Categoría: Noticias

En pocas palabras, la declaración de los miembros del Tribunal no es otra cosa que un reconocimiento expreso de la legitimidad del reclamo salarial que nuestro gremio viene sosteniendo desde comienzos de este año.

Sin embargo, entendemos que ese reconocimiento debe estar acompañado por hechos concretos que materialicen el compromiso asumido con la plena vigencia de los derechos laborales amenazados por la política salarial de un Poder Ejecutivo que vulnera sistemáticamente el derecho a la negociación colectiva.

En ese sentido, reclamamos que la Suprema Corte y la Procuración General modifiquen la decisión de descontar una parte significativa del salario a quienes deciden libremente realizar medidas de fuerza para hacer efectivo el derecho constitucional a una retribución justa. Y en la misma inteligencia, realizar el reintegro de los descuentos que fueron realizando sistemáticamente desde el año 2017 a la fecha.

Dando un paso más allá, requerimos que la Suprema Corte asuma su rol de empleador en tanto como órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado, y en consecuencia acceda al reclamo de la AJB de constituir un ámbito formal de negociación colectiva integral – con el diseño institucional que logre acordarse entre la representación estatal y de nuestra asociación sindical – en el que se aborde el conjunto de condiciones laborales, salariales y no salariales, de lxs trabajadorxs judiciales.

Finalmente, queremos remarcar que la resolución de la Suprema Corte se produce en el mismo día en que cientos de judiciales de toda la provincia realizaban un paro total de actividades y se movilizaban a la sede del máximo Tribunal, por lo cual hacemos un expreso reconocimiento al esfuerzo y sacrificio brindado por todxs aquellxs que confían día a día en que la lucha colectiva y en unidad es el camino para la conquista de más y mejores derechos.

Ante la desobediencia del Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, a emitir dicho certificado tal y como se lo ordenó hace más de dos meses la justicia, la Cámara Nacional del Trabajo dictó una nueva resolución por la que se decide librar dicho certificado con la firma de la autoridad judicial competente.

La actitud contumaz, autoritaria y anti democrática del ministro, que elude cumplir con sus obligaciones por motivos absolutamente espurios, intentó descabezar a nuestro gremio y, por esa vía, terminar con su existencia para avanzar sin obstáculos contra nuestros derechos laborales, tal como impone el gobierno de turno, ahora con el respaldo del Fondo Monetario Internacional.

La última resolución de la Cámara, en el marco de una serie de resoluciones, todas favorables al gremio y los trabajadores judiciales, deja al desnudo que el Ministro de trabajo nunca tuvo razones jurídicas para intentar primero, desconocer la elección masiva y democrática de autoridades de nuestro gremio, luego urdir una intervención ilegal, y, finalmente, resistirse a reconocer a la actual conducción.

Solo oscuros motivos políticos inspiraron la conducta del ministro, quien más pronto que tarde deberá enfrentarse a la justicia penal para responder por todos esos hechos.

Nos llena de enorme satisfacción esta resolución de la Cámara, pero no por ello olvidaremos el daño producido al gremio y a los trabajadores judiciales.

Mientras tanto, este triunfo nos da nuevas energías para continuar con la lucha por la mejora de nuestros salarios, las condiciones de empleo y trabajo y, en ese camino, por un país más justo, equitativo,democrático, libre y solidario.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEAD@S Y FUNCIONARI@S DEL PODER JUDICIAL DE MENDOZA

Tanto la legisladora provincial Liliana Montero como los Colegios de Profesionales en Servicio Social y psicología anunciaron que acompañarán la medida.

Los Equipos Técnicos del Poder Judicial, que están integrados por profesionales Psicólogos y Trabajadores Sociales, son los que intervienen en los casos de abuso sexual, violencia familiar, prisión domiciliaria, procesos de adopción, declaraciones devincapacidad, guardas judiciales y pre-adoptivas etc.

El secretario general Federico Cortelletti, expresó “Las y los profesionales de los equipos son compañeros que afrontan una gigantesca sobrecarga de trabajo debiendo soportar una permanente situación de violencia desde la propia institución que descarga sobre ellos la responsabilidad de marcos legales correctos, como la ley de violencia familiar, pero que no contemplan los recursos humanos y materiales parabsostenerlos”

A su vez, el secretario adjunto, Adrián Valán, agregó que “El porcentaje de contratados y de sobrecarga laboral en los equipos técnicos es el más alto de la planta del Poder Judicial, ese y los demás reclamos singuen sin respuesta de parte de la Administración y la Jefatura de los Equipos Técnicos. Nuestra paciencia ya está más que agotada y sin soluciones vamos hacia una medida de fuerza provincial que puede consistir en la retención de firma o no entrega delos informes.