La intervención no tiene otro sentido jurídico, gremial y político que destruir al gremio de los trabajadores judiciales.
Ante la posibilidad de que la medida de atropello se concrete, el Gremio pone en marcha la denuncia penal contra el Ministro Triaca y el eventual interventor como partícipe necesario del delito de incumplimiento de las obligaciones de funcionario público, haciendo reservas de las demás acciones legales que correspondan.
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