A un año de la primera convocatoria, aún no se aprobó la emergencia nacional por violencia de género, las estadísticas producto de violencia machista y sexista no han disminuido, la ley de patrocinio gratuito no ha sido reglamentada, los observatorios que se habían puesto en marcha dejaron de existir y los programas que ya existían como el de Salud Sexual y Reproductiva empezaron a ser desmantelados y/o abandonados.
Por ello, el eje central del reclamo sigue siendo la URGENTE puesta en marcha del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que, de acuerdo a la Ley 26.485 (sancionada en 2009) el Poder Ejecutivo debe implementar a través del Consejo Nacional de las Mujeres.
Sabemos que si bien este organismo se encuentra en funcionamiento sólo cuenta con el 0,0055% del total del presupuesto nacional para aplicar la ley, lo que equivalente a $ 4,50 por mujer para prevenir la violencia machista.
Por otro lado, las mujeres seguimos siendo víctimas de un aparato judicial misógino, injusto y arbitrario, muestra de ello es la condena a 8 años de prisión a Belén, la joven tucumana por un supuesto homicidio, cuando en realidad sufrió un aborto espontáneo en un hospital público de esa provincia.
Un promedio del quince por ciento de las mujeres víctimas de femicidio, realizan denuncias previas, donde el Poder Judicial del cual somos parte, pero no cómplices, teniendo la obligación de garantizar derechos, no dio respuesta adecuada y la inacción terminó en asesinatos.
Desde nuestro sector venimos reclamando hace tiempo convenios colectivos con perspectiva de género que protejan íntegramente los derechos de las trabajadoras judiciales. Asimismo peleamos desde cada filial para ponerle fin a la violencia laboral de la cual somos constantes víctimas.
En esta avanzada conservadora por parte del gobierno, lxs trabajadorxs que se ocupan de la atención de la violencia machista están precarizadxs y, como todxs, amenazadxs de perder sus trabajos. A ello se le suma, el disciplinamiento de la protesta social y el encarcelamiento de dirigentes sociales, sindicales y políticos. Este contexto desfavorable golpea, sin lugar a dudas, a las mujeres en primer lugar.
Igualmente, sabemos que en un contexto de aumento de la pobreza, las primeras perjudicadas somos las mujeres, ya que el ajuste y la inflación golpean directamente sobre nuestra capacidad de decir BASTA ante cualquier situación de violencia.
Por todo ello, este 3 de junio, lxs trabajadorxs judicialxs decimos:
#Ni una menos por femicidio.
#Ni una menos por trata.
#Ni una menos por persecución sindical.
#Ni una menos por despido.
#La pobreza es violencia.
Con ajuste no hay
#Ni una menos
Hoy, más que nunca,
¡VIVAS NOS QUEREMOS!
¡¡EL VIERNES 3 DE JUNIO: TODXS A LA CALLE!!!
31 de mayo, 2016
Federación Judicial Argentina.