COMUNICADO
Condenamos la indiferencia patronal en el retraso en el cobro de haberes y denunciamos, una vez más, que durante todo el 2016 las y los trabajadores judiciales difícilmente hemos cobrado los sueldos dentro de los primeros 5 días hábiles, lo que nos generó innumerables perjuicios económicos y financieros debido a vencimientos con moras e intereses cada vez más elevados.
Es preocupante la alineación del Poder Judicial rionegrino (un poder del estado que debería ser independiente) con las políticas de ajuste delineadas desde el Poder Ejecutivo Nacional y su repercusión en nuestra provincia, ya que convalida el cronograma de pagos dispuesto por el Poder Ejecutivo provincial y, de esta manera, no sólo perjudica a la clase trabajadora en un claro proceso de pulverización del salario sino que, además, avala con su silencio cómplice la sanción de un PRESUPUESTO CERO para el Poder Judicial (sobre todo en el contexto de la pretendida Reforma judicial).
Haciendo un análisis del presupuesto sancionado y teniendo en cuenta que la masa salarial ejecutada en noviembre 2016 implica 124 millones de pesos por mes multiplicado por 13 meses con la inclusión del aguinaldo, más 350 millones de gastos generales, está claro que sólo se prevé lo mínimo e indispensable para pagar los sueldos y funcionar, NI UN PESO MÁS.
Esto tiene consecuencias inmediatas dado que el Poder Judicial quiere implementarlo “cueste lo que cueste” y sabemos que LA REFORMA sólo traerá un ajuste feroz puertas adentro, lo que inevitablemente se traducirá en mayor flexibilización de nuestras relaciones de trabajo.
Si tenemos en cuenta que, de la estructura básica del presupuesto, el 85% está conformado por masa salarial de la cual la mitad se la llevan 500 magistrados y funcionarios y el resto los 1500 trabajadores, independientemente de las previsiones salariales dispuestas por fuera del mismo, la implementación de un presupuesto que no garantice la carrera administrativa necesaria atenta directamente contra el servicio de justicia para el pueblo.
Este tipo de políticas gracias a las que se consolidan recomposiciones salariales por debajo del proceso inflacionario, se elimina la carrera administrativa, no se distribuye el ingreso, se quitan derechos (vacaciones y jornadas reducidas de trabajo), utilizando siempre como excusa la falta de presupuesto pero garantizando los privilegios de unos pocos (como viviendas oficiales y majestuosos sueldos para los jueces), vienen claramente a institucionalizar el proceso de ajuste y
precarización laboral en el Poder Judicial con el agravante de que se dan en el marco de un proceso de reforma judicial que repercutirá no sólo en la clase trabajadora del Poder Judicial sino también en el pueblo.
Es por ello que, además de la pelea por los derechos de los judiciales, desde nuestro sindicato trabajamos incansablemente para una justicia democrática de cara al pueblo y por ello hoy, una vez más, decimos que SIN DERECHOS NO HAY REFORMA, Y SIN PRESUPUESTO NO HAY JUSTICIA.
PABLO BARRENO
SEC GENERAL
