Fue con motivo del reciente fallecimiento del que fuera interventor durante la última dictadura cívico-militar de la Provincia de Córdoba, Carlos Bernardo Chasseing.
Si es cierto, como ha dicho el Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti que la política de Memoria, Verdad y Justicia y los juicios de lesa humanidad “forman parte del contrato social de los argentinos”, es inconcebible que el titular del área gubernamental que debe llevar adelante esas políticas, haya expresado que participa del fallecimiento de quién fuera la máxima autoridad provincial mientras se torturaba, asesinaba y desaparecía a miles de ciudadanos, como ha quedado acreditado en las múltiples sentencias recaídas sobre Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Rafael Videla y subalternos.
Tamaña incoherencia con la misión declarada del Ministerio de Justicia y DD.HH. de fortalecer la vigencia de los derechos humanos ofende a las víctimas, daña el ejemplo que nuestro país ha legado al mundo al juzgar con tribunales constitucionales a sus dictadores y pone en duda el real compromiso del gobierno nacional con la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Federico Cortelletti
Sec. DD.HH.
Hugo Blasco
Sec. General FJA