La Federación Judicial Argentina (FJA) expresa nuevamente su profunda preocupación ante otro atropello de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) al estado de derecho, la Constitución Nacional y los principios más básicos y elementales de convivencia política. No sólo viene desplegando hace tiempo acciones antidemocráticas y autoritarias, sino incluso pareciera que pretende erigirse en un gobierno no elegido por nadie para ello. Asimismo, repudiamos categóricamente las manifestaciones vertidas por Horacio Rosatti en el evento Amcham Summit 2023 de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.
La decisión de la CSJN de interrumpir los procesos electorales en San Juan y Tucumán es una clara intromisión política con el objetivo de favorecer los peores intereses políticos y económicos, tal como lo ha hecho con diversos fallos en los últimos años. No respeta principios inherentes al federalismo y la división de poderes propios de esta República, no siendo además de su competencia jurídica originaria, ni tampoco delegados por esas provincias al Estado Nacional.
Tanto la oportunidad (el hecho suspender los comicios prácticamente en vísperas de los mismos) como los fundamentos (violatorios de principios constitucionales básicos relativos al federalismo y la autonomía de las provincias) revelan la intencionalidad política de la reciente determinación y vuelve a poner en escena el rol de “fuerza opositora” en el que se ha constituido el llamado “máximo tribunal” de la República.
La gravedad del paso dado por la Corte, en correlación con otras sentencias tales como las relativas a la ley de Presupuesto de la Nación, la abrogación de la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación y la consecuente reposición de una ley derogada por el Congreso, va en línea con una fuerte perturbación de la división de poderes y por ende del sistema constitucional republicano.
En línea con esa postura de la Corte, las declaraciones de su presidente, Horacio Rosatti, acerca de que “tiene que llamarnos la atención la expansión incontrolada de la emisión monetaria” y que “el programa económico que tiene la Constitución es el capitalismo” ya implican una nítida salida a la arena política. Sin necesidad, esta vez, de hacerlo bajo el rótulo de “sentencia “.
Es claro que estos últimos acontecimientos deberían dar nuevo impulso al juicio político contra los cortesanos. Pero en las actuales condiciones, no sólo por la falta de una mayoría suficiente en el Congreso sino también por el respaldo que tienen en el establishment económico, la verdadera garantía para la remoción de los integrantes de la Corte es una amplia movilización popular, como las que se produjeran del 2001 al 2003. De lo contrario, solo quedará en buenas intenciones y las malas intenciones seguirán teniendo vía libre.