y 12 de octubre en Mar del Plata. Las judicialas participarán del taller “Violencia de Género, Mujer y Justicia”.

Entre las resoluciones tomadas, se definieron: continuar exigiendo la sanción de una ley de convenio colectivo a nivel nacional para que tod@s l@s trabajador@s del país tengan un piso mínimo de derechos y condiciones laborales garantizadas. Convocar a una Jornada Nacional de lucha contra la Violencia Laboral y Condiciones de Trabajo, en fecha a definir. Adherir a la 32º Marcha del Apagón, por Memoria, Verdad y Justicia, a realizarse en la provincia de Jujuy Ingenio Ledesma, denunciando la complicidad del poder económico con la dictadura cívico-militar y exigir al Estado que ejerza su responsabilidad internacional de juzgar a los imputados de delitos de lesa humanidad. También se resolvió realizar el Plenario Nacional de la FJA los días 6 y 7 de agosto, próximo.

De la reunión participaron las provincias de: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Jujuy, y Río Negro.

Los casos de maltrato que sufren las y los trabajadores judiciales de todo el país son constantes, mientras que la lucha contra la violencia laboral se redobla. Esta vez, quien enfrenta gravísimos cargos por maltrato y persecución es la polémica jueza del Juzgado Penal N° 1 de Río Turbio (Santa Cruz), Betina Bustos.

Bustos fue denunciada por once trabajadores donde se acusa a la magistrada de persecución, malos tratos y amenazas, situación que obligó la intervención del Superior Tribunal de Justicia provincial, instancia que decidió a través de cuatro resoluciones, diversos traslados, la desafectación de la jueza como subrogante del Juzgado de Familia y una evaluación psico-institucional a jueces, funcionarios y empleados por “conflictividad en las relaciones laborales y personales”.

Gracias al compromiso de lucha del gremio santacruceño y de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), una vez que finalizaron los estudios los especialistas determinaron que Bustos posee una conducta de “hostigamiento constante”. A esto se suma el pedido que realizaron los compañeros Juan José Ortega y Alfonso Lobo, Secretario General y Adjunto respectivamente, para la intervención de un perito de parte para profundizar en los aspectos que hacen a la personalidad de la magistrada y eventualmente un jury y la solicitud de su destitución, ya que además Bustos estaría vinculada con irregularidades muy serias en la instrucción de denuncias, discriminación a trabajadora judicial con enfermedad oncológica y posicionamientos del Inadi al respecto.

En diálogo con Prensa FJA, el compañero Lobo afirmó estar a la espera de una “rápida y favorable definición sobre el tema por parte del Tribunal de Justicia, ya que Bustos a pesar de la denuncia en su contra, continúa su conducta de hostigamiento y maltrato, por lo que la situación laboral es insostenible”. Por esto dirigentes del sindicato se han mantenido movilizados durante todo el mes de junio en Río Turbio y otras localidades de la provincia de Santa Cruz, interviniendo en el caso en virtud de la gravedad de los hechos.

Desde el gremio postulan que la situación es muy seria debido a la “reiterada, intencional y perversa situación de violencia laboral que se vive dentro y fuera de los juzgados de Río Turbio, donde los trabajadores son menoscabados por su condición sexual, su religión, su fisonomía, su capacidad, su peso, su lugar de origen. Asimismo sufren la permanente presión de tener que dar cuenta de su vida privada fuera del ámbito y horario de trabajo, debiendo solicitar autorización y quedar a merced de la voluntad de la magistrada”. Y profundizan en la gravedad del asunto que “se extiende a la práctica nefasta de la magistrada que cita ante sus estrados y acta mediante, interroga a los médicos de la cuenca cuando otorgan un certificado médico a los trabajadores, situación absolutamente irregular y fuera de todo reglamento que está en conocimiento de la Secretaria de Superintendencia ante el TSJ, el médico auditor de TSJ Dr. Martin y Sres. Vocales”.

Avanzar por el jury contra la violencia laboral

Carlos Ordoñez Secretario General de Federación reafirmaba el día de ayer el compromiso nacional contra la violencia laboral. “En un país que se está planteando una justicia democrática, hay que repensar los mecanismos de remoción de los jueces, la caducidad de los mandatos y evaluarlo en forma periódica para ver si tienen la idoneidad en cuanto a los aspectos legales pero también a las capacidades psiquíatricas para llevar adelante las tareas de magistrados, afirmó Ordoñez y añadió que “para la FJA es una obligación acompañar porque entendemos que no hay posibilidad de democratizar la justicia si no se erradica la violencia al interior de la misma. Nosotros venimos lamentar el fallecimiento de un compañero en Corrientes producto del maltrato de una fiscal, y producto de la acción sindical fue dejada cesante”.

Ordoñez encabezó una delegación de la FJA que se hizo presente en Santa Cruz, participando de asambleas y reuniones con los compañeros judiciales de esa provincia, se reunioren con uno de los vocales del Tribunal Superior de Jusiticia santacruceño, y asimismo, brindaron una conferencia de prensa a los medios locales donde se explayaron sobre esta grave situación. La delegación de la FJA estuvo conformada por Carlos Ordoñez (Mendoza); Claudio Salazar (Neuquén); Matías Fachal (Cdad. de Bs. As); Omar Quintero (Chubut); Wilson Dupre y Gladyz Czop (Río Negro); Marcelo Kuba y Omar Dahas (Tierra del Fuego) entre otros dirigentes judiciales.

En esta línea, representantes sindicales santacruceños y compañeros de FJA, se mantuvieron reunidos con el TSJ demandando que “se revise en profundidad este hecho, que el Tribunal arbitre los medios necesarios para instrumentar los mecanismos legales para investigar la condición psiquiátrica e idoneidad”. Enrique Peretti, vocal superior del TSJ, manifestó ante la prensa su vocación por plantear esta problemática en el Tribunal Superior, “abrir las paritarias para plantear un organismo que tenga como rol controlar estos hechos, y por último exponer la situación en el Foro Patagónico porque entendemos que no es un problema ajeno de las demás provincias”, concluyó.

El pasado miércoles 1 de julio los judiciales realizaron una asamblea general y mediante el voto democrático de cada uno de los presentes se decidió avanzar en la exigencia del jury hacia la Dra. Betina Bustos

La Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (AEJBA) es parte integrante desde hace 12 años de la Federación Judicial Argentina (FJA)[1], entidad sindical de 2do. grado que nuclea a 24 sindicatos de trabajadores judiciales de todo el país y que lograra en 1964 –durante el gobierno de Arturo Illia– la implementación por primera vez del sistema de Porcentualidad Salarial luego de reclamarlo consecuentemente desde su fundación en la ciudad de Catamarca en el año 1952.

Así como sucedió con otras conquistas de la clase trabajadora, las dictaduras militares de 1966, 1973 y 1976 desconocieron este derecho y derogaron las leyes respectivas. Es así, que este sistema fue reinstaurado a través de leyes y decretos en los años 1971, 1973, 1975, 1976, 1977 y derogado sistemáticamente por los gobiernos dictatoriales, y, hasta en algunas oportunidades, vuelto a implementar en esos procesos.

Esta forma equitativa de distribución de la riqueza fue reimplementada a nivel nacional por última vez en noviembre del ’83 (Ley Nº 22.969) y, con la aplicación del programa neoliberal, queda sin efecto durante el primer gobierno de Carlos Menem, en 1989 –primer gobierno constitucional en derogar el Sistema–.

A través de la Ley de Emergencia Económica, se puso fin a la relación salarial fija entre el Juez de la CSJN y el resto de la estructura de empleo del Poder Judicial en todo el país.
A partir de ese momento, se permitió un aumento considerable de los ingresos de los estratos más altos en desmedro de los inferiores.

En sólo 5 provincias, y en esta Ciudad gracias a la lucha encarada por AEJBA en 2005, se ha vuelto a aplicar la Porcentualidad.

En nuestra ciudad, luego de 3 meses de conflicto, unos 30 días de huelga y 48 hs. de acampe en plena Av. Alem, frente a la antigua sede del Consejo de la Magistratura, sufriendo el frío invernal y la agresión policial y de patotas de la CGT, AEJBA OBTUVO ESTE LOGRO HISTÓRICO EL 30 DE JUNIO DE 2005. Su implementación significó, en dicho momento, un 62% de aumento salarial para el Auxiliar de Servicio.

¿Por qué nos favorece este sistema?

Porque nuestros sueldos surgen de un determinado porcentaje fijo del sueldo básico del Juez de Cámara. Su sueldo básico representa el 100% y los sueldos de los agentes varían entre un 26,74% (Auxiliar de Servicio) y un 82,64% (Juez, Asesor, Fiscal, Defensor de 1º instancia / Categoría 1).

No siempre tuvimos esos valores de enganche, con la lucha, fuimos obteniendo mejoras en los coeficientes durante distintos años. Así pasamos al 23,30% de enganche del Auxiliar de Servicio en relación al Juez de Cámara el 01/01/2007. Más tarde lo incrementamos al 25% el 01/01/2008. Luego, lo elevamos al 25,74% el 01/01/2013, para finalmente, a partir del 01/09/2014 dicha categoría la subimos a 26,74% del salario del Juez de Cámara.

Al estar “enganchados” a los salarios de los cargos más altos, el aumento en sus sueldos se traslada a toda la estructura judicial, disminuyendo privilegios y desigualdades salariales. Esta es la forma para que no se siga ampliando la brecha de la distribución del ingreso al interior del Poder Judicial.

Esto quiere decir que la menor de las relaciones, es de casi 4 a 1 entre el Juez de Cámara y el trabajador/a con menores ingresos, computándose sólo el salario básico, más la dedicación funcional y la compensación jerárquica. Es decir que, un Auxiliar de Servicio, sin tener en cuenta adicionales como título o permanencia en el cargo o antigüedad, gana una cuarta parte del sueldo asignado al Juez de Cámara.

Y es sabido que la corporación de los magistrados y altos funcionarios (sector que detenta el control burocrático, político y administrativo del Poder Judicial) es afín a su situación de privilegio y jamás permitiría un deterioro en sus salarios, por lo cual este sistema nos permite mantener un mínimo margen de racionalidad entre sus sueldos y los nuestros. Permite mantener una estructura distributiva inamovible.

Si así no fuera, se darían situaciones como en algunos poderes judiciales provinciales en las que la relación salarial de bolsillo entre un Juez de la Corte Suprema de Justicia y un auxiliar de servicio es de 17 a 1.

Este sistema permite que la masa presupuestaria se distribuya en forma más equitativa, que no se asignen recursos sólo a los que más ganan, sino que cada aumento contemple a la integridad de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Además, corresponde dado que nos caracterizamos por padecer la constante “delegación de funciones”.

En efecto, el 85% del total de agentes pertenece al sector de Trabajadores y Trabajadoras, mientras que tan sólo el 15% pertenece al sector de Magistrados y Funcionarios. Esto muestra una marcada asimetría entre estos dos grupos en la conformación total de la planta laboral, lo cual, contrasta claramente con la forma de asignación de retribuciones en términos tanto absolutos como porcentuales.

Además, este sistema porcentual fue elogiado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al evitar que los estratos superiores eleven sus asignaciones en forma privilegiada, basándose en concepciones elitistas de profesionalismo y tecnicismo en lo jurídico.

Tenemos que destacar la necesidad de que todas las categorías en el ámbito del Poder Judicial se equiparen en todas las jurisdicciones y que exista un único nomenclador de categorías. Asimismo, necesitamos y debemos pelear por Paritaria a nivel Nacional y por el Sistema de Porcentualidad salarial con enganche al Juez de Corte de la Nación, para hacer realidad el principio constitucional “a igual tarea, igual remuneración”.

NOTAS: [1] La Federación Judicial Argentina (FJA) es continuadora desde 1958 y hasta la actualidad de la Confederación Judicial Argentina, fundada en 1952 y disuelta por el gobierno militar en 1955.

FUENTES:
· Publicación de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba – Febrero 2012 – Nº 4
· Antecedentes Históricos Legales del Sistema Porcentual, de Claudio Casparrino – 2004 – Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina (CEFJA).

Por Prensa FJA

El día martes 23 de junio la Comisión Directiva del Sindicato Judiciales Puntanos (SIJUPU) mantuvo una mesa de diálogo con el Superior Tribunal de Justicia (STJ), presidido por el Dr. Horacio Zavala Rodriguez, en la que se trataron temas muy relevantes para las y los trabajadores judiciales de la provincia de San Luis.

Los ejes del reclamo son varios y de gran trascendencia para el mejoramiento de las condiciones de trabajo como son los referidos a seguridad e higiene, el acceso de personas discapacitadas a las dependencias judiciales, el estado de los baños, la judicialización del ítem por dedicación exclusiva, entre otros. Pero el momento más tenso de la reunión se dio al tratar un aspecto clave para la vida de las mujeres trabajadoras y sus familias como es el régimen de licencias por salud y maternidad.

“Lo que planteamos desde el gremio fue una inquietud respecto a la licencia por motivos de salud y maternidad ya que por una acordada del STJ se modificó nuestro régimen de licencia. Si algún compañero sufre alguna enfermedad durante la feria o a alguna compañera le corresponde su licencia por maternidad durante la feria (licencia ordinaria), pierde su derecho a la licencia extraordinaria, es decir, pierde los días de licencia por estar durante la feria”, explicó a Prensa de FJA la compañera Valeria Flores, miembro de Comisión Directiva del SIPUJU. La gravedad de esta situación pone sobre la mesa no sólo la potestad para que la patronal modifique de manera unilateral un derecho tan elemental como es la licencia por enfermedad o maternidad, sino que además se pierdan derechos conquistados y se planteen condiciones regresivas para el conjunto de las y los trabajadores.
Cuando la compañera Flores interpela a la patronal respecto al reclamo sobre este punto, el Presidente del Tribunal va más allá y le responde “¿Me lo preguntás porque te estás aguantando para embarazarte?”.Ante esta declaración Flores afirma que la inquietud tiene que ver con una necesidad de los trabajadores y sobre todo con una gran preocupación por parte de las compañeras respecto a la situación de embarazo. En una sala muy tensa por lo que estaba sucediendo, Zavala Rodriguez anticipa una nueva cláusula que incorporarían en el Poder Judicial de San Luis y remata afirmando que “para el próximo concurso de ingreso al Poder Judicial, va a ser requisito obligatorio que las mujeres se realicen ligadura de trompas, asique tratá de que no te embaracen”.

Ante una mesa atónita por las declaraciones misóginas con las que se estaba posicionando la máxima autoridad del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, la reunión fracasó al no haber podido avanzar favorablemente con ninguno de los ejes planteados en el reclamo gremial.

Es inadmisible que las máximas autoridades del Poder Judicial se posicionen desde un lugar totalmente regresivo para el conjunto de sus propios trabajadores y que una vez más, cometa semejante discriminación hacia las mujeres. En un contexto histórico en el que todo el país se moviliza para exigir #NiUnaMenos, los jueces que deben garantizar el acceso a la justicia, son los responsables de semejante falta de respeto hacia la dignidad de las mujeres y de todas las familias trabajadoras.

Desde la Federación Judicial Argentina nos solidarizamos con la lucha llevada adelante por el SIPUJU y repudiamos las declaraciones del Dr. Zavala Rodriguez por considerarlas no sólo una ofensa grave a las mujeres sino que desconoce un derecho básico de todo trabajador como lo son las licencias por razones de salud.

Por: Prensa FJA

La Federación Judicial Argentina llevó adelante una denuncia penal contra el médico forense Daniel Roo, funcionario del Poder Judicial de la provincia de Chubut. La investigación tuvo como fin determinar si Roo cometió apología del delito en declaraciones vertidas en la red social Facebook en agosto de 2014.

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, por su parte, determinó dejar CESANTE al doctor Daniel Oscar Roo, con funciones en el Cuerpo Médico Forense en la ciudad de Esquel, en la causa que se caratula “Señor Médico Forense Dr. Daniel Roo s/ Sumario Administrativo Resolución N° 8686 SL del STJ -Cámara en lo Penal Esquel (Chubut)” (Expte. N° 1452/14 STJ).

Resulta un gran paso dado por nuestra Federación y por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Chubut en la lucha llevada adelante por una administración pública y una justicia respetuosa de los derechos humanos. La denuncia fue presentada por el compañero José Luis Ronconi inmediatamente después de haber sido notificado de la publicación de Roo por la compañera Cecilia Bagnato –también integrante de la Federación- y tuvo el apoyo del plenario nacional de la FJA, reunido ese día en Santa Rosa, La Pampa.

El médico forense Daniel Roo, que se desempeñaba como funcionario del Poder Judicial de Esquel, fue denunciado por “apología del delito” a raíz de una serie de declaraciones que escribió en su cuenta de Facebook, opinando sobre la restitución de identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto apropiado por la última dictadura cívico-militar. Allí Roo sostuvo argumentos similares a los que sostuvieron –y aun sostienen- los responsables de la dictadura militar argentina que sometió a nuestro pueblo al terrorismo de estado. En su biografía de Facebook postuló (textual): “Bue, desde radio insania se informa, como puede haber gente que esté feliz, porque esta chica Carloto encontró a su nieto. No hubiese sido mejor que eduque a su hija, en su momento, de la manera correcta, para que no le pase lo que le pasó? Personalmente no me causa ningun tipo de emoción que esta chica haya encontrado a su nieto. Creo que esta mujer junto con otras mas, como la bonafini tendrían que haber sido torturadas y luego ejecutadas con un tiro en la nuca, NO SON BUENOS SERES HUMANOS, SON SERES MALIGNOS, POSEEN MUCHA MALDAD Y RESENTIMIENTO. Besos a la gente linda. El Gato”.

La FJA llevó adelante esta denuncia por considerar que no se puede permitir la reproducción y legitimación de este tipo de discursos, mucho menos que sean realizados por trabajadores de la justicia, que somos quienes debemos estar en primera fila abonando a la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país.

Esta resolución es trascendente ya que deja por sentado que los hechos de la “vida privada” se vuelven públicos no sólo por haber sido expresados en una red social sin ningún tipo de filtro sino que por sobre todo, se trata de una persona que cumple funciones públicas. Tal como reza la sentencia: “Esa condición aumenta la probabilidad de encontrar alguna ligazón entre su vida privada y el interés colectivo en extraer de ella alguna conclusión relevante. Entonces, evidentemente se disminuye el ámbito protegido y determinados aspectos adquieren repercusión social cuando atañen a su integridad moral, equilibrio espiritual y pesan a la hora de evaluar el desempeño de su cargo”.

Desde la FJA no sólo volvemos a decir NUNCA MÁS sino que además marcamos con firmeza la enorme responsabilidad que nos cabe en el uso de las redes sociales, presentadas a simple vista como espacios de “lo público”, en el que pareciera no hay límites ni costos por cada publicación que circula y se hace circular. Publicaciones como las del Dr. Roo agravian a toda una sociedad que no está dispuesta a permitir nunca más la persecución, la tortura, el asesinato y la desaparición por razones políticas.

Ver Resolución completa (los destacados son nuestros)

La medida fue resuelta en la última reunión del Comité Ejecutivo de la CLATE, que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, promoviendo que el 26 de junio próximo, en todas las ciudades capitales, así como en las ciudades en donde las organizaciones miembro de la CLATE tengan desarrollo, se realicen distintos tipos de actividades para reclamar contra el Trabajo No Registrado; por plena vigencia del convenio 151 de OIT sobre el derecho a la negociación colectiva; por los derechos a Convenios Colectivos de Trabajo y a la Libertad Sindical. 

La jornada de protesta va a adquirir la modalidad que los compañeros estén en condiciones de sostener en cada lugar de acuerdo a la idiosincrasia y la realidad organizativa de cada país. Se están preparando actos, movilizaciones, conferencias de prensa, entre otras actividades, pero lo importante es que por vez primera se está trabajando por una jornada de protesta que atravesará a los estatales de todo el continente.

También vamos a estar reclamando por la estabilidad laboral, que es un denominador común, ya que en Argentina, tenemos 600.000 estatales a los que se les vence el contrato el 31 de diciembre de 2015, y esto también les pasa a los uruguayos, chilenos, brasileños y en otros países.
Tenemos problemas comunes y este 26 de junio vamos a tratar de tener una acción común.

Será un gran desafío, hacerlo en cada lugar y enterarnos, por eso apelamos a los compañeros más jóvenes que están más familiarizados con el uso de las redes sociales, para que nos ayuden en la transmisión de esta actividad de lucha. Preparémonos entonces para que este 26/J podamos cumplir este sueño y mandatos que hemos tomado de nuestras reuniones ejecutivas, tratando que CLATE sea capaz de tener una acción directa en común. Que todos los compañeros sepan que van a poder participar de mil maneras posibles y que podremos sentirnos este 26 de junio hermanados por nuestra Confederación.

Por nuestra parte, la FJA a llevado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el reclamo de los trabajadores judiciales por el derecho a la negociación colectiva logrando que la Comisión de Expertos sobre la Aplicación de Normas del Trabajo de la O.I.T. se pronuncie enérgicamente contra la negativa permanente del Estado argentino del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del sistema judicial; luego de una primera observación al Estado argentino del Comité de Libertad Sindical de la OIT por incumplimiento del convenio 154 de negociación colectiva en el sector público.

En los comentarios a la memoria, la Comisión de Expertos ha formulado una nueva y todavía más contundente observación. A la vez de referir al incumplimiento, la Comisión recuerda al Estado que está pendiente de respuesta el ofrecimiento de una asistencia técnica por parte de ese mismo organismo, para que se resuelva a la brevedad el problema planteado.

Se trata, entonces, del pronunciamiento de la máxima instancia internacional en materia de convenios laborales, que resuelve en favor de nuestro reclamo., que fuera sostenido en las dos últimas Asamblea de la OIT por los cros Carlos Ordoñez y Hugo Blasco.

Es, por tanto, necesario que la Federación y sus organizaciones afiliadas participen de la Jornada promovida por la CLATE protagonizando acciones continentales en la defensa y promoción de nuestros derechos como trabajadores de un poder del Estado.

JOSE LUIS RONCONI – Sec de Administración CLATE

HUGO BLASCO – Sec DDHH CTA

CARLOS ORDOÑEZ – Sec General FJA

Más información en www.clate.org y http://www.agenciacta.org/spip.php?article16324