No es un objetivo fácil. En primer lugar, porque esa muerte se inscribe en la misma trama de silencios, complicidad e impunidad que rodeó y aún rodea los atentados a la Amia y al de la Embajada de Israel.
En segundo lugar, porque la muerte del fiscal ocurre en medio de una mezquina y mediocre disputa por el poder político que no repara en utilizar el caso para sus fines electoralistas. Políticos de los más diversos pelajes y medios de comunicación concentrados al servicio de intereses inconfesables, han convertido las alternativas de la investigación en materia de especulaciones, que dejan de lado la verdad y la justicia, y solo apuntan a manipular la información en miras al rating y mediciones entre candidatos.
Así han construido un escenario bochornoso, al que los trabajadores no nos vamos a subir.
Por el contrario, los trabajadores, junto con los familiares de la victimas de los atentados a la Amia y la Embajada de Israel, y todo el pueblo argentino estamos comprometidos en construir otra dinámica política, que se aparte del vergonzoso contrapunto entre oficialistas y opositores, medios de comunicación que se alinean de uno y otro lado con miras a obtener cuotas de poder que sostengan sus intereses antipopulares. Esa otra dinámica que impulsamos coloca en el centro la lucha contra la impunidad y a favor de la justicia.
Como lo hicimos el 4 de febrero último cuando convocamos a marchar. En aquella convocatoria dijimos:” Estamos ante una profunda crisis política e institucional y la voz del pueblo debe hacerse escuchar”. En eso seguimos empeñados.
El caso Nisman volvió a poner de relieve “las catacumbas de la democracia”. O quizás, sería más exacto decir que sacó a la luz del día una parte de las rémoras de la dictadura y de los peores aparatos represivos que desde la llamada “transición democrática” hasta hoy continuaron y continúan actuando.
Allí están a la vista los mismos “espías” que actuaron bajo el terrorismo de Estado y que la llamada democracia mantuvo a su servicio. Allí están tantos jueces y funcionarios judiciales que juraron por las actas de la Junta Militar instaurada el 24 de marzo de 1976.
Ellos fueron sostenidos por todos los gobiernos instalados en la Casa Rosada desde el 10 de diciembre de 1983 hasta la fecha.
Quienes desde el gobierno o desde la falsa oposición se rasgan las vestiduras por la subsistencia de esos elementos no pueden disimular la hipocresía. Cualquier denuncia que hagan estos sectores, es un bumerán que se vuelve en su contra.
Por eso nosotros impulsamos una acción por la justicia autónoma e independiente de estos actores de la farsa política y mediática.
Así fue como convocamos tempranamente a la marcha del 4 de febrero que encabezamos junto a numerosos sectores como la CTA Autónoma, Asociación ex Detenidos Desaparecidos, SERPAJ, Diálogo 2000, Jubileo Sur, APEMIA, personalidades como Adolfo Perez Esquivel, Nora Cortiñas, Elia Espen, representantes políticos como Victor De Gennaro, Claudio Lozano, Graciela Iturraspe, Vilma Ripoll, partidos políticos como PCR, MST, UP, Camino de los Libres, Movimientos sociales como CCC, Barrios de Pie, Teresa Vive, Tendencia Revolucionaria Piquetera, entre otros.
Así es como rechazamos las declaraciones oficiales que opinan sobre la investigación del caso Nisman como si fueran ajenos a la trama que llevó a la tragedia y que opaca la investigación y simultáneamente rechazamos a los convocantes del llamado 18F.
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Ya sabíamos, desde hace demasiado tiempo, que en el Poder Judicial anidan algunos de los sectores más reaccionarios de nuestro país. Los trabajadores sufrimos su accionar no solo en relación a la impunidad que denunciamos sino también a la persecución de la protesta social y política, tanto bajo todas las dictaduras como bajo regímenes que se autodenominan constitucionales pero que procesan y colocan en la cárcel a los luchadores. Conocemos muy bien a los que encabezaron el 18F. Tanto a los que se dicen representantes de la justicia como a los que se dicen representantes de los trabajadores. Los hemos denunciado desde el principio.
Pero frente a su emergencia, que no se rasguen las vestiduras aquellos que renunciaron a la transformación profunda del poder judicial que reclamamos desde siempre y que alcanzó una adhesión popular nunca vista con el reclamo de la remoción de la corte menemista y con el impulso de una justicia verdaderamente democrática antes, durante y después del levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001.
El gobierno kirchnerista amagó con una acción democratizadora con los decretos 222/03 que llevó al reemplazo de algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero se quedó en los umbrales de una verdadera transformación. Eso a pesar de que contaba con la legitimidad Sabemos que en medio de la vergonzosa situación generada por la mezquina e hipócrita disputa entre los sectores que no representan de verdad a nuestro pueblo, hay quienes, confundidos se suman a uno u otro bando.
Nosotros pedimos que se reflexione. Que nadie se sume a ningún bando. Que el pueblo tome en sus manos su propio destino. Que los trabajadores impulsemos esa acción independiente de los que verdaderamente queremos justicia, no solo en relación al caso Nisman y a los atentados contra la Amia y la embajada de Israel, sino en relación a todos los casos de corrupción y crímenes que involucra a los poderosos, que no son otra cosa que la política con que defienden sus oscuros intereses.
Diseñemos un poder judicial de la democracia. Elijamos democráticamente a los jueces y demás integrantes del sistema judicial. Pero tengamos claro, además, que no existe justicia democrática sin una democracia que inficione todos los rincones de nuestra sociedad. La justicia no es una isla.
La verdadera justicia requiere una transformación profunda de todo el sistema político y también una transformación profunda de las relaciones sociales de explotación y desigualdad.
*Hugo Blasco – Sec. General AJB