“Acá tienen que ponerse de acuerdo para embarazarse”, “a vos ni se te ocurra quedar embarazada eh”, “por qué no se preocupan por la decoración de la oficina si eso es lo que hacen las mujeres”, “yo tengo que pensar que esto se hizo así o porque son unos hijos de puta o porque son unos pelotudos ¿cuál de las dos?”, “esto solo es obra de dos opas…”, “no voy a permitir que un pendejo y un boludo me tomen a mí de tarado, quien mierda se piensan que soy?”, “me tenés podrido, me haces un ruido que me molesta, un zumbido… andate de acá… andate”, “vos me debes todo a mí, yo te ascendí”, “el cargo ese donde vos estás, es mío, mío…”, “ese cargo es mío, me pertenece y yo ahí puedo nombrar a quien se me cante el orto”, “nunca más vas a volver a trabajar… te voy a quemar”.
Esas y otras frases son constantes en el trato que el Defensor Oficial Ramiro Sánchez Correa tiene con los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires a su cargo. Desde que asumió, en el 2009, más de 20 trabajadores y funcionarios se fueron de esa dependencia por la violencia laboral. Los denunciantes señalan que los hechos se ven agravados contra las mujeres. El caso reviste una entidad única y grave.
En la actualidad, se encuentra en trámite una denuncia por maltrato laboral y violencia de género realizada por un grupo de trabajadores que componen la mayoría de la planta con apoyo de otra decena de ex empleados y de las tres entidades gremiales judiciales (AEJBA, SITRAJU y UEJN), contra Sánchez Correa y sus secretarios Tomás Arceo y Paula Rodríguez. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires tiene hoy una posibilidad única para avanzar en hacer cesar la violencia contra los trabajadores y, en especial, contra las mujeres cuando se ejerce al interior del Poder Judicial.
La denuncia incluye el relato de cómo a una empleada embarazada, mientras la insultaba con toda clase de improperios, llegó a lanzarle expedientes al piso y esta se vio obligada a levantarlos. A eso se suma la discriminación contra todas las mujeres embarazadas y las que ya eran madres. A las mujeres profesionales de la Defensoría, en consonancia con una estereotipación machista, les exige cumplir roles típicamente “femeninos”: servir café, encargarse de cuestiones de personal, de decoración y otros del estilo. Además, las empleadas deben soportar críticas sobre su aspecto personal y comentarios sobre su estado civil, todas acciones encuadradas dentro de lo que la Ley define como violencia laboral y simbólica contra las mujeres.
En la denuncia presentada se detallan expresiones de Sánchez Correa respecto de aquellas personas que se acercan a la defensoría buscando hacer valer sus derechos. “Si el legajo era de varón solo con HIV, el Defensor expresaba: ‘…ese debe ser puto” o preguntar si la ‘…señora era una pobre mujer o una de esas que solo abre las piernas para tener hijos’. La frase más recurrente del Defensor al momento de revisar los amparos es ‘si, si…. Ya sé: vino de Jujuy, es empleada doméstica…. Gana 20 pesos la hora. ¿Pero cómo puede ser? Mi empleada doméstica me cobra 25, claro, claro, todas dicen los mismo…”.
Las acciones denunciadas por los trabajadores y trabajadoras son claramente contrarias no solo a la Ley de violencia laboral (Ley 1.225), que existe en el ámbito de la Ciudad, sino especialmente condenadas por la Ley de protección contra la violencia hacia las mujeres (Ley 26.485). Los denunciantes exigen que esa Ley se aplique en las acciones que se le siguen a Sánchez Correa, y por ende se remueva al mismo de su cargo a través de un Jury de Enjuiciamiento.
La semana que viene el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, cuya presidencia ejerece Juan Manuel Olmos, tiene la oportunidad de decidir si este tipo de actitudes se consideran simples faltas disciplinarias o si son incompatibles con el ejercicio del cargo de magistrado, y, por tanto, merecedoras de una investigación que pueda derivar en su remoción mediante el Jury de Enjuiciamiento, ya que un trato denigrante a los trabajadores, y en especial a las mujeres, es una conducta indigna de un defensor público, encargado paradójicamente de velar por el respeto de los derechos de los sectores más vulnerables de la Ciudad. Además de vulnerar de forma palmaria derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional, en particular el art. 14bis (condiciones equitativas y dignas de trabajo) como Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Argentina.
Los trabajadores y sus sindicatos claman para que se corra el halo protector de lo que denominan ‘la Corporación Judicial’, a la que tildan de cómplice de estas situaciones de maltrato laboral, y exhortan a “repensar qué tipo de justicia queremos, lo implica necesariamente revisar las prácticas al interior de las dependencias judiciales. Ya que de otro modo, servir a los ciudadanos y ciudadanas resulta una tarea de difícil construcción”. Antecedentes no les faltan en ese sentido, y citan las remociones que lograron los sindicatos judiciales mediante el Jury de Enjuiciamiento por violencia laboral de las juezas Marta Raggio, en Necochea, y Graciela Rossi, en Chos Malal, como así también de la fiscal Roxana Romero en Paso de los Libres.
Ver la Denuncia completa en línea en formato PDF:
http://1drv.ms/1L6FxD1