A tres días del 9º aniversario del primer Ni Una Menos recibimos la repudiable decisión del Ejecutivo nacional de cerrar la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de este modo, terminar de vaciar la ya desjerarquizada institucionalidad destinada a la prevención de las violencias machistas, dejando a las personas victimizadas totalmente desamparadas y a más de 500 trabajadores, pero sobre todo trabajadoras, en la calle.
Esta decisión se inscribe en una línea de conducta iniciada con el recorte presupuestario y la degradación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que fue una conquista de nuestro pueblo y del feminismo popular, y responde a la matriz misógina, homo-lesbo- transodiante y negacionista de la problemática de la violencia de género.
Ello contrasta con una realidad palpable y urgente. Hace tan solo cinco días, el Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informaba que en 2023 hubo 250 víctimas en nuestro país, es decir que la violencia de género está lejos de ser resuelta y, como es sabido, se agrava en tiempos de crisis social y económica.
Asimismo, la determinación del gobierno no sólo atenta contra una política pública preventiva de casi 40 años de institucionalidad sino que contradice normativas nacionales y compromisos internacionales cuyo cumplimiento nos ha llevado a ser un ejemplo mundial.
El clima de desprecio a las mujeres y colectivo LGBTTIQ+ que desde el poder se avala y festeja contribuye a la proliferación de discursos y actos de odio que desvalorizan y se llevan nuestras vidas, como ocurrió en el caso del triple lesbicidio de Barracas.
De ninguna manera el criterio fiscal puede estar por encima de las vidas de nuestra ciudadanía. La violencia machista es real, tiene efectos concretos y es responsabilidad del Estado prevenirla. Esto ha sido parte de un consenso democrático básico que fue creciendo en las últimas décadas hasta manifestarse de manera masiva en aquel 3 de junio de 2015, al grito de Ni una Menos, mandato que sigue vigente y más fuerte que nunca.
Por todo ello, desde la Federación Judicial Argentina, exigimos la reincorporación de las trabajadoras despedidas y la restitución urgente de la jerarquía institucional correspondiente a la prevención de la violencia de género en el Estado nacional.