El encarcelamiento de la dirigente social se produce a partir de una decisión política del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ejecutada por un Poder Judicial provincial que no duda en aplicar una medida inconstitucional en pos de satisfacer la voluntad del Ejecutivo jujeño.
Más preocupante aún resulta el aval dado por el Gobierno Nacional a la medida, lo que constituye una lamentable señal de la dirección que puede tomar la respuesta del Estado a la protesta social, en línea con la reciente detención del Secretario General de ATE Río Negro Rodolfo Aguiar junto a los dirigentes de la CTA Autónoma Jorge Rivamar y Jorge Alarcón, cuando reclamaban contra despidos de trabajadores de limpieza en la Universidad Nacional del Comahue.
La gravedad de la decisión judicial obliga a profundizar el análisis de la situación, dejando de lado operaciones políticas y mediáticas tendientes a justificar la detención ilegal a partir del cuestionamiento de la figura de Milagro Sala y de las prácticas de las organizaciones que ella conduce. El dato fáctico es que en la orden de detención sólo se imputa a Milagro Sala la instigación a cometer delitos a los integrantes de su organización. ¿Cuáles son esos supuestos delitos? El entorpecimiento del transporte por tierra y alzarse públicamente contra una decisión del Gobernador Morales.
En síntesis, lo que se cuestiona lisa y llanamente es la decisión de las organizaciones que conduce Milagro Sala de realizar un acampe pacífico en la plaza central de Jujuy para intentar revertir una decisión política que perjudica los intereses de miles de jujeños que integran esas organizaciones sociales.
Esta respuesta ante el conflicto social resulta especialmente grave en sociedades en que el Estado no suele garantizar vías institucionales adecuadas para dar respuesta a las demandas de satisfacción de derechos fundamentales de importantes sectores de la población, los que históricamente se han visto obligados a recurrir a la protesta para lograr la atención de las autoridades a sus necesidades.
Es por ello que, como organización sindical que históricamente ha hecho uso de las distintas herramientas legítimas de protesta ante acciones u omisiones de las autoridades que menoscabaron nuestros derechos e intereses legítimos, expresamos nuestra preocupación por la respuesta dada al conflicto social en las provincias de Jujuy y Río Negro, repudiamos la complicidad de los poderes judiciales con esta práctica política y exigimos la inmediata liberación de Milagro Sala.