“Con un desparpajo pocas veces visto, el máximo tribunal, admite el despido de los dos trabajadores, deslindando los mismos en las facultades de dirección que le son propias, utilizando vagos e irresponsables informes de los titulares de organismo, confeccionados subjetivamente por la Sra. Marisa Palacios (JUZ FLIA 7) y el Sr. Oscar Lagos (delegación Mantenimiento) y en los cuales no se advierte ningún parámetro objetivo, solo una posición ambigua e infundada, que en todo caso roza la mala intención ante la relevancia de los mismos” expresó el gremio judicial.
Mediante un comunicado, agregaron: “Objetivamente, ninguno de los dos trabajadores tiene sanciones, ni sumarios disciplinarios pendientes, faltas injustificadas ni llegadas tardes, pero si, paradójicamente ambos realizaban horas extras a instancias de los titulares de organismo, situación que dentro del poder judicial y en toda la administración pública, queda habilitada casi con exclusividad para los trabajadores con “buen concepto”, lo que además demuestra la clara contracción al trabajo que tenían”.
“En ese sentido nos preguntamos? como se resolverá tremenda contradicción? como evitaran alguna denuncia penal sobre malversación de fondos, en relación a las horas extras pagadas con fondos públicos? Horas extras que fueron, justificadas, verificadas y certificadas por los Sres Lagos y Palacios, quienes ahora dicen, que estos mismos trabajadores no están aptos para continuar trabajando en este Poder del estado” se quejaron.
La Comisión Directiva del gremio, denunció: “Siguiendo con el cinismo, solo dos días antes de notificar las cesantías y en vísperas del día del Trabajador/ra, el mismo STJ, en la última Acta Paritaria General Nro 5 de fecha 23/4/2018 manifiesta expresamente mediante el paritario patronal (el Cr. Vinci) “ que en casos de informes de concepto laboral no categóricos o ambiguos, se sostiene un criterio favorable al trabajador”.
“Es en este contexto, que se ratifican las políticas de ajuste en la justicia, evidenciándose con la negativa patronal, a debatir sobre dicho “periodo de prueba” solo con el objetivo de amenazar y amedrentar a los trabajadores, situación que resulta denunciada y cuestionada por nuestro sindicato desde hace varios años y exigiendo la eliminación del mismo, en el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, atento que el único requisito constitucional para la estabilidad en el empleo publico es la idoneidad, situación cubierta por los trabajadores al ingresar por estricto concurso publico de oposición y antecedentes. En todo caso, para ser mas “justos” resultaría interesante que los magistrados y funcionarios, se sometieran a dicho régimen de prueba”, aseveraron.
Finalmente, dijeron: “es lamentable como con viento de cola del clima de época neoliberal, este STJ muestra la verdadera cara del ajuste en Río Negro, un descarnado escenario que desnuda las miserias de los jueces millonarios contra los trabajadores despedidos”.