Los casos de maltrato que sufren las y los trabajadores judiciales de todo el país son constantes, mientras que la lucha contra la violencia laboral se redobla. Esta vez, quien enfrenta gravísimos cargos por maltrato y persecución es la polémica jueza del Juzgado Penal N° 1 de Río Turbio (Santa Cruz), Betina Bustos.
Bustos fue denunciada por once trabajadores donde se acusa a la magistrada de persecución, malos tratos y amenazas, situación que obligó la intervención del Superior Tribunal de Justicia provincial, instancia que decidió a través de cuatro resoluciones, diversos traslados, la desafectación de la jueza como subrogante del Juzgado de Familia y una evaluación psico-institucional a jueces, funcionarios y empleados por “conflictividad en las relaciones laborales y personales”.
Gracias al compromiso de lucha del gremio santacruceño y de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), una vez que finalizaron los estudios los especialistas determinaron que Bustos posee una conducta de “hostigamiento constante”. A esto se suma el pedido que realizaron los compañeros Juan José Ortega y Alfonso Lobo, Secretario General y Adjunto respectivamente, para la intervención de un perito de parte para profundizar en los aspectos que hacen a la personalidad de la magistrada y eventualmente un jury y la solicitud de su destitución, ya que además Bustos estaría vinculada con irregularidades muy serias en la instrucción de denuncias, discriminación a trabajadora judicial con enfermedad oncológica y posicionamientos del Inadi al respecto.
En diálogo con Prensa FJA, el compañero Lobo afirmó estar a la espera de una “rápida y favorable definición sobre el tema por parte del Tribunal de Justicia, ya que Bustos a pesar de la denuncia en su contra, continúa su conducta de hostigamiento y maltrato, por lo que la situación laboral es insostenible”. Por esto dirigentes del sindicato se han mantenido movilizados durante todo el mes de junio en Río Turbio y otras localidades de la provincia de Santa Cruz, interviniendo en el caso en virtud de la gravedad de los hechos.
Desde el gremio postulan que la situación es muy seria debido a la “reiterada, intencional y perversa situación de violencia laboral que se vive dentro y fuera de los juzgados de Río Turbio, donde los trabajadores son menoscabados por su condición sexual, su religión, su fisonomía, su capacidad, su peso, su lugar de origen. Asimismo sufren la permanente presión de tener que dar cuenta de su vida privada fuera del ámbito y horario de trabajo, debiendo solicitar autorización y quedar a merced de la voluntad de la magistrada”. Y profundizan en la gravedad del asunto que “se extiende a la práctica nefasta de la magistrada que cita ante sus estrados y acta mediante, interroga a los médicos de la cuenca cuando otorgan un certificado médico a los trabajadores, situación absolutamente irregular y fuera de todo reglamento que está en conocimiento de la Secretaria de Superintendencia ante el TSJ, el médico auditor de TSJ Dr. Martin y Sres. Vocales”.
Avanzar por el jury contra la violencia laboral
Carlos Ordoñez Secretario General de Federación reafirmaba el día de ayer el compromiso nacional contra la violencia laboral. “En un país que se está planteando una justicia democrática, hay que repensar los mecanismos de remoción de los jueces, la caducidad de los mandatos y evaluarlo en forma periódica para ver si tienen la idoneidad en cuanto a los aspectos legales pero también a las capacidades psiquíatricas para llevar adelante las tareas de magistrados, afirmó Ordoñez y añadió que “para la FJA es una obligación acompañar porque entendemos que no hay posibilidad de democratizar la justicia si no se erradica la violencia al interior de la misma. Nosotros venimos lamentar el fallecimiento de un compañero en Corrientes producto del maltrato de una fiscal, y producto de la acción sindical fue dejada cesante”.
Ordoñez encabezó una delegación de la FJA que se hizo presente en Santa Cruz, participando de asambleas y reuniones con los compañeros judiciales de esa provincia, se reunioren con uno de los vocales del Tribunal Superior de Jusiticia santacruceño, y asimismo, brindaron una conferencia de prensa a los medios locales donde se explayaron sobre esta grave situación. La delegación de la FJA estuvo conformada por Carlos Ordoñez (Mendoza); Claudio Salazar (Neuquén); Matías Fachal (Cdad. de Bs. As); Omar Quintero (Chubut); Wilson Dupre y Gladyz Czop (Río Negro); Marcelo Kuba y Omar Dahas (Tierra del Fuego) entre otros dirigentes judiciales.
En esta línea, representantes sindicales santacruceños y compañeros de FJA, se mantuvieron reunidos con el TSJ demandando que “se revise en profundidad este hecho, que el Tribunal arbitre los medios necesarios para instrumentar los mecanismos legales para investigar la condición psiquiátrica e idoneidad”. Enrique Peretti, vocal superior del TSJ, manifestó ante la prensa su vocación por plantear esta problemática en el Tribunal Superior, “abrir las paritarias para plantear un organismo que tenga como rol controlar estos hechos, y por último exponer la situación en el Foro Patagónico porque entendemos que no es un problema ajeno de las demás provincias”, concluyó.
El pasado miércoles 1 de julio los judiciales realizaron una asamblea general y mediante el voto democrático de cada uno de los presentes se decidió avanzar en la exigencia del jury hacia la Dra. Betina Bustos
