Cabe destacar que la Corte Interamericana no revoca sentencias nacionales, sino que emite opinión sobre la política de un Estado sobre los Derechos Humanos y esas decisiones, si no son cumplidas por el Estado en cuestión, le acarrean sanciones. El Estado Argentino ha reconocido constitucionalmente a estas instancias internacionales, por tanto está obligado a cumplir sus resoluciones.
En tal sentido, el Poder Judicial no es independiente y si desde las altas esferas de la conducción del Estado se acepta esa reversión, lo que se pone en peligro a futuro es la propia política de defensa de los Derechos Humanos.
Desde la CTA-A repudiamos este accionar de la Corte ya que no puede tomar tal decisión en contra de los intereses de los pueblos y estamos convencidos que el Estado no debe convalidar dicho proceder.
Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma
Hugo Blasco – Secretario de DD.HH. CTA Autónoma