Los trabajadores judiciales siempre hemos bregado denodadamente por la democratización del Poder Judicial.
Asumido el gobierno nacional del Presidente Mauricio Macri recibimos con muchísimo desagrado la designación de Germán Garavano como Ministro de Justicia.
Ex-vicepresidente de Fores, la institución que otrora sirvió de apoyo jurídico a la última Dictadura y que ya en democracia fue principalísimo impulsor de la reforma judicial neo liberal del Banco Mundial.
Como si fuera poco Macri acaba de designar dos jueces de la Corte Suprema de Justicia Nacional por decreto amparándose en una dudosa y forzada interpretación de la Constitución Nacional, y a contramano de los principios de acuerdo, consenso y transparencia invocados en el discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa hace tan sólo 4 días.
Hay que recordar que a poco de asumir el ex Presidente Kirchner contemplando una propuesta histórica de la Federación Judicial Argentina (FJA) avanzó en la ansiada democratización de la Justicia dictando el Decreto 222/03 que establece la consulta pública sobre los candidatos propuestos para Ministros de la Corte.
Años después el Presidente recién asumido viola ese decreto mediante otro absolutamente arbitrario y antidemocrático.
La voluntad popular ha sido violentada. Seguramente el “cambio” sea degradar al sistema democrático que, aunque imperfecto, debe ser sostenido y mejorado.
Como si esto fuera poco, uno de los candidatos, Carlos Fernando Rosenkrantz, ha sido asesor del Banco Mundial del “Programa para la Justicia” que es un compendio del modelo neo-liberal de justicia. Una justicia pensada para consolidar las brutales ganancias empresariales, a espaldas del Pueblo y que sólo castigue y discipline a los sectores más vulnerables, cubriendo de impunidad a los poderosos.
La Federación Judicial Argentina exige la anulación del Decreto del Presidente y que se ponga inmediatamente en funcionamiento el mecanismo determinado por el Decreto 222/03.