Al respecto el 23 de julio el Gremio Judicial anunció que se declaraba el estado de alerta por la demora -de entre 3 y 4 años – que el Ministerio Público Fiscal lleva para pasar a planta permanente a un grupo de empleados que se desempeñan en dicha dependencia.
Al respecto el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti sostuvo que: “ Antes de que comenzara la feria judicial, nos hemos reunido con miembros del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para reclamarles un pago a cuenta de futuros aumentos. Ocurre que, en lo que va del año los judiciales hemos percibido 10% de incremento salarial y los aumentos que el Gobierno nacional otorga regularmente a la Corte Suprema de Justicia están demorados por el conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo Nacional.” En este sentido recordó, a su vez, la inequidad que existe, también en lo que se refiere a la cuestión previsional. “Mientras los magistrados aportan 12% a la Caja de Jubilaciones los empleados aportamos 18%”, esto es notablemente injusto”, remarcó. En este marco, el secretario general de AGEPJ adelantó que definirán un plan de acción porque la deuda que tiene el TSJ con los empleados judiciales impacta mucho mas fuerte hoy en un contexto donde la inflación no para de crecer”
Por su parte el Secretario Adjunto Adrian Valan acotó que: “ El Ministerio Público tiene presupuesto fijado para pasar a planta permanente a los contratados, al menos a una parte de ellos. Es inentendible la demora en la que está incurriendo que atribuímos a una manifiesta inoperancia o a un intento de disciplinar a los trabajadores para que dejemos de reclamar por las pésimas condiciones de trabajo que debemos soportar en las unidades judiciales o el pedido de declaración de insalubridad en Policía Judicial.
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