Los casos de represión y violencia institucional amparados por un “Protocolo de Seguridad” que garantiza el “Orden” se han ido profundizando a lo largo de este año. Desalojos con disparos de balas de gomas en manifestaciones de compañeras y compañeros despedidos, golpes a jubilados que reclamaban pacíficamente jubilaciones dignas, persecución ideológica en las redes sociales fomentando la exasperación y furia de la población, la represión en el día de ayer en el Encuentro Nacional de Mujeres son lagunas de los procedimientos que utiliza este gobierno para intimidar la protesta social.
Sin embargo, el ensañamiento es tal que el abuso de poder ha llegado a agarrársela con los más chicos, con nuestros pibes. De febrero hasta acá ya se registran tremendos antecedentes: el ataque a una murga formada por más de 100 vecinos de la villa 1-11-14 donde la mayoría de ellos eran niños y resultaron heridos por los disparos de la fuerza, o las torturas que sufrieron los jóvenes de la revista la “Garganta Poderosa” por parte de efectivos policiales hace apenas unos días en el barrio porteño de Barracas y que, al día de hoy siguen siendo amenazados y perseguidos.
Este fin de semana otro hecho similar alertó a la ciudad bonaerense de Junín. El pasado sábado por la noche un par de vecinos y amigos de entre 12 y 14 años se juntaron a comer un asado y, como en todo barrio de pueblo donde se conocen todos y la inseguridad no existen, se pusieron a jugar a las escondidas. Al cabo de un rato, cuatro patrulleros con más de diez uniformados se hicieron presentes en el lugar, redujeron a todos los niños a la pared y les apuntaron con sus armas por un largo rato. Entre los menores se encontraba el hijo de nuestro Secretario General, Camilo, quien, como el resto de sus amigos, permanece asustado sin entender por qué se ultraja de esa manera la inocencia de un niño que está jugando. Los motivos y las explicaciones de este brutal hecho son desconocidas hasta el momento. Nada lo justifica. No aparecen responsables.
En este marco de violencia que demuestra ir en aumento con el objetivo de sembrar el miedo generalizado, desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma nos solidarizamos con la familia de nuestro compañero Pablo Micheli y repudiamos y denunciamos este nefasto hecho al tiempo que hacemos responsables al intendente de Junín Pablo Petrecca, a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y al Ministro de Seguridad de la Provincia Cristian Ritondo, del mismo modo que exigimos la urgente necesidad de que se esclarezca el episodio y se tomen las medidas correspondiente hacia quienes dieron esta orden.
Desde la CTA-A no estamos dispuestos a retroceder ni un centímetro en la lucha por nuestros derechos. Seguiremos en la calle ante cada conflicto, y el reclamo por trabajo, salarios y jubilaciones dignas y por una justa redistribución de la riqueza serán siempre nuestras innegociables banderas. No existirá jamás hecho alguno que nos amedrente, al mismo tiempo que advertimos con fuerza: CON LOS PIBES, NO!
José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma
Hugo Blasco – Secretario de Derechos Humanos CTA Autónoma