Los trabajadores judiciales reclamaban que entre enero del 2002 y junio del 2003, se les liquidaron los salarios de manera indebida, sin un motivo legal, y basándose en normas que luego fueron declaradas inconstitucionales.
Esta circunstancia dio origen a numerosos juicios y la Asociación Sindical mendocina formuló un reclamo ante el Poder Ejecutivo provincial con el objeto de obtener la recomposición de los haberes de los empleados y funcionarios del Poder Judicial.
Esta semana, la Suprema Corte le dio la razón a los judiciales, y emplazó al Gobierno provincial a que liquide nuevamente los salarios de los 575 trabajadores que se vieron perjudicados. Así lo resolvieron los jueces, Jorge Nanclares, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde.
“Necesitamos avanzar en un sistema de equidad dentro del Poder Judicial. Cuando se desvirtuó esta porcentualidad, aumentó la brecha entre los que más y los que menos ganan”, destacó el titular del gremio, Carlos Ordóñez.
En cuanto al monto que representará este fallo, Ordoñez aclaró que aún no se puede definir, ya que hay que tener en cuenta los intereses legales. “El Tribunal ordenó notificar la sentencia a la Oficina de Liquidación de Haberes del Poder Judicial, a fin de que colabore estrechamente con los organismos encargados de cumplir con la misma”, remarcó.